La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que 16 órganos descentralizados y desconcentrados sean adscritos a secretarías de Estado no solo abre el riesgo de mayor concentración de poder, también representa la posibilidad de que más adelante se pretenda que otros organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sean absorbidos.
Politólogas consultadas por Expansión Política explican que la propuesta de iniciativa que se enviará al Congreso en los próximos días responde a que el presidente quiere desmontar parte de la estructura gubernamental que le heredaron los gobiernos pasados y de paso quitarle autonomía de gestión a los órganos, que ha calificado de onerosos.
«Para el presidente la lógica es: hay que desmontar la estructura que le dejaron, pero la pregunta es si con esa decisión ¿se va a volver a la centralización de las funciones, en donde no hay rendición de cuentas?”, plantea Ivonne Acuña, analista política y académica de la Universidad Iberoamericana.
Desde abril del año pasado el presidente López Obrador anunció que pediría a Gobernación realizar un análisis sobre qué organismos pueden ser absorbidos por secretarías de Estado.
“(Se trata de) una reforma administrativa para ajustar al gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos. La mayoría no hacen nada, solo cuando se trata de defender intereses creados, y ganan muchísimo”, dijo en la conferencia de prensa del 29 de abril de 2021 .
El presidente argumentó que los tres poderes de la federación pueden encargarse de las funciones que tienen asignadas los autónomos. Propuso como ejemplo la incorporación del INE al Poder Judicial, al que calificó como “un poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable”.
Nueve meses tuvieron que pasar para que la sugerencia del presidente se inscribiera en una iniciativa. El jueves 27 de enero se difundió la propuesta con la que el presidente López Obrador prevé que las funciones de 16 organismos autónomos y descentralizados se integren al Poder Ejecutivo, a través de alguna de sus secretarías o entidades del gobierno, por lo que pueden perder su autonomía técnica y de gestión.
Los 16 órganos de los que se prevé su absorción son:
Para el cambio que propone el presidente López Obrador se requiere no solo una reforma administrativa, sino modificaciones legales porque esos organismos fueron creados en ley, es decir, el presidente no puede hacer cambios sin que sean aprobados por el Legislativo.
Lorena Vázquez, profesora e investigadora de la UAM, afirma que esta absorción de autónomos representa un peligro porque abre la posibilidad de que más adelante se busque incorporar a otros a secretarías de Estado.
“Es un riesgo latente incorporar a otros organismos, incluso los ataques al Instituto Nacional Electoral nos hablan de cómo se pretende un debilitamiento de instituciones que han funcionado bien, bajo el argumento de la austeridad… Esta transformación sobre la personalidad jurídica y patrimonio de los organismos descentralizados envía el mensaje de querer asumir el control administrativo, lo cual es bastante peligroso”, sostiene.
Los autónomos incomodan al presidente, por eso son constantemente atacados»
Lorena Vázquez, académica de la UAM.
De acuerdo con la investigadora de la UAM, más que un asunto de austeridad, pues esos 16 organismos ya tienen aprobado presupuesto para 2022, lo que el presidente quiere es acelerar “la transformación” en la administración pública, y ello pasa por reconfigurar la estructura administrativa.
“El argumento de la austeridad es endeble porque estos organismos ya tienen un presupuesto aprobado para el ejercicio del 2022, además, cuando estas transformaciones se proponen, no se han hecho diagnósticos de qué implicaría y qué se ganaría aplicando esa austeridad. Es un mensaje político del gobierno que lo que quiere es tener mayor control administrativo”, destaca.
Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, alrededor de nueve organismos han desaparecido como parte de la política de austeridad, entre ellos el Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación, ProMéxico, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y el Consejo de Promoción Turística.
En la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso una iniciativa para reformar el artículo 72 de la Constitución Política para “evitar el desmantelamiento institucional de los organismos constitucionales autónomos”, pero no prosperó.
El caso del Sistema Nacional Anticorrupción
Además de la absorción de algunos órganos autónomos, la iniciativa del presidente prevé la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“Se trata de desmontar una estructura, pero hace falta un organismo que esté vigilando que a ciertos niveles de gobierno no existe la corrupción”, apuntó Ivonne Acuña.
La experta dijo que, por la prisa de concretar una transformación, el presidente López Obrador no midió el impacto que pueden tener decisiones como la eliminación de la Secretaría Ejecutiva, actualmente encabezada por Ricardo Salgado Perrilliat.
“Entiendo la prisa del presidente, pero en esa prisa se han cometido errores administrativos, no se han hecho buenos diagnósticos. El presidente piensa más como político que como administrador público”, refiere.
Lorena Vázquez asegura que no es congruente que mientras el presidente asegura que una de sus principales batallas es el combate a la corrupción, pretenda iniciar con el desmantelamiento del sistema.
“El Sistema nacional Anticorrupción ha tenido problemas para echarse a andar, pero no resulta congruente que este sistema, que se ha creado el Estado mexicano para combatir la corrupción, pretenda ser mermado por un gobierno que ha tratado de combatir la corrupción”, destaca.
Expansión Política
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