El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá determinó que no se ejecuten las denuncias penales o administrativas que se hayan promovido en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con el proceso de consulta de revocación de mandato prevista para el 10 de abril.
De igual forma, resolvió que el INE podrá instalar un número de casillas según «lo permita el presupuesto».
«Se modifica la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, solicitada por el INE, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado», señala la determinación, publicada este miércoles en estrados electrónicos.
«(Se ordena) no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho instituto», agrega.
El 22 de diciembre de 2021, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, promovió una denuncia penal en contra de seis consejeros que avalaron la suspensión temporal del ejercicio revocatorio, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los consejeros argumentaron insuficiencia presupuestaria, derivada del recorte por 4,900 millones de pesos que aprobó la Cámara baja.
Sin embargo, el 23 de diciembre, la Comisión de Receso de la Corte ordenó al INE continuar con la organización de la consulta de revocación, con los recursos que le fueron asignados.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, informó entonces que el órgano electoral acataría la resolución de la Corte y solicitó desestimar las denuncias contra él y sus pares, dado que los procesos judiciales siguen su curso ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque las denuncias contra servidores públicos se persiguen de oficio.
Recientemente, Córdova también lamentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) haya rechazado la solicitud del INE para recibir 1,738 millones de pesos adicionales a su gasto para completar los recursos para el ejercicio revocatorio.
Los consejeros argumentan que, si no tienen el dinero suficiente, no es posible instalar el mismo número de casillas que en la pasada elección federal, más de 161,000. Ante ese escenario, pedían que instancias judiciales les dieran el aval de poder colocar menos mesas de votación.
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