A lo largo de la campaña nacional de vacunación han surgido cuestionamientos respecto de las decisiones del Gobierno Federal sobre a quién sí y a quién no aplicar la vacuna, o en qué momento se debe hacer. Un ejemplo de ello es la vacunación para maestras y maestros del país, quienes han recibido un trato diferenciado en la administración de su primera vacuna y refuerzo. Sin embargo, la discusión que más debate ha provocado es por qué no se ha vacunado a personas menores de 18 años en su totalidad. En las últimas semanas, ese debate ha tomado fuerza debido al repunte en los contagios provocado por la nueva variante Ómicron, además del apresurado regreso a clases post-invernal, pero la realidad es que desde hace meses, diferentes actores, entre ellos madres y padres de familia, han pedido que se vacune a sus hijas e hijos.

La respuesta del Gobierno Federal, a través del subsecretario López-Gatell, es que no existe evidencia científica que respalde la aplicación de vacunas a menores de 12 años, por ejemplo. Mucho de lo que ha dicho también se ha basado en considerar que la mortalidad para esas niñas y niños no lo justifica. Más allá de los argumentos científicos y/o médicos, lo que verdaderamente se debería de estar considerando es el derecho a la salud de niñas y niños, así como su interés superior. Afortunadamente, así lo ha hecho el Poder Judicial de la Federación desde hace meses con las suspensiones otorgadas que ordenan se vacune a niñas y niños que han acudido al juicio de amparo.

Tal es el caso del amparo indirecto 1546/2021, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX. De lo que se puede consultar públicamente, una madre y/o padre de familia, en representación de su hija/o de once años, reclamaron la aplicación de la vacuna. El Juzgado decidió negar su aplicación, por lo que la decisión fue apelada y conocida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la CDMX. Básicamente, el argumento del Juzgado fue que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) no ha autorizado su aplicación a menores de 12 años todavía. Sin embargo, para el Tribunal Colegiado, apegándose al interés superior de las niñas y niños, sólo se alcanza el máximo ejercicio del derecho a la salud de las niñas y niños menores de doce años si se considera que en varias partes del mundo ya se aplica la vacuna a ese grupo de edad. Lo anterior no por un capricho, sino por una extensa serie de evidencias recopiladas en esos países, las cuales han sido avaladas y reconocidas por instituciones expertas de nuestro país, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No es válido decir que sólo porque no han muerto muchas niñas y niños no tenga caso aplicar la vacuna; el simple hecho de que exista ese riesgo para cualquier niña o niño obliga al Estado mexicano a actuar en su mayor beneficio, protegiendo su derecho a la salud. Además, también ya es reconocido que previene complicaciones de largo plazo, conocidas como “COVID Largo”. Por ello, el Tribunal resolvió conceder la suspensión y ordenar la aplicación del esquema de vacunación Pfizer-BioNTech.

No es la primera vez que el Poder Judicial de la Federación se adelanta y ordena la vacunación de ciertos grupos de edad. Así también fue con las niñas y niños mayores a 12 y menores a 17 años. En última instancia, el Gobierno Federal ha reaccionado, aunque mucho después, como con la vacunación a jóvenes de 15 a 17 años, y ahora la vacunación de niñas y niños mayores de 12 años con comorbilidades. No debería ser necesario que las niñas y niños tengan que obtener una orden judicial para la aplicación de una vacuna. El acceso a la justicia en nuestro país sigue siendo profundamente desigual, lo cual pone en peligro los derechos de niñas y niños. Tampoco deberían esperar semanas o meses para que el Gobierno 1) cumpla con las suspensiones ordenadas o 2) se decida a hacerlo a través de su política de vacunación. Todas las niñas y niños necesitan vacunarse para ejercer su derecho a la salud plenamente.

* Fernando Alcázar Ibarra (@feralc23) es Responsable del Área de Estudios Jurídicos de @Mexicanos1o.

Fernando Alcázar Ibarra/Animal Político/Mexicanos Primero

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