El exalcalde de Tantoyuca, Amado Guzmán Avilés, no presentó documentación para solventar las observaciones que le hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al manejo financiero de la Cuenta Pública 2021, donde resultó con un daño patrimonial

El panista Amado Guzmán Avilés, hermano del exdirigente del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, fue observado por el manejo de 252 millones 502 mil pesos.

En el ejercicio fiscal del 2021, según datos del presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de Veracruz, se programó el gasto de 409 millones 989 mil pesos, es decir, más de la mitad del presupuesto se ejerció de manera irregular según el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

La titular del Orfis, Delia González Cobos, no descartó que sea la queja que generó el monto de las observaciones el origen de que se le pedirá revisar nuevamente el Informe de la Cuenta Pública 2021.

Recordó que en las reuniones que sostuvo como diputados de la Comisión de Vigilancia, le cuestionaron por qué dicho ayuntamiento fue observado toda la obra pública realizada en el último año de la administración municipal del panista.

La justificación, dijo, fue porque dicho Ayuntamiento no entregó nada de información, ni pruebas documentales, por tal razón no existe certeza de que la obra pública se haya hecho en términos correctos.

Ese hecho, reconoció, la obligó a observar el manejo de los recursos como un presunto daño a las arcas del municipio ubicado en la zona norte del Estado, y considerado un bastión panista.

Mencionó que en su momento el personal del Órgano de Fiscalización Superior notificó sobre la auditoría que iba a realizar, pero no hubo respuesta por parte del ayuntamiento de Tantoyuca; posteriormente le requirieron la información y tampoco les respondieron.

Inclusive, dijo, el municipio planteó que el Orfis no tenía injerencia en la revisión del manejo de los recursos públicos, sin embargo, les explicaron que la ley le da atribuciones para revisar el gasto público.

La auditora explicó que el Orfis notificó al Ayuntamiento que se habría acreedor a una multa económica a los involucrados y fue hasta entonces que les respondieron, pero tampoco les dieron las pruebas para solventar.

La excusa que les dio el ayuntamiento de Tantoyuca, es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también le estaba practicando una auditoría, “y ya ellos estaban atendiendo, y ustedes ya no tenían por qué, porque es gasto federal, y lo que la ASF ha dicho”.

“Y nosotros les explicamos a los diputados que yo no podría dejar atender Tantoyuca, de requerir e insistir, porque si no, estoy cayendo en el incumplimiento de un deber legal. Lo siento, aquí todos parejos”.

AVC

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