Sólo entre cuatro ex alcaldes panistas veracruzanos se acumuló un presunto daño patrimonial por cerca de 700 millones de pesos, en la revisión de ORFIS a la cuenta pública de 2021.

Los ex ediles de Tantoyuca, Ixtaczoquitlán, Veracruz y Córdoba rompieron todos los récords de irregularidades en el que fue un verdadero año de Hidalgo: con 252, 218, 117 y 107 millones de pesos, respectivamente.

Por el monto de las observaciones, que consignan un presunto daño patrimonial, uno pensaría que Amado Guzmán Avilés, Miguel Ángel Castelán, Fernando Yunes y Leticia López Landero se despacharon, como se dice coloquialmente, con la cuchara grande.

Esos cuatro ayuntamientos acumulan más del 20 por ciento del total de las irregularidades detectadas por el órgano auditor.

No son los únicos casos; casi todos los ex alcaldes tuvieron observaciones. Sin embargo, vale la pena hacer un recuento de cómo salieron en las auditorías los ayuntamientos de los municipios más poblados de la entidad: a Veracruz, presidido por el panista Fernando Yunes, le detectaron un presunto daño patrimonial de 117 millones de pesos; a Xalapa, del morenista Hipólito Rodríguez Herrero, poco más de 42 millones; y a Coatzacoalcos (también de Morena), 33.6 millones de pesos.

A Poza Rica, presidido por Francisco Javier Velázquez Vallejo, 7 millones 900 mil pesos; a Minatitlán, de Nicolás Reyes, de Morena, 62 millones 568 mil; y a Córdoba, de la panista Leticia López Landero, 107 millones de pesos.

Al ayuntamiento panista de Orizaba, 17 millones 900 mil pesos; y al de Tuxpan, también emanado del blanquiazul, 80 millones 800 mil.

El municipio de San Andrés Tuxtla, encabezado por Octavio Pérez Garay (independiente), tuvo observaciones del ORFIS por 33 millones 700 mil pesos; en tanto que Martínez de la Torre, de José de la Torre Sánchez (PAN), poco más de 15 millones de pesos.

A Papantla le detectaron un presunto daño patrimonial por 56 millones 700 mil pesos; y a Boca del Río, por 34 millones 700 mil.

Tantoyuca tuvo observaciones por 252 millones de pesos; Ixtaczoquitlán, por 218 millones; y San Rafael, uno de los pocos bastiones perredistas de Veracruz, por más de 14 millones de pesos.

En términos generales, entre esos 15 municipios veracruzanos, entre los que se encuentran los más poblados, acumularon un presunto daño patrimonial por casi mil 100 millones de pesos.

A los 212 ayuntamientos veracruzanos, el ORFIS emitió observaciones por 2 millones 926 mil pesos, debido a presuntas irregularidades tanto en el manejo de los recursos como en la obra pública; el 37 por ciento de dicho monto corresponde a los 15 municipios enlistados líneas arriba.

Ese fue el saldo del llamado año de Hidalgo en los municipios de Veracruz; el año del saqueo y del latrocinio.

@luisromero85