Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la reforma al código electoral que modifica la fórmula por la que se calcula el financiamiento público a los partidos políticos.
Los expertos en derecho, última instancia para analizar el tema, avalaron las modificaciones que hizo el Congreso de Veracruz, impulsado por el partido mayoritario -Morena-, para reducir el financiamiento público estatal para los partidos políticos.
A partir de esa adecuación, los partidos recibirán el 50 por ciento menos de sus prerrogativas, recorte que será efectivo a partir del mes de enero del 2023.
La modificación a la ley secundaria establece que para calcular el financiamiento de los partidos se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y dos punto cinco por ciento (32.5%) del valor diario de la UMA. En la actualidad se hace multiplicando por el 65 por ciento.
En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al conocer de las impugnaciones formuladas por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional determinó que eran infundadas.
Lo anterior, porque valoraron que el precepto no es susceptible de afectar derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que no era necesario consultarles sobre dicho cambio.
Los partidos argumentaron que se violó la veda electoral porque la ley se cambió unos días antes de que concluyera el proceso electoral ordinario 2020-2021, sin embargo, se valoró que no es así.
“La reducción en el monto del financiamiento de los partidos políticos nacionales no es inconstitucional, pues como se ha establecido en diversos precedentes, las entidades federativas tienen libertad de configuración en ese ámbito”, determinaron.
Y dijeron que la reforma no viola el principio de irretroactividad de la ley, pues no afecta a los partidos políticos creados previamente a la reforma, además de que la determinación del monto del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos, no es un derecho adquirido.
Al desechar las acciones de inconstitucionalidad 3/2022 y sus acumuladas 8/2022, 10/2022, 16/2022 y 17/2022 promovidas por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, se avaló que los partidos políticos reciban el 50 por ciento del financiamiento del estado, a partir del 2023.
Este año se destinaron 389 millones 63 mil 48 pesos para ministrar a los partidos políticos en el Estado, tanto locales como nacionales, ese monto se tendrá que reducir en un 50 por ciento para el año próximo.
AVC
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TEXTO Y CONTEXTO | A la buena entendedora… no alcanza para 500 millones