Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas con irregularidades millonarias.
Programas sociales mantienen como beneficiarios a personas fallecidas.
La pandemia, un gran negocio: desfalcos, sobreprecios y adjudicaciones directas.
La difusión de los resultados de la Cuenta Pública 2020 presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió la ineficacia y la corrupción en el ejercicio del gasto en áreas y proyectos estratégicos del gobierno federal.
En la práctica, la ASF contempla dos tipos de revisiones: de cumplimiento financiero y de desempeño. Las irregularidades detectadas por más de 63 mil millones de pesos responden a un ejercicio fuera de toda normatividad en estos rubros.
Este lunes, el presidente López Obrador respondió que se trata de un proceso normal en el que se tienen que aclarar todas las observaciones; sin embargo, esto confirmaría que si bien los actos de corrupción tendrían que documentarse y presentarse las denuncias correspondientes, el gobierno no cumplió con un ejercicio eficaz y transparente.
Durante la presentación del informe, se encontró un posible daño al erario debido a que no se esclarece el destino de 60,229 millones de pesos correspondientes al segundo año de gobierno de la actual administración.
Entre los casos más importantes, la ASF detectó irregularidades millonarias en la construcción del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas; además, los programas sociales mantienen como beneficiarios a personas ya fallecidas, sin contar que la pandemia se convirtió en un gran negocio a causa de la compra de insumos con sobreprecios y mediante adjudicaciones directas.
En línea con el discurso oficial, las irregularidades detectadas en programas de ayuda alimentaria afectan “primero a los pobres”. La ASF detectó un daño por ocho mil 637 millones de pesos al erario de 2020, por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), así como de las empresas Diconsa y Liconsa debido a faltantes de granos en bodegas, productos de canasta básica echados a perder e irregularidades en la entrega de granos a pequeños productores.
Destaca también el caso de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que presenta irregularidades por 377 millones de pesos, a pesar de que la desastrosa administración de la ex velocista Ana Gabriela Guevara ya había sido señalada,
Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas con irregularidades millonarias
Las irregularidades financieras y de desempeño han empañado el brillo de las joyas de la corona. En el caso del Tren Maya, las anomalías ascienden a mil 300 millones por sobrecostos, gastos no reportados e indemnizaciones sin justificación.
Además, esta obra incrementó su costo inicial en 26.9 por ciento, al pasar de 141 mil 20 millones 761 mil pesos, en 2019, a 178 mil 984 millones 371 mil pesos en 2021. El informe también señala que existen anomalías en 265 millones 882.3 mil pesos de los recursos ejercidos durante dicho periodo y que están pendientes de aclaración.
Entre las observaciones realizadas por la ASF señala que el desarrollo del proyecto del Tren Maya se lleva a cabo de manera desarticulada debido a que no dispone de un programa de desarrollo regional que permita planear las acciones de las instancias responsables.
El aeropuerto de Santa Lucía y Dos Bocas no son muy diferentes. En la construcción del aeropuerto de Santa Lucía o Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no reportó el uso de 20 mil millones de pesos del fideicomiso con el que paga la obra.
De acuerdo a la tercera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2020, entregados por la ASF, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría gastado 20 mil 243 mil millones de pesos de más en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dicho monto representaría cerca del 40.6 por ciento de los 49 mil 765 millones de pesos detectados como daño al erario, dentro de la fiscalización realizada por la ASF que comprendió nueve auditorías en la que analizó 215 contratos.
Entre las inconsistencias encontradas por el órgano fiscalizador destacan la adjudicación de contratos a sobre costo (para la Torre de Control), además de pagos no comprobados y contratos que no cumplen con lo establecido por la ASF.
Acerca de la obra en Dos Bocas, la ASF detectó un monto de 59.2 millones en pagos indebidos a trabajadores, pagos en exceso por desmontaje de selva y contratos por adjudicación directa. Encontró también que los contratos que se dieron en diversos paquetes de la construcción de la refinería “Olmeca” de Dos Bocas en Tabasco, a cargo de la Secretaría de Energía, tuvieron varias irregularidades que derivan en un presunto perjuicio o daño al erario.
En el informe de “Conformación de Plataformas y Contratos Relacionados con el Proyecto de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, la ASF dictaminó que lo pagos en estos contratos no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables.
Programas sociales mantienen como beneficiarios a personas fallecidas
De acuerdo con el reporte de la ASF, los programas de Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Apoyos emergentes registraron probables daños al erario por mil 127 millones de pesos.
Entre las irregularidades se encontró que en la Pensión para Adultos Mayores se entregaron cerca de 10.1 millones de pesos a dos mil fallecidos, así como 22.2 mdp a mil 567 personas que no cumplían los requisitos para obtener el apoyo y hasta 10.2 millones de pesos a personas que cuidaban a los beneficiarios.
El informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, también encontró que bajo el concepto de apoyos a adultos mayores se detectaron irregularidades por 42.9 mdp, los cuales fueron dados a personas fallecidas y con documentación incompleta.
Según la ASF, los apoyos otorgados del programa de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” para garantizar el derecho a la protección social de la población indígena de 65 años o más de edad, así como a la población no indígena de 68 años o más, se observó que se otorgaron apoyos económicos por 22.6 mdp a mil 575 beneficiarios que no presentaron la Clave Única de Registro de Población (CURP), que es un requisito indispensable para acreditar el cumplimiento de la edad requerida para recibir los apoyos.
Pero eso no fue todo. El emblemático programa del gobierno de López Obrador, Sembrando Vida, -que incluso se intenta exportar a otros países- volvió a registrar anomalías en su segundo año de ejecución que derivaron en más de 901 millones de pesos por aclarar.
El programa concentra el mayor número de irregularidades, ya que sobrepasan los 890 millones de pesos que deben de solventar, pues no acreditaron apoyos a 18 mil 538 beneficiarios, además se desconoce si 19 mil 743 personas que reciben recursos plantaron árboles.
En cuanto a Jóvenes Construyendo el Futuro, la ASF ubicó 27.5 millones de pesos en irregularidades, la mayoría debido que se pagó a mil 315 beneficiarios que estaban inscritos también en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.
La última revisión de la Cuenta Pública presentada este domingo por la ASF confirma una serie de irregularidades en la operación del programa de capacitación laboral de la STPS que han sido señaladas en varias ocasiones, entre ellas, la de entregar recursos a personas ya fallecidas, observación que ya se ha venido haciendo en años consecutivos.
La pandemia, un gran negocio: desfalcos, sobreprecios y adjudicaciones directas
En la atención a la pandemia en México durante 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró posibles daños al erario público por un total de 2 mil 754.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas por parte de instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.
Compras a sobreprecio, pagos a personal que trabajaba en hospitales que no atendían a enfermos de Covid y adquisición de ventiladores y cubrebocas KN95 que nunca fueron entregados son algunas de las anomalías detectadas por el organismo.
En el Fondo de Salud para el Bienestar del Insabi, se analizaron las contrataciones de personal médico y paramédico, así como las compras de insumos (ventiladores, batas, pruebas, etcétera). Ahí se observó que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos, simplemente no se entregaron.
En abril de 2020, mientras los hospitales estaban saturados por pacientes con neumonías causadas por covid-19, la Cancillería mexicana negoció con una empresa británica, llamada Viva Enterprise Limited, la adquisición de mil ventiladores AEONMED VG70 por mil 416 millones de pesos; sin embargo, la empresa cobró el dinero al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) pero sólo entregó al gobierno 50 ventiladores tres meses después.
En los meses posteriores, la empresa reembolsó 401 millones 531 mil pesos al gobierno mexicano, por lo que la nueva estafa maestra dejó un hueco de 920 millones 441 mil pesos en el erario, que el Insabi trata de recuperar en tribunales británicos desde mayo de 2021, según se documenta en el informe de la ASF presentado este domingo.
Asimismo, el Insabi no acreditó la entrega de un millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, ni entregó documentación que comprobara la recepción y distribución de dos mil 250 ventiladores por los que pagó mil 600 millones de pesos. Adicionalmente, casi 18 millones de insumos médicos insumos fueron entregados de forma extemporánea al Instituto, entre 11 y 526 días después del plazo establecido en el contrato, sin que se establecieran penas a los proveedores por las demoras.
La Semar compró insumos médicos a sobreprecio, y es que, aunque sometió las compras a concurso, las empresas ganadoras le vendieron bienes que a su vez compraron a otras compañías que habían participado en dichos procedimientos y habían perdido por cotizar a precios superiores.
Finalmente, en lo que respecta a las primeras adquisiciones de vacunas contra SARS-CoV-2, la Secretaría de Salud no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas.
(Fuente: Proceso, La Razón, El Universal, El Sol de México, El Universal)