Ariadna Montiel, la nueva secretaria de Bienestar y Rocío García, nombrada este 11 de enero como subsecretaria, promovieron la cancelación de las estancias infantiles por haber encontrado supuesta corrupción en su operación, pero en realidad solo tenían una evaluación que enlistaba incumplimientos y sus respectivas recomendaciones como “usar bote de basura con tapa”, “usar uñas cortas y sin esmalte”, “usar cubrebocas al servir alimentos” o que “los cepillos dentales de los niños tengan su nombre”.
En dicha evaluación –obtenida por Animal Político a través de solicitudes de transparencia– no existe ninguna referencia a la corrupción por “niños fantasma” con lo que justificaron la eliminación del subsidio a las instancias infantiles para sustituirlo por un programa de entrega directa de dinero a las madres.
La encargada de hacer dicha evaluación fue la nueva subsecretaria de Bienestar, Rocío García Pérez, entonces directora del DIF; y los resultados fueron presentados por la entonces subsecretaria de Bienestar, y ahora titular, Ariadna Montiel frente al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia del 18 de febrero de 2019.
Rocío García no había tenido experiencia previa al respecto, pues entre sus cargos está “directora territorial” en la alcaldía Gustavo A. Madero, subdirectora de publicidad en la Secretaría de Transporte y Vialidad; encargada de la dirección de Seguridad al turista en la Secretaría de Turismo en el Distrito Federal y directora de Vinculación Interinstitucional del Instituto para la Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de México. Y como directora del DIF, condicionó la entrega en efectivo del 2% y hasta 4% de salario a los empleados de mandos medios y superiores para un supuesto programa del que no existe rastro oficial, como reveló Animal Político. Pese a que los afectados denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública, la investigación no avanzó.
En tanto, Ariadna Montiel presentó los resultados del estudio “Inconsistencias del programa. Evaluación DIF Nacional”, en las que aseguró que 40% de las estancias infantiles existentes hasta ese momento estaban en “rojo” y representaban un “riesgo para las niñas y niños”; 26% estaban en “amarillo” por estar en “situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidas a corto plazo”; mientras que 4% estaban sin actividad y solo 30% “no presenta situaciones de riesgo”.
También dijo que habían identificado 244 mil niños registrados en las estancias, pero “hay 80 mil niños que no vimos en las supervisiones, porque llega el personal del DIF, supervisa el tema de atención y cuidados, y cuenta a los niños, y el DIF no logró registrar a más de 80,000 niños”.
Dicho estudio nunca se hizo público, pese a que en él se basó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el programa que había funcionado desde 2007 y estaba dirigido a las familias más vulnerables, es decir, a las madres trabajadoras que no tienen servicio de estancia en el IMSS, el ISSSTE, CENDI, o no pueden pagar una privada.
Por lo tanto, este medio solicitó el “estudio” o el sustento técnico de dicha información, pero la Secretaría de Bienestar entregó un PDF con la evaluación del programa de estancias infantiles en el que no existe ninguna referencia a lo informado por la subsecretaria Montiel.
Mientras que el DIF entregó un archivo de Excel donde sí están enlistadas las observaciones de “irregularidades” encontradas en la revisión a las estancias. Sin embargo, al analizar los datos, solo incluyen a 5 mil 500 estancias, aunque hasta 2018 existían 9 mil 126 registradas en el padrón oficial. Es decir, solo revisaron o registraron 60% del total.
Cada una de las estancias tiene más de un incumplimiento, por eso es que por su “gravedad” están clasificadas en 17 mil en “rojo” y 11 mil en “amarillo”, enlistadas en una tabla de Excel y con su respectiva “recomendación”.
Al revisar las “rojas” aparecen estancias como “Uchetik”, cuya “observación” fue que “el número de asistentes educativos deberá ser de acuerdo al número de niños inscritos” y que “los botes de basura deberán tener tapa”; se trata de un inmueble ubicado en el municipio de Zinacantán, Chiapas, uno de los más pobres del país y donde las mujeres se organizan en pequeñas cooperativas para vender sus bordados y obtener ingresos.
En la estancia “Pequeños Solecitos”, también en ese municipio, la observación fue que “todo el personal de la estancia infantil deberá evitar uñas largas accesorios (pulseras anillos aretes y collares)”, una región donde las mujeres usan collares tradicionales.
También estaba en rojo la estancia “Osos perezosos” en el municipio de Animas Trujano, en Oaxaca, cuyas recomendaciones tenían qué ver con la higiene: “la estancia infantil debe tener un espacio suficiente , delimitado, higiénico y ordenado para realizar el filtro, se observó falta de cortina en filtro”, que “el área de juego exterior los montables deberán estar en buen estado y limpios” y que “la planeación deberá surgir como resultado de las necesidades detectadas en las cédulas de evaluación y desarrollo infantil y sus respectivos formatos de retroalimentación por grupo y en el período correspondiente”.
En “amarillo” fueron ubicadas estancias como “Pequeños angelitos” en Aguascalientes, cuya recomendación fue que el personal “debe tener uñas cortas y sin esmalte”; en “Mundo de Peques” en La Paz, Baja California Sur, les recomendaron “usar cubrebocas para servir los alimentos”. En “Mis primeras Palabras” ubicada en Venustiano Carranza, Chiapas, la recomendación fue que “los alimentos refrigerados deben estar en recipientes con tapa”.
Lo más parecido a una recomendación por las condiciones de “seguridad” fue en “Libemol”, en el Estado de México, cuyas recomendaciones eran que “el baño requiere bordes o cintas antiderrapantes”, o “contar con un espacio suficiente, delimitado, higiénico y ordenado” para la revisión de los niños al entrar. Y en “Los súper amigos”, en Veracruz, tuvo la recomendación de “garantizar que los niños utilicen su propio cepillo dental, e identificarlos con el nombre del niño o la niña”.
En el listado aparecen 1,672 estancias “sin actividad”, pero según los reportes se debían a razones como vacaciones, falta de ingreso para pagar trámites de operación o cuestiones externas, como lo ocurrido en Ocozocoautla, Chiapas, donde hubo “un brote de dengue hemorrágico por lo que las autoridades sanitarias fumigaron y la estancia infantil “Mis pequeños angelitos” suspendió labores para realizar la limpieza del área y juguetes”. Solo 45 estancias aparecieron como “canceladas”.
No existió planeación
Animal Político también pidió la documentación o minutas de trabajo que dieran cuenta de las reuniones o sesiones donde la Secretaría de Bienestar mediante las cuales diseñaron el cambio de estrategia. Es decir, eliminar el programa de estancias infantiles y sustituirlos por el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niños y Niñas, hijos de Madres Trabajadoras, pero la Secretaría de Bienestar respondió que no tenía ninguna documentación al respecto.
También se solicitó la documentación que diera cuenta del análisis de los resultados, es decir, que explicaran cómo encontraron las diversas inconsistencias “como domicilios que responden a otra circunscripción, domicilios que no existen y beneficiarios no localizados, entre otras”, que también informó Montiel, pero tanto Bienestar como el DIF respondieron que no contaban con dicha información.
El programa de estancias infantiles consistía en que el gobierno subsidiaba a las más de 9 mil estancias que se habían constituido durante 12 años de operación. Les entregaba 900 pesos mensuales por cada niño inscrito, mientras que las madres solo pagaban una cuota de acuerdo a su nivel socioeconómico, que iban de los 50 a los 150 pesos semanales. La Secretaría de Desarrollo Social capacitaba a las educadoras y pagaba un seguro de accidentes para el inmueble; el DIF realizaba supervisiones de operación y Protección Civil, sobre infraestructura.
Las estancias también significaban una fuente de empleo para mujeres a veces en su mismo domicilio, pues podían acondicionar un espacio en sus casas o rentaban alguno, se inscribían en el programa, recibían apoyo gubernamental para comprar equipo y hacer adecuaciones, y ofrecía el servicio de cuidado a sus vecinas.
Ahora, el gobierno solo entrega 1,600 pesos bimestrales directamente a las madres, y ellas deciden a quién pagarle para que cuiden a sus hijos o gastarlo en otra cosa. Mientras que no existe información oficial de cuántas sobrevivieron porque el gobierno dejó de supervisarlas.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revisó al programa de estancias infantiles en 2018 y encontró que 96.5% de las usuarias consideró que la atención y cuidado de sus hijos tuvo un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, en el 96% de los casos desarrollaron habilidades sociales y un 97.5% observaron una mejora en el desarrollo motriz de los niños.
Además, 93.9% de las personas beneficiarias consideraron que el programa “contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios”.
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