Ciudad de México.- Para el próximo año, el Gobierno federal contempla un mayor gasto de lo permitido en la Ley, lo que pone en riesgo la credibilidad de la política fiscal.
En el Presupuesto de Egresos 2023, Hacienda planteó un gasto corriente estructural de 3 billones 220 mil millones de pesos, 102 mil 200 millones por arriba del límite máximo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, según explica un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
A partir de 2015 se estableció que la tasa máxima a la que puede crecer este gasto se debe calcular con el gasto corriente de la última cuenta pública disponible al presentar el Paquete Económico más un incremento que debe ser menor a la tasa de crecimiento real del PIB potencial, que será de 2.38 por ciento para 2023, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Este gasto corriente estructural es el gasto neto total menos el costo financiero, participaciones, pensiones, jubilaciones, adeudos fiscales anteriores, inversión física y financiera del Gobierno federal.
«De mantenerse este incumplimiento de la regla puede ponerse en riesgo la credibilidad de la política fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro», señala el centro.
Pese a ello, la dependencia federal propone rebasar el límite de este gasto bajo el argumento de que ante altos precios y la persistencia de algunos efectos derivados de la pandemia, es necesario elevar el presupuesto de los programas sociales.
En el Paquete Económico 2023, describe que un mayor gasto corriente estructural también servirá para garantizar la seguridad alimentaria a través de programas como Fertilizantes, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar y para la expansión de la capacidad operativa y fortalecimiento de los servicios de salud.
Sin embargo, el CIEP resalta que las reglas fiscales tratan de contener las presiones de generar un gasto excesivo en épocas de crecimiento, asegurar la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública, y de elevar la credibilidad de la política fiscal.
Reforma/AM
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