Gobiernos municipales deben destinar un presupuesto para atender a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y que se pueda avanzar de manera determinante en la erradicación del embarazo infantil, aseguró Aracely González Saavedra, coordinadora del proyecto “Protejamos a las niñas, erradiquemos el embarazo infantil” de Equifonía.
Durante su participación en el foro “Ruta PEF 2023. Construyendo un Presupuesto para la Niñez y la Adolescencia” realizado de manera virtual por legisladores de la Cámara de Diputados, la psicóloga y fundadora de Equifonía insistió en la necesidad de una partida destinada a garantizar el acceso a la salud y a la justicia de niñas víctimas de violencia sexual, pues los más de 9 mil nacimientos de bebés con madres menores de 15 años registrados en 2021 en el país son un indicador de que se ha fallado en garantizar los derechos de las niñas.
Instituciones brindan atención inadecuada, negligente y omisa
Gónzalez Saavedra inició recordando que en los 12 años de trabajo que ha realizado Equifonía acompañando a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual han detectado una serie de necesidades en cuanto a la protección de los derechos de estas niñas, sobre todo en materia de acceso a los servicios de salud, procuración de justicia y restitución de derechos.
El primer desafío que comentó la psicológica es que la problemática de la violencia sexual es difícil de reconocer y de dimensionar, no sólo por la atención de las instituciones sino por el rol que juega la sociedad “hemos identificado que persisten creencias que incluso llegan a justificar este tipo de violencias y que además como la propia Unicef lo dice, cuando se están minimizando este tipo de problemáticas dificulta que haya denuncias y por tanto también dificulta que tengamos una perspectiva más real de esta problemática”.
Gónzalez Saavedra fue tajante al decir que un embarazo de una niña entre los 9 y 14 años es “producto de un delito” pues a esa edad no existe el consentimiento, sin embargo al acudir a las autoridades están son omisas: “hemos acompañado casos en donde había no sólo un desconocimiento por parte de funcionarios en cuanto a la atención de los casos sino también había ocasiones donde había una franca atención inadecuada, negligente y omisa”.
En ese sentido, compartió que Equifonía ha detectado que la mayoría de niñas víctimas de este tipo de violencia acuden durante el primer trimestre a algún centro de salud, lo que se les ofrecía control prenatal, nunca una Interrupción Legal del Embarazo y menos dar aviso a las autoridades:
“Difícilmente se daba aviso a las Fiscalías, aún cuando este embarazo es producto de un delito. Tampoco se daba aviso a las Procuradurías municipales, las cuales podrían intervenir para primero tomar las medidas adecuadas para dar protección a esta niña, menos para hacer un diagnóstico de los derechos vulnerados y finalmente un plan de restitución de derechos”
Necesitamos fortalecer instituciones para erradicar embarazos infantiles
Aracely González habló sobre la importancia de diferenciar la “prevención del embarazo” de la “erradicación”, puesto en el caso de niñas menores de 14 años al no haber consentimiento y por tanto cometerse un delito se habla de su erradicación.
En ese sentido recordó que al firmar la agenda de compromisos para el Desarrollo Sostenible, México se comprometió a erradicar el embarazo infantil para el 2030, sin embargo con poco presupuesto y el rezago que provocó la pandemia en este tema se ve imposible de alcanzar esa meta, sobre todo si se atiende a las cifras del 2021 donde se reportaron 9 mil 091 casos de nacimientos de madres entre los 9 y 14 años.
Por lo anterior, insistió la integrante de Equifonía es necesario “fortalecer la articulación entre las instituciones, por eso nos parece un acierto ruta PEF que establece acciones específicas sin embargo persisten los recursos insuficientes para estas acciones que se deben llevar acabo”.
Para Gónzalez Saavedra, específicamente se requiere que los gobiernos municipales cuenten con este recurso, en tanto que son las autoridades con un contacto cotidiano con la gente “continuamente tiene la oportunidad de atender a estas niñas y adolescentes, de actuar de manera inmediata” y continúa:
“En la mayoría de los casos, más de la mitad de los casos, es un familiar cercano el que es responsable de la agresión a la niña y también desafortunadamente hay un riesgo urgente para la niña de continuar en ese entorno, por eso es necesaria la atención de las procuraduría municipales porque son las que no solo pueden coadyuvar sino actuar tomando la representación legal de la niña y garantizar los derechos de salud y procuración de justicia”.
En el mismo tenor se refirió a las comisiones de derechos de la niñez y la adolescencia, a quienes se les debe garantizar la asignación de presupuestos:
“Se trata de que haya un recurso destinado a aquellas instituciones que son responsables de otorgar los servicios y que además desde los gobiernos municipales puedan articular las acciones que consideramos apremiante que existan los insumos necesarios, que haya personal disponible con las competencias necesarias que haya una difusión de los servicios que se otorgan a las niñas, niños y adolescentes, que haya una mejora en el acceso a estos servicios y que finalmente se puedan otorgar para la detección”.
Finalmente, Gónzalez recordó que las niñas víctimas de violencia viven en una serie de condiciones que vulneran sus derechos y que incluso pueden profundizarse con un embarazo infantil, por tal es urgente trabajar en este tema pues:
“Que haya 9 mil 091 nacimientos de menores es un indicador de que hemos fallado de diferentes maneras para garantizar la protección de estas niñas… y que por lo tanto asignar un presupuesto para que se atienda desde las diferentes instituciones que tienen una responsabilidad y que se garantice el acceso a una interrupción legal del embarazo estará contribuyendo a que se atienda esta problemática de violencia sexual y que se pueda avanzar de manera determinante en la erradicación del embarazo infantil”.
AVC
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