Un grupo de congresistas estadounidenses envió este miércoles una carta al secretario de Estado, Antony Blinken y al fiscal Merrick Garland, para advertir de los ataques del fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero, al Poder Judicial en México, así como a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así lo dio a conocer en un reporte el periodista Joshua Goodman de la agencia AP, que precisó que la carta está firmada por el senador Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones, así como los senadores Benjamin Cardin y Jeffrey Merkley.
En su carta, los legisladores señalan que el gobierno de López Obrador “se ha caracterizado por un patrón creciente de procesamientos aparentemente selectivos que apuntan desproporcionadamente a los críticos del gobierno”.
«Según Goodman, quien tuvo acceso al documento, éste se centra en las acciones del fiscal Gertz Manero, que son llamadas “venganzas personales” por los congresistas estadounidenses.
Los senadores advierten a los funcionarios estadounidenses del riesgo de un sistema de justicia “debilitado y politizado” en México.
También se refieren a las críticas del mandatario mexicano hacia el Poder Judicial por las resoluciones en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), así como su intención de ampliar el mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y la petición de que renunciaran los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el marco de la crisis interna de agosto de 2021.
Los legisladores se refirieron, igualmente, a las acusaciones penales que enfrenta el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés, por los señalamientos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de haber recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Asimismo, criticaron que la Fiscalía no investigara “seriamente” el caso del hermano del presidente, Pío López Obrador, quien fue captado en un video en 2015 recibiendo dinero por parte de David León, quien entonces era asesor del gobernador chiapaneco Manuel Velasco. El caso fue difundido por el portal Latinus en agosto de 2020.
Según el reporte de Goodman, los demócratas criticaron el caso de la FGR contra 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para los que solicitó órdenes de aprehensión -que fueron negadas por un juez- por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Esto, por los 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.
Del mismo modo, se refirieron a los audios aparecidos el pasado 3 de marzo en una cuenta de YouTube, con algunos fragmentos de una conversación de Gertz Manero con el fiscal especializado en Control Competencial, Juan Ramos, en el que discutían el proyecto del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, sobre la situación jurídica de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín.
El pasado 28 de marzo, la SCJN concedió el amparo liso y llano a ambas y ordenó la liberación de Cuevas Morán del penal de Santa Martha Acatitla. Las dos habían sido acusadas por el fiscal Gertz de la muerte de su hermano Federico, por omisión de cuidados.
Los ministros y ministras de la Corte concluyeron, por unanimidad, que no había elementos para sostener que las dos mujeres participaron en el homicidio, por falta de cuidados de Federico Gertz Manero.
La Suprema Corte determinó que la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados en contra de Laura Morán y Alejandra Cuevas, respectivamente, son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos que establece la Constitución para ello.
En el caso de Laura Morán, el Tribunal determinó que procuró, de acuerdo con sus posibilidades, atención y cuidados a su pareja, pues confió su salud a personal técnicamente preparado para ello, por lo que no se demostró que hubiera incurrido en un delito bajo la modalidad de “comisión por omisión”.
Sobre Alejandra Cuevas, concluyó que no existe el delito por el cual estaba en prisión, pues la ley no contempla la responsabilidad para cuidar de la salud de la pareja sentimental de su madre, con quien no vivía.
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