Supuestos pactos con el Narco, una FGE incompetente y policías asesinos explican la crisis de seguridad y justicia en el estado.

El 15 de marzo de 2019, tres meses y medio después de que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez tomara posesión del cargo, una serie de mantas con advertencias de que habría una guerra del Cartel de Jalisco Nueva Generación –CJNG– contra la Secretaría de Seguridad Pública –SSP- de Veracruz aparecieron en distintos puntos del Puerto de Veracruz.

Un día después, el Ejército elaboró un documento con clasificación de “extra urgente” en el que se informa que el gobernador veracruzano –no menciona su nombre- apoyó la entrada del Cártel del Noreste, y que “los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil dan protección al Cártel del Noreste”, lo que habría generado la violenta reacción del grupo delictivo CGNJ, responsable de las peores masacres cometidas en el estado.

El documento filtrado tras un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señala que la presunta guerra que inició el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra el gobernador Cuitláhuac García tiene su origen en el apoyo que el gobierno de Veracruz dio Cártel del Noreste para ocupar las plazas de la entidad.

Este martes, diversos medios citaron cómo el gobierno estatal “les quitó el huachicol y que mencionó que después seguirían ellos”, y refiere “acciones violentas” y “emboscadas” dirigidas contra la Fuerza Civil en Las Choapas y Agua Dulce, así como quema de grúas en Minatitlán y Las Choapas, algunas de las cuales sí se cumplieron.

Una y otra vez, el gobernador de Veracruz ha dicho que su administración no pactará con el narco. Sin embargo, los documentos extraídos al Ejército confirman que el acuerdo data prácticamente desde el inicio de su periodo de gobierno.

En octubre de 2020, luego de que se nuevamente se colocaran mantas en contra de funcionarios de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, García Jiménez respondió que su gobierno no “dialogará a través de lonas» con la delincuencia al ser cuestionado sobre las mantas colocadas en la avenida Arco Sur de Xalapa.

“Nosotros vamos tras todos ellos, no habrá ningún tipo de acuerdo, pacto, ni mucho menos nos vamos a dejar intimidar, vamos contra todos ellos, ya les dejamos muy claro, que aquí con esta administración no hay pactos y se acabó la impunidad”, dijo. La información generada por el Ejército mexicano lo ha puesto en evidencia.

Tres años después del primer informe, en enero de este año, el Ejército reiteró que las autoridades estatales y municipales de Morena en Campeche, Chiapas y Veracruz podrían estar vinculadas con cárteles del narcotráfico, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como otros grupos delictivos, según se lee en otro de los documentos filtrados por parte del colectivo de hackers Guacamaya.

En su conferencia de prensa de este martes, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez no se refirió a los señalamientos del ejército ni fijó postura respecto de su veracidad.

Una FGE incompetente: asesinos

libres y adversarios políticos presos

La liberación de los tres presuntos responsables de la muerte del periodista Jacinto Romero ocurrida en Ixtaczoquitán el año pasado y de la ex diputada federal Azucena Rodríguez Zamora, acusada del homicidio de su esposo el 30 de junio de 2021 confirman la incompetencia en la integración por parte de la Fiscalía General del Estado. Una vez más, los presuntos asesinos están libres y los adversarios políticos en prisión.

En el primer caso, fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal quien dio un nuevo revés a la Fiscalía General del Estado (FGE), al confirmar que debe dejarse sin efecto las vinculaciones a proceso de Ana Laura Rosas Rodríguez, Casto Emilio Hernández Sánchez y Roberto Trinidad González Cruz, este último excandidato a regidor de MORENA en Ixtaczoquitlán, quienes habían sido implicados en el homicidio del periodista Jacinto Romero.

Estas tres personas, sujetas a proceso penal desde noviembre pasado, fueron liberadas a principios de esta semana. En la resolución que confirmó la sentencia recurrida dictada por un juez de Distrito, la Fiscalía no sólo quedó evidenciada en la mala integración de la carpeta de investigación, sino que además quedó exhibida en sus argumentos de impugnación ya que los datos de prueba fueron insuficientes para concluir de manera indiciaria que los tres participaron en la muerte del comunicador.

En el caso de Azucena Rodríguez, un amparo federal permitió la liberación de la exdiputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien permaneció más de un año encarcelada, por el presunto homicidio de su esposo Nicanor Martínez, excandidato de Morena a la alcaldía de Tihuatlán. La liberación se realizó este domingo 02 de octubre. Ambos casos siguen impunes.

La perredista es la tercera política detenida en el periodo de Verónica Hernández Giadáns, en el gobierno de Morena, y que ha logrado salir por un amparo, con el argumento que no existían elementos para imputarle el delito de homicidio. Al igual que Pasiano Rueda, alcalde de Jesús Carranza y José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, quienes eran considerados “presos políticos” por las dirigencias de sus partidos.

Policías asesinos y delincuentes

En medio de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la muerte de dos jóvenes a manos de policías estatales en el Cuartel de San José, este martes una patrulla de elementos atropelló a una mujer y sus elementos intentaron darse a la fuga. Fueron los propios automovilistas quienes les obligaron a permanecer en el lugar.

Este lunes, la CEDH confirmó que la SSP de Veracruz es responsable del asesinato de Carlos Navarro y Gustavo Ortiz, por lo que emitió las recomendaciones 013/2022 y 031/2022, concluyendo que, en ambos casos, se registró la “ejecución de una persona privada de la libertad por parte de policías estatales”, así como daños a la integridad personal de sus núcleos familiares.

En el caso de Carlos, su madre relató ante el órgano que después de que salió a trabajar no volvió a casa y las autoridades le notificaron el fallecimiento días después, cuando entregaron su cuerpo con moretones y justificando que falleció por un infarto. Carlos Andrés Navarro, de 33 años, al momento de su muerte, era padre de 3 hijos y ayudaba a su madre con el pago de la renta.

Gustavo Ortiz Murió el 24 de octubre de 20202, tras ser detenido en la comunidad El Rosario en el municipio de Banderilla, cuando elementos estatales violentaron su derecho a la libertad al retenerlo por conducir un vehículo sin placas a las 13:00 horas aunque no tenían la facultad de hacerlo.

Respecto al caso de Gustavo, su familia reportó que, tras morir al interior de los separos, les entregaron un cadáver “reventado” a golpes, lo que corroboraron una vez que lo limpiaron porque estaba maquillado.

Con información de El Universal, La Silla Rota, E-Consulta, Formato Siete,