En la playa de la comunidad de Balzapote, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el sonido de las olas y las gaviotas se mezcla con el ruido de las máquinas retroexcavadoras que, a menos de 50 metros, perforan bancos de balasto. Este material pétreo, que se coloca bajo los durmientes de las vías ferroviarias para darles firmeza, será utilizado en la construcción del Tren Maya, a unos mil kilómetros de allí.
Esta pequeña bahía del Golfo de México, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, está invadida por una veintena de camiones que también construyen un muelle para trasladar la piedra hasta Puerto Progreso, Yucatán, desde donde la trasladarán a la zona de construcción. Ni siquiera la suspensión del permiso por observaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) frena los trabajos.
Los cerros con los últimos reductos de selva tienen hoyos y caminos para la extracción. La playa local denominada “Fantasma” está cerrada completamente porque día y noche hay movimiento de maquinaria pesada.
A unos metros se ubica la estación de biología de la UNAM, donde se conservan más de 600 hectáreas de selva tropical húmeda, una colección de más de 5 mil plantas y 30 mil tipos de fauna representativa de la región.
En 2020, según los ejidatarios, la empresa Balcicon firmó un acuerdo con ellos para la explotación del cerro Balzapote y presentó a través del ejido una MIA Modalidad Particular ante la Semarnat para extraer y aprovechar material pétreo en 42 hectáreas. Con ese permiso se pretendía sacar 5.7 millones de metros cúbicos de material en ocho años, pero en él se advierte que la explotación podría alargarse hasta 40 años.
El proyecto avanzó devastando el cerro Balzapote, donde se ubican los bancos, aunque un resolutivo de la Semarnat notificado en diciembre de 2021 indica que la solicitud de permiso caducó porque el promovente no respondió más de 30 preguntas que se le plantearon ni anexó los programas de mitigación. El promovente debía entregar una nueva petición, pero hasta junio no lo había hecho.
Para este reportaje se buscó a la titular de la Semarnat en Veracruz, Leticia Cuevas, quien llegó al puesto en junio pasado, pero no fue posible localizarla.
Ante la falta de claridad sobre la vigencia del permiso, desde el año pasado el proyecto tramitado por Balcicon –empresa que desapareció después de firmarse el acuerdo– es operado por ICA como la principal contratista. Los trabajos avanzan ante la inconformidad de los habitantes de Balzapote por la destrucción del paisaje, atractivo turístico que los beneficiaba.
Al cierre del reportaje, ICA no había respondido a diversos mensajes para tratar el asunto.
Inconformidad
La zona ha sido codiciada desde los ochenta, cuando las primeras empresas llegaron a explotar el banco de roca para la construcción de la terminal marítima Dos Bocas, en Tabasco.
En 2014 la entonces Administración Portuaria de Veracruz solicitó un nuevo permiso para extraer 2 millones de metros cúbicos de piedra usando explosivos. El proyecto fue aprobado por la Semarnat, pero expertos ambientalistas y la resistencia civil lograron frenarlo con el argumento de que está prohibido usar explosivos en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera.
ICA le dio la vuelta a ese impedimento. En la nueva MIA, ingresada en 2020, dice que no utilizará ese tipo de recursos, pero habitantes de Balzapote se quejan: “Pasan los camiones voceando que no nos acerquemos a la zona de los trabajos porque van a usar explosivos, y eso se escucha”, cuenta María, quien añade que por el uso de dinamita la escuela primaria tiene cuarteaduras y daños estructurales.
En la MIA, la empresa también señala que invertirá 26 millones de pesos para adaptar el sitio y generará 20 empleos directos. Aun cuando Balzapote es una playa turística, la empresa argumentó que la zona del proyecto no cuenta con las cualidades de atractivo. Tampoco consideró la modificación del paisaje, pues argumentó que ya era una zona de extracción de material.
“La etapa de abandono del sitio no se consideró debido a que la vida útil del proyecto, así como de las condiciones de operación, mantenimiento y rentabilidad, permiten pronosticar que será viable su permanencia durante los próximos 30 a 40 años al término de su construcción”, indica la empresa.
Balzapote es un ejido donde viven poco menos de mil habitantes y fue dotado por el Registro Agrario Nacional (RAN) con 855 hectáreas de tierra. Aunque la mayor parte fue parcelada, el ejido aún conserva 52 hectáreas que comparten 54 ejidatarios, quienes rentaron el cerro a la empresa y cobran 20 pesos por cada metro cuadrado de mineral extraído.
Es una obligación del ejido notificar al RAN de los convenios de ocupación con empresas privadas, pero Balzapote no ha notificado este acuerdo, como se constató en una consulta de los archivos.
Jesús, dueño de tres parcelas en el ejido y quien prefirió omitir su verdadero nombre, cuenta que la empresa ofreció pavimentar las calles, arreglar la escuela, construir un salón ejidal y mitigar los daños a cambio de la firma del permiso.
Pero en la asamblea ejidal hay inconformidad porque la empresa no puso por escrito sus compromisos y, por ejemplo, para almacenar las toneladas de roca basáltica extraída ha utilizado diversas áreas del ejido que no estaban contempladas, contaminándolas, y afectó el arroyo Balzapote, donde se colocaron piedras para bloquear la corriente.
Justino cuestiona que un grupo de ejidatarios –equivalente a 6% de los habitantes de la comunidad– le diera entrada a la empresa sin consultar al resto de los pobladores.
Teresa, quien vive frente a la playa, observa: “Aquí era bonito, hay fotos que había pura playa corrida, pero el paisaje cambió. Antes se escuchaban los monos en las mañanas y en las tardes; ahora sólo se escuchan los ruidos de las máquinas. A los ejidatarios les convino y firmaron; después de esto nos van a dejar un desastre: carreteras deshechas, casas agrietadas”.
Jesús, ejidatario de Balzapote, dice que no volvería a dar su voto en la asamblea para permitir la entrada de la empresa. “Sí me arrepiento, no es como lo pintaron. Ellos hacen lo que quieren. Yo prefiero que se vayan a que hagan todo lo que hacen; para empezar, cambiaron la vista. Antes todo era verde, el cerro era grande y ahora lo están acabando, lo dejaron pelón”.
En abril pasado la empresa Diviesa Corporation, S.A. de C.V., solicitó un permiso de navegación por cuatro meses a la oficina de Marina Mercante en México para la embarcación JMC 3080 para trasladar el balasto a Puerto Progreso, Yucatán, y el puerto de Seybaplaya, Campeche, para las obras del Tren Maya.
Daños irreversibles
La zona donde ahora se extrae la roca es la misma que se intentó explotar en 2014. En ese entonces, un dictamen elaborado por 10 investigadores de la UNAM alertó que el predio forma parte del último reducto de selva alta perennifolia de Los Tuxtlas y el proyecto atentaba contra la conservación del ya muy delicado ecosistema de la región.
Los científicos advirtieron que la extracción alteraría irreversiblemente la topografía, la vegetación y los servicios ecosistémicos del predio, y se expondría la zona núcleo a eventos climáticos, como “nortes”, tormentas tropicales y huracanes, que son frecuentes. Ocho años después de esa advertencia pesa el silencio sobre el nuevo proyecto, vinculado al Tren Maya.
A través de una solicitud de información, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, de la que depende la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, respondió que no ha sido notificada de ninguna extracción de roca en áreas limítrofes con la reserva.
Patricia Escalante, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM y una de las científicas que firmó el documento en 2014, advierte que el arrastre de gran cantidad de arena y piedra perjudicará áreas externas al polígono, incluyendo la playa y el ecosistema marino cercano a la costa, que podrían convertirse en zona muerta como consecuencia de la acumulación excesiva de sedimentos.
“Ha sido muy sigiloso el proyecto; seguramente la empresa pagó a los ejidatarios y ahora no sabemos cuáles son las medidas de mitigación que la empresa hará para evitar daños en la zona”, dice.
La investigadora advierte que la intención de la empresa es sacar toda la piedra del cerro, con lo que prácticamente desaparecerá, y cuando abandone el sitio los ejidatarios pueden quedarse con la tierra estéril.
“La reserva está muy dañada, hay pocas áreas de conservación. Lejos de hacer extracción, lo que deberían hacer es reforestación, corredores de fauna o proyectos ecoturísticos acordes al plan de manejo de la reserva de la biosfera. Es muy triste porque están alterando el paisaje y recuperarlo podría tardar más de 150 años”, lamenta.
Yoatzin Popoca, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, organización que también defendió el predio hace ocho años, señala que la empresa utilizó los métodos comunes de extractivistas, lo que “desarticula el tejido social, se aprovecha de la necesidad de empleo de la comunidad para entrar y simula para obtener los permisos”.
Para la abogada, el actual silencio sobre la extracción de roca es parte del desgaste de las organizaciones civiles, pero también de la falta de comunidad y resistencia de la propia población.
“El tema es grave porque la población que ahí vive no supo cómo se otorgaron los permisos y se violenta el derecho humano a un ambiente sano que implican los derechos a acceder a la información, a espacios de participación pública y toma de decisiones”, señala.
Sergio Rodríguez Cortés, titular de la Procuraduría de Medio Ambiente de Veracruz, precisa que en el estado hay siete bancos donde se extrae roca basáltica para el Tren Maya. “Algunos ha sido sancionados y estamos haciendo un dictamen de evaluación ambiental, revisando la MIA que expide la Semarnat. Nos preocupan mucho los impactos que van a dejar después de explotados esos bancos”.
El funcionario dijo que, aun cuando no pueden cambiar el sentido de la autorización, pueden verificar la mitigación y buscarán un convenio con las empresas para restablecer los servicios ambientales y disminuir los efectos negativos.
Entre 2020 y 2022 se han ingresado al menos 10 solicitudes para extraer material pétreo en Catemaco, San Andrés Tuxtla y Actopan.
A través de una solicitud de transparencia, la administración de Puerto Progreso informó que hasta mayo había recibido 515 mil toneladas de balasto procedente de Veracruz a través de 38 embarques, con un promedio de 16 mil toneladas por envío.
Sobre el asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en una de sus conferencias en Palacio Nacional que la extracción “es un tema que resuelven las empresas” constructoras del tren.
El Fondo Nacional del Fomento al Turismo informó que la ejecución de la obra incluye la aportación del material procedente de los bancos, extendido, humectación y compactación.
Hasta el momento hay cuatro tramos del tren adjudicados: el 1 lo realizó Mota Engil, el 2 CICSA, el 3 Grupo Azvi-Grupo Indi y el 4 está a cargo de ICA Constructora. Recientemente se anunció que la empresa mexicana Black Rock Mining adquirió un nuevo banco de roca cerca de Cardel, Veracruz.
Entrevistado en enero pasado, el secretario general del Sindicato Nacional Portuario Primero de Mayo, Leonel Noya Revuelta, dijo que se pretende abastecer 5 millones de toneladas para concluir el Tren Maya.
Este reportaje, realizado por Proceso, es parte del proyecto Investigación Empresarial en México, auspiciado por PODER Latam.
Reportaje publicado en el número 2386 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 24 de julio de 2022.
AVC
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