La primera vez que en México se reconoció el trabajo de más de 2.3 millones de personas empleadas del hogar fue en 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional y discriminatorio que no hubiera una obligación para que los patrones los inscribieran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A raíz de la sentencia de la Suprema Corte, el IMSS implementó en 2019 un programa piloto que, hasta febrero de este año, ha incorporado a poco más de 40,000 personas trabajadoras del hogar, es decir, solo el 1.9% del padrón de personas registradas por el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).

«Estamos hablando de un número muy reducido en comparación al total de trabajadoras del hogar a nivel nacional. Es una muestra de que muy pocos compañeros y compañeras están siendo incorporados al seguro social», lamenta Marcelina Bautista, fundadora del CACEH y del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.

Hoy, en el marco del Día Internacional de las Empleadas del Hogar, a tres años de la sentencia del máximo tribunal y cuando hay avances legislativos en la materia, revisamos los avances y los retos para garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar.

En 2018, la Corte sentó un precedente histórico respecto a los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, y a partir de ahí, reconoce Marcelina Bautista, se impulsaron otras acciones positivas.

«El avance a partir de esta sentencia es importante, sobre todo después del trabajo que se hizo para quitar todas las trabas, como en el tema del seguro voluntario. El hecho de que hoy se esté trabajando para contar con seguridad social obligatoria es un gran avance y nosotras lo celebramos», expresa.

Sin embargo, todavía el 97% de las personas trabajadoras domésticas siguen sin tener contrato ni prestaciones laborales, y eso incluye seguridad social. Bautista señala que sus compañeras y compañeros aún se enfrentan a la discriminación y a la violación de sus derechos laborales.

«En la actualidad, la mayoría de las compañeras trabajan de manera informal a pesar de lo que dicen las leyes. El 97% de las trabajadoras no cuentan con prestaciones y muy pocas tienen contrato de trabajo por escrito», dice Bautista en entrevista con Expansión Política.

Y esto ocurre, agrega, mientras la mayoría de las personas trabajadoras del hogar se van recuperando de los empleos que perdieron desde el inicio de la pandemia, cuando los patrones decidieron prescindir de sus servicios sin liquidarlas conforme a la ley precisamente por la falta de contratos.

En abril de 2019, el Congreso de la Unión reformó la Ley Federal del Trabajo para adicionar el capítulo XIII, que está dedicado a las personas trabajadoras del hogar y en el que se reconocen derechos como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso y aguinaldo.

En julio de 2020, y luego de insistir por más de ocho años desde la sociedad civil, el gobierno de México ratificó formalmente el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con lo que se comprometió a reconocer y promover desde sus instituciones los derechos de las personas trabajadoras domésticas.

Y a mediados de marzo de este año, el Senado ratificó el Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y violencia laboral, lo cual fue celebrado por las empleadas domesticas, que son las principales víctimas de estas agresiones por parte de los patrones.

A esto se suma la recién reforma a la Ley del Seguro Social aprobada por el Senado de la República para estipular como obligatoria la incorporación de las personas trabajadoras domésticas al IMSS, siendo la primera legislación en este tipo.

Sin embargo, esta ley no solo llega tres años después de la sentencia de la Corte, sino que para que sea una realidad falta su aprobación en la Cámara de Diputados.

«Desde CACEH celebramos estos avances, pero insistimos en que la Cámara de Diputados apruebe la reforma de manera expedita, y que el Ejecutivo realice un esfuerzo sin precedentes para cumplir con la obligatoriedad de otorgar seguridad social a todos los y las trabajadoras del hogar», indicó la organización en un comunicado.

«Todavía falta mucho»

A los 14 años, Marcelina Bautista comenzó a laborar como empleada doméstica y ejerció por más de dos décadas. En 1978 participó en el primer encuentro Latinoamericano de Trabajadoras del Hogar, aunque en México su lucha inició mucho antes, y esto la llevó a fundar en el año 2000 el CACEH.

Al mirar en retrospectiva, Bautista aplaude los avances que se han logrado en los últimos tres años para reconocer y garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar, pero, dice, todavía falta mucho para que esto se materialice.

«Faltan políticas públicas para el cumplimiento de los derechos que hoy ya existen. Las políticas públicas permitirán la implementación del convenio 189, de la Ley Federal del Trabajo y de la ley del Seguro Social con respecto a todos estos derechos que merecen la trabajadoras del hogar», señala.

Por lo que se está luchando, enfatiza, es por un contrato de trabajo por escrito, la seguridad social obligatoria, el cumplimiento de horario laboral, días de descanso, prima vacacional y todos los demás derechos que tiene cualquier persona trabajadora.

Todavía falta muchísimo para el cumplimiento de esos derechos. Queremos trabajo digno para todas las personas trabajadoras del hogar.

Marcelina Bautista

Expansión Política

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