Prefacio.

Los problemas se le multiplican a la septuagenaria magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz. *** Personal adherido al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado se manifestó la tarde de este miércoles para expresar su inconformidad por el maltrato laboral del que son víctimas. *** La secretaria general del Sindicato, María del Rocío Tinajero Osorio, apuntó que los 21 distritos judiciales de Veracruz e labora con equipos obsoletos “que se apagan”; los climas no funcionan y los empleados tienen que cumplir jornadas de hasta 16 horas. *** La movilización de los trabajadores del Poder Judicial tuvo lugar en los 21 distritos en los que se divide la entidad, y en todas las sedes exigieron respeto a sus derechos humanos y laborales, a la vez que expusieron que la austeridad implementada por la institución los está afectando. *** “Sí, es cierto, debe haber austeridad, pero no afectando al trabajador. Quieren que demos un buen servicio, hay que dar mantenimiento (al equipo de oficinas) y darles las condiciones necesarias a los trabajadores. Sólo pedimos que respeten nuestras condiciones generales de trabajo, así como los derechos humanos y laborales”. *** ¿Quería seguir en el cargo? Pues ahora Isabel Inés Romero deberá aportar una solución a estas demandas.

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En esencia, este espacio debería servir para encontrar respuestas. Para ello, sin embargo, es imprescindible hacer las preguntas correctas.

Lo primero será plantearnos los hechos:

La mañana del pasado 9 de mayo, en Cosoleacaque, fueron asesinadas las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García. Acababan de abordar su vehículo cuando se les acercaron a la ventanilla y les dispararon.

Al día siguiente (10 de mayo) en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo lamentar los hechos y anunció:

“Estamos en la investigación, pronto vamos a tener un informe, es lamentable y nuestro abrazo como siempre fraterno a los familiares de las víctimas y ya hay personal atendiendo de manera especial este crimen”.

El comentario dejaba implícita una orden: “resuelvan pronto ese caso”.

La mañana del martes 17 de mayo, la Fiscalía General del estado (FGE) y el gobierno estatal anunciaron la captura de “Antonio de Jesús N”, a quien le endilgaron el apodo de “El Mara” y lo señalaron como presunto responsable del delito de “homicidio doloso calificado”.

Ese mismo día repartidores de motocicleta (compañeros de trabajo del detenido), familiares y amigos se manifestaron en el centro de Xalapa para protestar por lo que consideraban una injusta detención pues –aseguraban- tenían forma de demostrar que el día en que fueron asesinadas las periodistas, este joven se encontraba trabajando en Xalapa.

Por la noche la propia FGE anunciaba que “la persona detenida por elementos de la Conase (Coordinación Nacional Antisecuestros), tras validar su identidad y determinar que se trató de una homonimia, (por lo que) fue puesto en libertad de inmediato para evitar vulnerar sus derechos”.

Este miércoles, escoltado por elementos de la Policía Ministerial, “Antonio de Jesús N” y sus padres llegaron a Palacio de Gobierno donde se entrevistaron con el Jefe del Ejecutivo.

El titular de Política Regional explicó a los medios que el joven acudió a Palacio de Gobierno para “agradecer al gobernador por su apoyo”.

Las dudas:

– Si a usted lo detienen de manera injusta, divulgan su fotografía y lo acusan de asesino, ¿tendrá como primer impulso, una vez en libertad, agradecer a las autoridades?

– ¿Por qué participó la Coordinación Nacional Antisecuestros en la detención de una persona acusada de homicidio doloso?

– Si, como dijo la más alta autoridad en Veracruz, “no hubo error” en este caso, ¿significa que no hay investigación interna, ni habrá sanción para quienes detuvieron de manera injusta a este joven y lo mantuvieron privado de su libertad por casi 24 horas?

– ¿Entenderán nuestras autoridades que en este caso se encuadra el delito contemplado en el Código Penal de Veracruz, en el artículo 318, fracción XIII, que advierte que “se impondrán de 3 a 12 años de prisión y multa de 200 hasta 700 Unidades de Medidas y Actualización, al servidor público que (…) XIII. Teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la denunciara inmediatamente a la autoridad competente, o no la haga cesar, también inmediatamente, si esto estuviese en sus atribuciones?

¿Habrá quien haya considerado que también se debe revisar lo establecido en el artículo 348 Quater, que señala que “comete el delito contra la procuración de justicia el servidor público que indebidamente: I. Detenga a un individuo fuera de los casos señalados por la ley, o lo retenga por más tiempo que el señalado por la Constitución”?

Y se atreven a admitir que es la peor Fiscalía de todo el país.

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Epílogo

Y a todo esto: ¿Dónde está Antonio de Jesús, ese al que apodan “El Mara? *** Frente a esta demostración de ineficacia, ¿podemos tener la certeza de que ese sujeto fue, en realidad, el responsable del asesinato de las dos periodistas? *** Frente a la evidente desconfianza social por el mal trabajo de la Fiscalía, ¿se podría considerar la posibilidad de “sugerirle” a la Fiscal, Verónica Hernández, que renuncie a su cargo? *** No pasemos por alto que la misma circunstancia que el joven repartidor xalapeño –privación ilegal de la libertad- viven hoy figuras con gran fuerza mediática, como José Manuel del Río Virgen, o Pasiano Rueda Canseco. *** Una vez que recobren su libertad, porque así lo disponga la justicia federal, ¿los llevarán ante el Ejecutivo para que se disculpe con ellos? *** Sin duda, en los años recientes, hay veracruzanos de primera y de segunda clase.

filiargas@nullgmail.com