Este miércoles circuló en redes sociales un video en el que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado detienen injustificadamente a un trabajador de una constructora que acababa de retirar 800 mil pesos de una sucursal bancaria de Coatepec, dinero que era para el pago de la nómina según aclararía su patrón, ¡que también fue detenido por ultrajes a la autoridad sólo porque grabó con su teléfono celular la patrulla que se llevaba a su empleado al antiguo cuartel de San José!

Pero lo más increíble y condenable es que al reclamar el ultrajado dueño su dinero, las autoridades policiacas solamente tenían en su poder 650 mil pesos, o sea que en el trayecto habían desaparecido ¡150 mil!.

Lo sorprendente fue el silencio cómplice que guardaron en la SSP ante un escándalo de esta magnitud. Muy similar al mutismo y complicidad que mostraron en el caso de los seis jóvenes xalapeños detenidos en septiembre pasado en la plaza comercial ubicada frente a la Central de Autobuses de Xalapa, los cuales estuvieron presos más de tres meses en el reclusorio regional de Pacho Viejo por el mismo delito de ultrajes a la autoridad que un grupo de policías les inventaron.

De no haber sido por la intervención del senador Ricardo Monreal, que ni siquiera es veracruzano, seguramente los jóvenes aún seguirían en prisión y los policías cazando a otras víctimas, pues habitantes de municipios circunvecinos se quejan también de haber sido detenidos y despojados sin motivo alguno de sus vehículos en los retenes de la SSP, los cuales son trasladados a un corralón improvisado en un amplio terreno aledaño a la Academia de Policía de El Lencero, cuyo presunto dueño es un empresario que tiene una compañía de grúas y una arrendadora de camionetas, algunas blindadas, que en el reciente pasado estuvo vinculado también en jugosos negocios con poderosos funcionarios duartistas. Algunos quejosos aseguran haber pagado más de 10 mil pesos por ser dejados en libertad y recuperar sus automotores.

Precisamente por la defensa mediática y política del líder del Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acaba de emitir la Recomendación 146/2021 dirigida al gobernador Cuitláhuac García por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la SSP del estado y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Ante esta recomendación de la CNDH, el mandatario veracruzano anunció anteayer que propondrá al Congreso local derogar el delito de ultrajes a la autoridad, por el que –según denunció este jueves en Xalapa Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Monreal– existen actualmente 2 mil 670 veracruzanos presos en diversos reclusorios de la entidad.

El 1 de diciembre pasado, al comparecer por tercera ocasión ante el Congreso local, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado –quien según versión de su ex jefe, el ex procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, fue despedido de esa dependencia en 2017 “por una decisión absoluta” del entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”–, dejó en evidencia su escaso dominio del Derecho pese al “doctorado” que llegó presumiendo en 2018 y que la revista Proceso desmintió. Y es que al preguntarle la diputada priista Anilú Ingram su “definición de ultrajes a la autoridad”, el titular de la SSP respondió cantinflescamente: “El tema de los ultrajes a la autoridad… Fíjate, te voy a platicar más o menos toda la historia de los ultrajes a la autoridad, porque yo fui policía y yo lo viví. El ultrajes a la autoridad, siempre en el Código de Veracruz, ha existido. Siempre. Desde que se creó el Código de Veracruz se existió. Las reformas que se hicieron al ultrajes a la autoridad fue en la anterior Legislatura, que eso se los agradezco. ¿Por qué? Porque el policía también es humano, el policía también tiene familia, al policía tienes que protegerlo. Si tú al policía no lo proteges, la delincuencia organizada no va a querer captar…”

Gutiérrez Maldonado desconocía que además de ser derogado en otros estados, en marzo de 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había declarado también la inconstitucionalidad del delito de “ultrajes a la autoridad”, al resolver los amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivado de procesos penales abiertos contra algunas personas en contexto de protesta en la Ciudad de México, demostrando su uso criminalizante contra la libre expresión.

La SCJN determinó que ese delito va en contra del principio de legalidad, debido a su ambigüedad”, remarcó la organización internacional Artículo 19 en marzo del año pasado al reprobar que precisamente por este delito, a principios de ese mes, Antonio de Marco Arango, director del medio digital Foro Tuxpan, había sido detenido durante 36 horas por elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado.

Inclusive, el 4 de mayo de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la modificación en la ley que quedó registrada en el expediente 66/2021, además de que diputados de oposición presentaron otra en el expediente 59/2021, ya que anteriormente este delito se sancionaba con 6 meses a 2 años de prisión, y ahora tiene agravantes que se penalizan con 5 y 7 años de cárcel.

Si deveras el presidente Andrés Manuel López Obrador tanto aprecia la honestidad de Cuitláhuac García, el tabasqueño le haría un gran favor quitándole a este lastre procedente de Monterrey que el gobernador tuvo que nombrar al frente de la SSP sólo por su parentesco con doña Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO.