ASF: 10 mil millones de pesos para ocultar desfalcos. Denuncia contra “Alito” no está registrada; la de Javier Duarte ya prescribió

Congreso acusa al ORFIS de contratar despachos para “limpiar” cuentas de alcaldes.

Gobernador de Veracruz asegura vivir de prestado. Contraloría se niega a publicar su declaración patrimonial porque “representa un riesgo a su vida”.

Durante la última década, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos fiscalizadores en el estado de Veracruz han destinado miles de millones de pesos para simular una política anticorrupción y actuar, en cambio, para proteger la corrupción e impunidad de miles de servidores públicos de los gobiernos de Morena.

Al menos en lo que va de la actual administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha ejercido más de 10 mil millones de pesos –en 2022 se tiene contemplado un presupuesto 2 mil 528 millones- para simplemente dejar de hacer su trabajo. En 2020, la ASF presentó 31 denuncias; un año después, la cifra subió a 74; y en lo que va del 2022, ha presentado únicamente tres, a pesar de los actos de corrupción documentados por los medios de información.

La actuación de la Auditoría Superior de la Federación está en entredicho. Las denuncias por irregularidades financieras cometidas por funcionarios son cada vez más escasas o éstas obedecen a favores políticos o los procedimientos se hacen cuando los delitos están a punto de prescribir.

Por ejemplo, durante este año, según datos del propio organismo, sólo se tienen reportadas tres denuncias: dos contra la Universidad Politécnica del Centro en Tabasco -interpuestas el 23 de marzo de 2022- y una —del 30 de marzo—, contra el Instituto Superior de Misantla y la Sedatu sobre actos relacionados con la estafa maestra, que apenas fueron denunciados.

En un recuento publicado por Oscar Cedillo en Milenio, se puede sumar una cuarta denuncia como favor del dirigente nacional priista Alejandro Moreno, ingresada el pasado 11 de mayo contra el actual fiscal de Campeche y ex comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, a quien se acusa de robarse un equipo de espionaje para uso personal.

Esta denuncia se presentó en los días en que “Alito” era sujeto de escándalo con los audios difundidos por la gobernadora Layda Sansores. Es decir, el dirigente priista aparece como denunciante y no como acusado.

Pero en la ASF no sólo han dejado de integrar denuncias, sino que han perdido de manera sistemática las que se presentaron en el pasado. Un caso emblemático es el estado de Veracruz. De los 784 millones de pesos que el erario perdió por corrupción en la administración de Javier Duarte, en Veracruz, contra su ex secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, un juez resolvió la no acción penal porque los delitos ya prescribieron.

En este caso, la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que la ASF denunció al galeno de manera extemporánea. Este tema se hizo público en el mes de agosto.

La misma ruta tiene el procedimiento contra el ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, quien viene ganando diversos procesos contenciosos contra la ASF y podría salvarse de resarcir millonarias sumas relacionadas también a la ‘estafa maestra’ vinculada a Rosario Robles.

Si bien la ASF ha venido realizando una serie de observaciones y ha detectado irregularidades en obras emblemáticas del gobierno federal como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, ninguna de ellas ha derivado en denuncias penales.

El trabajo de miles de trabajadores y la inversión de más de 2 mil quinientos millones de pesos se reducen a sólo tres denuncias, las más caras del mundo.

Congreso acusa al ORFIS de contratar despachos para “limpiar” cuentas de alcaldes

En el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, el caldo ha salido más caro que las albóndigas. Resulta que en el periodo de 2007 a 2020 el ORFIS ha presentado apenas 226 denuncias penales, las cuales sumaron un daño patrimonial de 33 mil 560 millones 826 mil 167.40 pesos, el equivalente a la mitad de la deuda que heredó Javier Duarte.

Sin embargo, durante el periodo de substanciación por dichas denuncias se logró un reintegro a la Tesorería del Estado por mil 955 millones, correspondientes a los ejercicios fiscales 2011 al 2020.

Si bien el ORFIS ha ejercido en esa década casi dos mil millones de pesos –prácticamente la misma cantidad de recursos que ha recuperado-, en los hechos sólo ha podido recuperar 5.8% del daño patrimonial detectado. No obstante, la corrupción es el principal problema que enfrente el órgano fiscalizador.

El pasado 6 de septiembre, la auditora general del Orfis, Delia González Cobos afirmó que a la fecha no ha recibido quejas o denuncias de parte de entes fiscalizables en contra de servidores públicos que les hayan ofrecido limpiar Cuentas Públicas. Sin embargo, la respuesta del Congreso del Estado a través de la Comisión de Vigilancia fue contundente: se contrataron despachos para limpiar las cuentas públicas de los alcaldes.

Apenas este miércoles, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, aseguró que el Congreso del Estado detectó que despachos externos contratados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) “maquillaron” obras de mala calidad y desvíos a los gobiernos municipales que concluyeron su periodo en 2021.

En entrevista, dijo que están recabando pruebas para proceder legalmente e incluso inhabilitar a los auditores externos. “Se está descubriendo mala calidad (en obras) y al momento de que se hacía la observación se demostraba o se auditaba la parte de buena calidad; está coludido con el despacho que lo auditaba”, lo que significó un abierto y frontal desmentido a la titular del ORFIS.

Fararoni Magaña, quien asumió el cargo precisamente el 6 de septiembre, acusó que “no documentaron en las auditorías que proponía el ORFIS a los despachos, no auditaba las partes que estaban dañadas”, y advirtió que por esta razón obras de mala calidad podrían no resultar en daño patrimonial, sin embargo, no se descarta proceder legalmente y con la inhabilitación.

El relevo en la Comisión de Vigilancia del Congreso local se dio luego de que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional señaló que exalcaldes del periodo 2018-2021 les reportaron que les habían ofrecido “limpiar” las cuentas públicas de sus ayuntamientos con “moches” para librar observaciones de daño patrimonial.

Gobernador de Veracruz asegura vivir de prestado; Contraloría niega su declaración patrimonial

Otro ente fiscalizador envuelto en la opacidad, la complicidad y la ineficiencia ha resultado la Contraloría General del Estado, misma que ha servido para limpiar las cuentas de los funcionarios públicos y a ocultar información respecto de su situación patrimonial. Si bien la ley permite que los datos estén bajo reserva, también obliga a elaborar una versión pública sobre el patrimonio de los servidores públicos.

En el caso del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, apenas en agosto pasado aseguró en un evento público que a poco más de 2 años de concluir su mandato aún valora si le alcanza su sueldo para construir su casa propia, luego de las críticas que le ocasionó vivir con sus papás al inicio de su administración.

El mandatario dijo que, tras el escarnio que generó el tema y el riesgo de transmitir covid-19 a sus progenitores, él mismo optó por salir de la vivienda que habitaba con sus padres Julieta Jiménez Torres y Atanasio García Durán. Sin embargo, aseguró que actualmente vive “de prestado” y no sabe si le alcanzará para construir su propia casa.

La pobreza franciscana es algo que pone en riesgo su propia vida a juicio de la propia Contraloría del Estado, quien se ha negado a hacer pública la declaración patrimonial del Gobernador veracruzano.

Según la agencia de noticias Infobae, José David Hernández Ortiz, director general de Responsabilidad Administrativas de la Contraloría, fue quien solicitó la reserva de la información contenida en la declaración patrimonial del gobernador, argumentando que “representa un riesgo a la vida y la seguridad para el servidor público”.

Paradójicamente, en un evento público realizado el 12 de agosto, fue el propio Cuitláhuac García quien informó que se harían públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que trabajen para el gobierno del estado. El anuncio precisamente en presencia de la titular de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, y la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.

Como parte de la saga “La riqueza de los gobernadores”, Infobae México hizo una solicitud de información a la Contraloría General del Estado pidiendo la versión pública de la última declaración patrimonial de Cuitláhuac García. Han pasado dos semanas desde el anuncio y a la fecha no hay registro de ninguna declaración patrimonial en su versión pública de los funcionarios de la entidad en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fuente: Milenio, La Silla Rota, Diario de Xalapa e Infobae