La escena era verdaderamente dramática: adolescentes que no podían respirar, les dolía el pecho, vomitaban, se desmayaban. Empezaron a llorar y gritar, quedaron tirados en el piso y los pasillos, mientras maestros y padres de familia corrían presas del miedo y la incertidumbre. Salvo el Presidente y su gobierno, nadie en Bochil, en los Altos de Chiapas, olvidará la escena de pánico en la escuela Juana de Asbaje.

Lo mismo sucedió en dos secundarias federales de Tapachula y el Colegio de Bachilleres de Tuxtla Gutiérrez. Sólo en Bochil, 72 estudiantes tuvieron que ser hospitalizados; una semana después, once de ellos seguían en el nosocomio; por fortuna, el caso más grave había salido del coma.

¿Qué intoxicó a 154 adolescentes, lo mismo de ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez que de un pequeño municipio rural? ¿Quién tuvo libre acceso a las escuelas, a la alimentación de los estudiantes y cómo lo distribuyó al interior de los centros escolares? ¿Qué pretendían los autores este crimen atroz? Lo más grave del caso es que las autoridades de salud y de procuración de justicia no tienen la más peregrina idea de lo que ahí sucedió.

La intoxicación masiva en las escuelas chiapanecas corre el velo de la gravísima expansión del narcotráfico en todo el país. El gobierno intenta limitar el fenómeno a un tema de inseguridad, tratando de ignorar la profunda crisis de salud pública que está costando la vida de miles de niñas, niños y jóvenes en México.

El narcotráfico ya no opera sólo en algunas regiones del país; tampoco lo hace en ciertos círculos sociales y económicos; no se limita a un género o grupo de edad de la población. Con más fuerza que el propio Estado, el narco crece con un vértigo inimaginable. Las cifras son estremecedoras.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) muestran que a nivel nacional el 17.2% de los jóvenes de secundaria y bachillerato han consumido drogas alguna vez. Y cada vez lo hacen a menor edad; el inicio en el consumo de drogas fue de 13 años, pero cada vez son los más casos de niñas y niños que lo hacen cuando aún no cumplen los 10.

Durante el foro “Consumo de Fentanilo y Cristal en Jóvenes”, se reconoció que en los últimos cinco años el consumo de cristal en México incrementó ¡500 por ciento entre la población! El uso de drogas duras como el crack o cocaína también ha crecido un 15 por ciento entre jóvenes de 15 a 24 años.

Pero para que las drogas lleguen a las manos de millones de sus precoces consumidores, se requiere la complicidad del gobierno. Y así lo ha hecho. La cantidad de droga asegurada por la Secretaría de Marina en las aduanas del país bajó 94% entre 2020 y 2021. Cada vez hay menos operativos y cooperación con Estados Unidos.

Frente a la peor crisis de salud pública por consumo de drogas en el país, de manera criminal, el presidente López Obrador ordenó cancelar la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que debía realizarse este 2022. Simplemente decidió terminar con el consumo de drogas por decreto.

México no es un Narco-estado. La mayor parte de las instituciones del país han logrado sortear las consecuencias del pacto criminal de los “abrazos y no balazos”.

Se trata simplemente de un narco-gobierno.

La puntita

Para no desentonar, mientras Veracruz se coloca como la octava entidad con mayor porcentaje de crímenes, los policías se matan y desaparecen entre sí.