Ante las reiteradas quejas y reclamos de ciudadanos y diversos sectores de la sociedad, e inclusive de sus propios correligionarios –entre ellos los diputados locales morenistas José Magdaleno Rosales Torres, de Medellín de Bravo; Eusebia Cortés Pérez, de Coatzacoalcos, y hasta el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín–, por los cobros abusivos de los concesionarios de la empresas privadas de grúas al servicio de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, el gobernador Cuitláhuac García tuvo que ordenarle el mes pasado al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, y al titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, regularizar este negociazo de influyentes empresarios que fueron solapados por las últimas dos administraciones anteriores del PRI y PAN, y que inexplicablemente continuó casi cuatro años más en la presente gestión de Morena, cuya principal bandera ha sido la del combate a la corrupción.
La noche del martes 30 de agosto, el jefe policiaco publicó en su cuenta de Twitter: “En seguimiento a las acciones implementadas para regularizar los servicios de grúas y depósitos de vehículos en la entidad, esta noche sostuvimos una reunión de trabajo con el Gobernador @CuitlahuacGJ.
“Acompañado de los directores generales de Tránsito y Transporte del Estado, así como los titulares de las áreas Jurídica y Administrativa de la SSP, presentamos los avances de lo que será la iniciativa de reforma a las Leyes y Código de Derechos. Así como la expedición del Reglamento de Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado.
“En la @SP_Veracruz continuamos trabajando para garantizar certeza jurídica en materia de transporte y seguridad vial”, finalizó su tuit.
Cuatro días antes de esta reunión con el gobernador, Gutiérrez Maldonado declaró a la reportera Claudia Montero, del portal alcalorpolitico.com, que en Veracruz no existía una reglamentación para concesionarios de grúas, por lo que cobraban cifras que llegaban hasta los 100 mil pesos, en caso de vehículos de transporte de carga por un arrastre, y 350 mil pesos por autos accidentados.
Y afirmó que con el reglamento para grúas que está por entrar en vigor en el estado, se regularán los costos de los servicios y un arrastre bajará su tarifa hasta en 90 o 95 por ciento.
“El que le quiera entrar que le entre y, si no, que se vayan”, expresó el funcionario de origen regiomontano, quien reconoció que las grúas cobran lo que quieren porque no tienen una tarifa específica que tengan que respetar, de manera que cometen abusos en contra de los usuarios.
Y aunque en diciembre de 2018, cuando tomó posesión como secretario de Seguridad Pública, presumió hasta un doctorado en Derecho que la revista Proceso desmintió, ahora el titular de la SSP, nativo de Nuevo León, dijo que Veracruz contará “con una base jurídica para dar de baja a los concesionarios que incurran en cobros excesivos por sus servicios y ya se podrá contestar a los jueces de distrito con un reglamento específico que determine la causa del por qué se decide retirar la concesión”, pues refirió que “actualmente, como no había una ley de grúas, se amparaban y ganaban, pero ya se acabó”.
Diputado de Papantla presidirá comisión instructora
Este sábado se dio a conocer que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la integración de la Sección Instructora, instancia encargada de definir si hay elementos para aprobar solicitudes de desafuero, entre las que se encuentra la del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusado de presunto enriquecimiento ilícito.
Su presidente será el diputado federal por el distrito de Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, mientras que como secretarios fueron electos Leonel Godoy, también del partido guinda; Rubén Moreira, del PRI, y Elías Lixa, del PAN.
Una vez integrada, esta instancia legislativa recibirá el expediente de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que en agosto pasado solicitó el desafuero de Moreno Cárdenas por supuesto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de esa entidad actualmente gobernada por Layda Sansores, de Morena.
La documentación se encuentra bajo resguardo de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en la que se incluyen pruebas que recabó la Fiscalía campechana como parte de la carpeta de investigación que abrió en contra del priista.
El presidente del CEN del PRI también es investigado por la Fiscalía General de la República por presunto desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.