No sólo la Guardia Nacional está bajo control castrense, sino que en todo el país ha permeado la cultura de la militarización, y así se evidencia con la presencia de mandos militares en tareas de seguridad en 34% de las entidades del país y buena parte de los ayuntamientos.

De acuerdo a Causa en Común se tienen contabilizados alrededor de 53 mandos militares que tienen el control de policías estatales y municipales en prácticamente todas las entidades y desplazan a los responsables de la seguridad con formación y capacitación policíaca y civil.

Aunque en el escenario se mantiene la discusión de reformas para ampliar hasta 2028 el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad a cargo de la Guardia Nacional –reforma constitucional que se aprobará esta semana en la Cámara de Diputados para que corra la ruta de su aprobación en los congresos estatales–, la dominación castrense desde las secretarías de seguridad estatales y municipales es un hecho.

Hasta la fecha, 11 gobiernos estatales de Morena y sus aliados tienen a militares al frente de sus secretarías de Seguridad Pública: Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Con la GN, la militarización alcanzó una profundidad legal nunca vista Un informe del Centro Prodh señala que en solo dos años, la Guardia Nacional ha «profundizado» la «militarización» de la seguridad pública.
Otras 11 entidades que gobierna la 4 T tienen mandos policiacos civiles, pero en los ayuntamientos es donde se ve también se registra una tendencia a la alza en la militarización, expone María Elena Morena, de Causa en Común.

Resalta que en México se vive un alto grado de dominación de la cultura castrense en seguridad pública, obras de infraestructura, temas de migración, salud, aduanas.

Este viernes 7 de octubre, Expansión Política publicó que como parte de los documentos revelados en el hackeo conocido como #GuacamayaLeaks quedó en evidencia que es el Ejército –y no la Secretaría de Seguridad– la que da seguimiento a los mandos y solicita reportes al personal militar desplegado en seguridad pública, lo que de acuerdo a los expertos sería el ejercicio de una autoridad paralela no prevista en ley.

“Ya no sabemos quién manda sobre quién. Ya no sabemos si el Ejército manda sobre el presidente o el presidente sobre el Ejército”, expone la activista.

México, afirma David Saucedo –especialista, consultor en seguridad pública–, vive dos fenómenos de militarización: uno en el ámbito federal que es el que acaparado más la atención y ha sido sujeto de debate y de controversia parlamentaria, y un fenómeno análogo de la militarización, pero de las corporaciones de seguridad pública estatal.

“Y la transición política lo ha acentuado, pues parece haber una directriz central para que los mandos de seguridad pública tengan origen castrense”, agrega.

¿Ejército incorruptible?

Lo cierto es que los casos públicos de escándalos de corrupción en el Ejército Mexicano o de violaciones a los derechos humanos que han protagonizado su personal, sostiene Saucedo, desmienten el principal argumento expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para insistir en la vía de la militarización de la seguridad y que es que a su juicio es una institución incorruptible.

La revelación de documentos vía #GuacamayaLeaks, que evidencian violaciones a los derechos humanos, gastos suntuarios, violaciones sexuales de elementos femeninos, encubrimiento de estos casos e incluso lo informado hace unas semanas entorno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa: que los militares tuvieron una participación en el asesinato de los jóvenes y en el ocultamiento de los cadáveres y que el Campo Militar Número uno y otros fueron centros ilegales de detención, muestra la realidad.

“Poco a poco nos damos cuenta del tipo de Ejército que tenemos. No es un Ejército que tenga condiciones de respetar a los derechos humanos, ni que se caracterice por la transparencia. No está exento de la corrupción, entonces la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el Ejército es impermeable a la corrupción y a la ilegalidad pues se cae por sí mismo”, abunda Saucedo.

“La militarización no es positiva, ya vimos ejemplos (en la historia)”, resalta el experto

Por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox, el General Rafael Macedo de la concha fue Procurador General de la República; en el de Ernesto Zedillo, el General José de Jesús Gutiérrez Gutiérrez Rebollo fue titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas. En la Ciudad de México el general Enríquez Salgado Cordero fue secretario también de seguridad pública.

Sobre esos hechos, el experto señala que los resultados son emblemáticos, por ejemplo a Macedo de la Concha le pidieron la renuncia luego de que Fox se desistió del desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

«En el caso de Gutiérrez Rebollo, fue detenido y sentenciado por cargos de asociación delictuosa con Amado Carrillo Fuentes el ‘Señor de los Cielos’. Y el General Salgado Cordero se vio involucrado en un escándalo de desaparición de jóvenes en la delegación Iztapalapa”, reseña.

“De estas experiencias de militarización no encuentro que haya habido una exitosa. Tenemos algunas excepciones por ejemplo la consolidación de un esquema de seguridad en la zona de la Laguna entre Coahuila y Durango. Pero la experiencia en general no da resultados buenos”, añade.

Destituciones y escándalos

Una revisión hecha por Expansión Política a los secretarios de Seguridad Pública de las entidades arroja que de los 11 secretarios de Seguridad de perfil militar en gobiernos de Morena y aliados en al menos cuatro entidades ha habido mandos militares destituidos por falta de resultados o debido a la ola de violencia, ejecuciones o desapariciones en esos territorios.

Pero en dos de esos estados, Baja California Sur y Colima, se volvió a nombrar a un militar.

En contraste, en Puebla, con gobierno de Morena, y Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, se optó por un mando civil.

En Baja California Sur, que gobierna el morenista Víctor Castro, apenas asumió el cargo en septiembre de 2021 y ya va por su segundo responsable de seguridad: el capitán de Navío Luis Alfredo Cancino Vicente, nombrado el 25 de mayo pasado.

Este mando sustituyó al capitán de la Secretaría de Marina Javier López García, quien duró apenas nueve meses en el cargo.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno, quien llegó al cargo en octubre de 2021, también tuvo que relevar a un militar, el capitán de Navío Manuel Llerandi Ruiz, y en su lugar optó por otro, el capitán de Navío Infantería de Marina Diplomado de Estado Mayor, Héctor Alfredo Castillo Báez, designado el 28 de septiembre pasado.

La mandataria morenista explicó el cambio como una rotación natural, pero esta estuvo precedida por una ola de violencia desatada por enfrentamientos entre grupos criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Mezcales.

En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta es el que lleva el récord de cambios de responsables de seguridad: cuatro desde que asumió el cargo, en 2018.

El 24 de enero designó a un civil: Daniel Iván Cruz Luna, docente del Instituto de Estudios Jurídicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero entre los tres responsables anteriores ya figuró un militar: el marino Miguel Idelfonso Amézaga.

En Jalisco, el emecista Enrique Alfaro decidió a fines de 2019 remover de su cargo al General en retiro Daniel Velasco Ramírez, semanas después de que aparecieran embolsados restos humanos con un mensaje que denunciaba supuestos vínculos de su personal con la delincuencia organizada; en su lugar designó a Juan Bosco Agustín Pacheco, abogado y excomisario de la Policía de Guadalajara.

Además de los ya citados casos de Baja California Sur y Colima completan el cuadro de los gobiernos estatales de la 4T con un mando militar, Baja California, en donde la gobernadora Marina del Pilar designó el 1 de enero pasado al General de División, Gilberto Landeros Briseño, como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Destaca en la trayectoria de este haber sido parte del Batallón de Fusileros Paracaidistas, comandante en la 2a Zona Militar en Tijuana, Baja California y la 36a de Tapachula, Chiapas. Y como subsecretario quedó el Oficial del Estado Mayor Santana Octavio Martínez.

En Guerrero, la gobernadora guinda Evelyn Salgado designó, apenas llegó al cargo el 15 de octubre de 2021, al infante de Marina y exsubdirector de operaciones de inteligencia Evelio Méndez Gómez, como secretario de Seguridad.

En Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aliado de Morena pues llegó por el Partido Encuentro Social (PES) y ahora está aliado al Socialdémocrata, nombró desde el 30 de agosto de 2018 al vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros como secretario de seguridad.

La mandataria Mara Lezama, de Quintana Roo, apenas asumió el 25 de septiembre pasado y había designado al exmando de la Policía Federal Manelich Castilla Craviotto como responsable de seguridad, pero cinco días después, el 30 de septiembre 2022, cambió la decisión y optó por un militar, Rubén Oyarvide Pedrero, contralmirante Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de Marina

En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo, del Partido Verde, aliado morenista, nombró desde el 26 de septiembre de 2021 al General Guzmar Ángel González Castillo, quien es maestro en Seguridad Nacional y cuenta con 45 años en las Fuerzas Armadas.

Desde el 1 de noviembre, al inicio de su gestión, el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también optó por un secretario de seguridad castrense, en la figura de Cristóbal Castañeda Camarillo, con experiencia en inteligencia y 23 años en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En Zacatecas, David Monreal, nombró el 19 de noviembre pasado a otro militar como su segundo secretario de seguridad, al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado, Adolfo Marín Marín, tras destituir a Arturo López Bazán, en medio de una ola de 20 asesinatos y 10 personas colgadas.

El pasado 1 de octubre, al asumir como mandatario del estado de Tamaulipas, el morenista Américo Villareal designó como secretario al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado Sergio Hernando Chávez García. Y, además, tendrá como subsecretario a otro militar: el general Alex Melgarejo Torres.

Su primera opción, que había sido anunciada días antes, era Óscar Aparicio Avendaño, excomisionado de la Policía Estatal en Chihuahua, pero fue desautorizado por Sedena.

Y, en Tlaxcala, ocurrió algo similar: el 2 de mayo, seis meses después de asumir el cargo, la gobernadora Lorena Cuéllar nombró a Raúl Ruiz García, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, y con más de 40 años de servicio en el Ejército Mexicano, donde encabezó regimientos en el Morelia, Michoacán y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Medio año ese gobierno tuvo a un encargado de despacho, Erick Sergio Ramírez Manzur. Y quien se perfilaba para el cargo, Alfredo Álvarez Valenzuela, se encontró relacionado con el operativo violento de desalojo de normalistas de Ayotzinapa, que derivó en un enfrentamiento con saldo de dos estudiantes muertos.

Ni fiscalización ni rendición de cuentas

Morera, de Causa en Común, expone en entrevista que con este panorama, más allá de las reformas legales para extender el periodo de la Sedena en tareas de seguridad, lo que queda claro es que la militarización está cada vez más arraigada en el país.

“Así, cada vez será más complicado que el país se pueda sustraer del control militar, pero eso no debe detener a las organizaciones civiles y a los ciudadanos en la tarea de insistir en que la ola militar se detenga», valora.

Saucedo, el especialista en fuerzas armadas y seguridad pública, alerta además que los supuestos “controles parlamentarios” que los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) pusieron para que el Ejecutivo informe sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, con indicadores y datos, así como la posibilidad de comparecencias, serán inútiles.

“Será una fiscalización ligth porque carece de dientes, no hay penalizaciones ni posibilidad de llamar a cuentas y sancionar al Ejército y la Marina, que sólo quedarán sujetos al fuero militar o sea a que no pase nada. No podrá saberse ni revisarse o sancionarse cuando se excedan o no cumplan con sus cometidos. Entonces, las reuniones serán mesas para tomar café”, lamenta.

Expuso que tampoco hay confianza en los datos que reporten, pues las filtraciones de #GuacamayaLeaks también han evidenciado que la Sedena no aporta datos verídicos

“Con estos datos y con la información nueva que tenemos prácticamente todos los días sobre lo que ocurre detrás de los portones de las regiones en la zonas militares poco a poco nos damos cuenta del tipo de ejército que tenemos”, establece.

Expansión Política

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