El análisis que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en la revisión de la Cuenta Pública del 2021 fue objetivo, imparcial, técnico -como lo marca la ley- sin preferencias, ni posturas políticas, afirmó la auditora general, Delia González Cobos.
Este miércoles el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Rafael Fararoni aseguró que no aprobarán el Informe de Cuenta Pública 2021, y darán un plazo de 90 días para hacer una nueva revisión.
La titular del Orfis consideró que la nueva revisión que se ordenará de parte de los diputados locales se atribuye a una “presión política” en sus distritos y para ellos se va a requerir una ampliación presupuestal para el órgano.
Aclaró que la revisión que la llevó a presentar el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2021 se hizo en base a muestra técnicas, apegadas a la ley -que está vigente y que se aprobó desde el Congreso de Veracruz-, “nosotros no tenemos preferencias hacia nadie, ni tenemos nada en contra de nadie”
“Se revisó la información que llegó en tiempo y la que no nos llegó, estábamos imposibilitados. Pero no hay nada perdido, porque la ley prevé esos casos”, dijo.
La auditora planteó que las declaraciones del diputado Juan Javier Cazarín quien fue el primero en externar su rechazo a la cuenta pública se atribuyen a que él no tenía conocimiento de la información técnica que se presentó a los integrantes de la comisión de Vigilancia.
“Él no estuvo en las reuniones de la comisión, por lo tanto, él tiene una visión política. Los demás diputados tienen una visión técnica o han estado inmersos con el tema con nosotros (…) y entiendo que hay cuestiones políticas en las que Veracruz está inmerso y se va orientando porque hay un tema en el 2024”.
González Cobos aseguró que hay explicaciones para todas las dudas de los diputados “y yo no fui a explicar nada de eso, porque no me llamaron”.
Sobre la queja de los exalcaldes que aseguran que solventaron al 100 por ciento las observaciones, sin embargo, la auditora argumentó que los entes fiscalizables entregaron pruebas simples, la entregaron de manera extemporánea, o no se certificó la documentación.
La auditora recordó que ya había adelantado que la falta de comunicación entre los alcaldes entrantes y los que dejaron el cargo, limitó la entrega oportuna de la documentación o incluso llevar documentos certificados para justificar el gasto.
“Hubo un exalcalde que nos dijo, me estaban pidiendo pagar 700 mil pesos por las copias certificadas, imposible que yo pagara esa cantidad, es muchísimo dinero, soy exfuncionario”, recordó González Cobos.
Ante la queja de que no se revisaron obras que fueron reportadas en el proceso entrega-recepción y que son deficientes o simplemente no se realizaron, la auditora explicó que el Congreso entregó la documentación en los meses de mayo y junio, mientras que ellos ya habían realizado la visita en físico a los municipios.
“Cuando empezamos a recibir esos dictámenes nosotros ya andábamos en el análisis de la documentación recibida. Ya andábamos en campo, revisando la obra, ya estábamos muy adelantados. Entonces, si pudo ocurrir en algún momento que no se incluyeran (las quejas), porque no los conocíamos”.
Incluso, dijo, en “muchos casos” si revisaron las observaciones de los contralores internos de las nuevas administraciones, sin embargo, muchos dictámenes no correspondían a lo que se logró detectar en campo pues la obra estaba operando al 100 por ciento y el recurso invertido estaba justificado, “no quiero menospreciar a ningún contralor, pero en muchos casos no había razón”.
González Cobos fue enfática en señalar que no tiene la capacidad de auditar al 100 por ciento con los recursos económicos -que son autorizados por el Congreso- y con el personal que tiene contratados.
No obstante, en la revisión del 2021 se seleccionó una muestra representativa que permitió detectar áreas de riesgo en el gasto de los presupuestos públicos, “y ahí fuimos a revisar, eran aspectos muy claros y determinados”.
Necesitará de 2 a 8 millones para hacer la nueva revisión
Dijo que van a esperar el dictamen que será votado en sesión del pleno el próximo lunes, con la idea de saber cuál será la instrucción del Congreso para realizar la nueva revisión de la Cuenta Pública, sin embargo, reconoció que en cualquiera que sea el escenario se requieren recursos adicionales.
Si se pide revisar 30 municipios, como lo declararon algunos diputados, el monto será de 2 millones de pesos; sin embargo, si les piden auditar los 317 entes fiscalizables se requerirán al menos 8 millones de pesos.
Aclaró que ella no ha pensado en dejar el cargo, y descartó que en este momento algún diputado haya menospreciado su trabajo. Si se diera alguna agresión personal, presentaría una denuncia por violencia de género.
AVC