Al cumplirse un año de la reforma legal en materia de interrupción legal del embarazo en Veracruz, activistas afirman que hay poca información sobre los avances en su implementación y las trabas para acceder al servicio durante las primeras 12 semanas de gestación son variadas.

La Secretaría de Salud del estado reporta que en el periodo comprendido de julio de 2021 —cuando se aprobó la reforma en el Congreso de Veracruz— a febrero de este año se han realizado 101 interrupciones de embarazo; sin embargo, activistas señalan que la población no tiene información sobre dónde acudir, y se enfrentan a las limitaciones como el hecho de que sólo otorgan el servicio en hospitales de segundo nivel.

La representante de la asociación civil Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que la difusión de este servicio por parte de las autoridades es limitado, por lo que persiste desconocimiento sobre la reforma y sus aplicaciones.

“Donde dan el servicio son en los hospitales de segundo nivel y esto puede limitar el acceso para quienes tengan necesidad de ILE y deban trasladarse; para una niña víctima de violencia sexual, indígena, es complejo, aún persisten los retos en materia de accesibilidad”.

Agregó que además la mayoría de niñas y adolescentes que se acercan a solicitar acompañamiento a Equifonía no cuentan con seguridad social por lo que dependen únicamente del sector salud del estado, de ahí la importancia de garantizar el acceso.

“Urge garantizar el acceso, un presupuesto suficiente para que se otorgue el servicio y una mayor difusión de a dónde pueden acudir, cuál es procedimiento, en qué casos aplica la reforma”.

González Saavedra añadió que además existe una presión por parte de autoridades de salud a niñas y adolescente con embarazo en el segundo trimestre pues ofrecen como alternativa la adopción de sus hijos como una forma de continuar con el embarazo.

“Este tipo de medidas a niñas que son víctimas de pederastia solo es una manera de presión, desconocemos de dónde lo sacó la Secretaría de Salud ni en qué se fundamentan porque no pueden ir a lo que está establecido en la ley pues en el Código Penal señala que en un embarazo producto de violación o pederastia se debe ofrecer la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas”.

A esto se suma que tampoco hay coordinación entre autoridades con organizaciones civiles que dan acompañamiento a mujeres que buscan acceder a la ILE, como señala la vocera Brujas del Mar, Arussi Unda, pues dijo que la mayoría no tiene información sobre los hospitales en donde se puede realizar este servicio.

“Me parece que hace falta socializar esa información para que las mujeres y las colectivas podamos tener un directorio para saber a dónde canalizarlas o dónde llegar a solicitar el servicio (…) Hay algunas clínicas del Seguro Social en donde se puede dar el servicio pero como colectivo no sabemos cuáles son”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, son 42 hospitales los que ofrecen el servicio de interrupción del embarazo en municipios como Pánuco, Tempoal, Ozuluama, Tantoyuca, Álamo, Huayacocotla, Poza Rica, Martínez de la Torre, Misantla, Perote, Xalapa, Córdoba, Veracruz, Tierra Blanca, Isla, Cosamaloapan, Coatzacoalcos, entre otras.

Pese a ello, Arussi Unda cuenta que siguen dando acompañamiento a mujeres que por desconfianza no llegan a los hospitales, pues temen ser re victimizadas, señaladas o que se les niegue el servicio .

“Muchas mujeres sienten desconfianza y no se acercan a preguntar por el servicio porque temen ser juzgadas, re victimizadas. Nos preguntan sobre clínicas, o cómo hacerlo”, dijo.

Y tampoco en el sector privado hay posibilidades para que las mujeres con menos recursos accedan a la interrupción de su embarazo, pues los costos van desde los 3 mil 500 a 5 mil pesos.

“Si bien en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se cuenta con una clínica particular pero no se termina de resolver el problema de fondo porque no es accesible para todas. Estuvimos viendo los precios y sí eran algo elevados; tiene dos métodos de interrupción, la succión y medicamento, el medicamento cuesta 3 mil 500 pesos y si es por método de succión tiene un costo de 5 mil pesos”, contó Arussi Unda.

Para la activista, la reforma aún tiene pendientes importantes porque debe ir acompañada de la impartición de educación sexual integral y el acceso universal a anticonceptivos que actualmente no se cumple.

“Tener un dispositivo intrauterino, o cualquier otro tipo de anticonceptivo para mujeres no son gratuitos a menos que se hagan campañas y no se han hecho porque el covid alteró estos programas pero urge que se retomen. Urge que se lleve a las escuelas educación sexual integral, además de contar con un conteo preciso de casos de violencia sexual.

Insistió en que “el aborto no es la panacea”, pues resulta ser el paliativo de un problema profundo que es la violencia sexual contra mujeres y niñas, la falta de acceso a anticonceptivos y la falta de educación sexual integral, por lo que insistió en que “la reforma queda mucho a deber”.

AVC/Perla Sandoval

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