La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este sábado una recomendación a la Fiscalía General de Justicia de Yucatán para que continúe con la investigación del posible homicidio y abuso sexual de José Eduardo Ravelo, un joven de 23 años, a manos de policías de Mérida en julio pasado.
El organismo autónomo señaló en un comunicado que, tras integrar un expediente, encontró elementos que permitieron evidenciar violaciones graves a los derechos a la vida, la libertad e integridad personal y la seguridad jurídica.
«(Esto) con motivo de la retención ilegal y uso excesivo de la fuerza que derivó en tortura y como consecuencia la privación de la vida de la víctima, imputables a autoridades del estado de Yucatán y del municipio de Mérida», advirtió.
Ravelo fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán, mientras caminaba por la calle. Tras el arresto, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció entonces su madre, María Ravelo.
Pese a esto, el 13 de agosto cuatro agentes acusados de agredir al joven quedaron libres porque el juez consideró que no había pruebas suficientes en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el 18 de agosto de 2021 la madre presentó una denuncia y se inició la investigación por el posible delito de tortura.
A finales de agosto, se realizaron la exhumación del cadáver y la necropsia. En octubre, la FGR concluyó que Ravelo «falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención» y descartó que haya existido tortura o violación sexual por parte de los policías.
Frente a ello, la CNDH pidió a la fiscalía estatal continuar con la investigación, «a efecto de que sea la autoridad jurisdiccional competente la que determine bajo sentencia, si fuera el caso, la pena correspondiente de los responsables».
Asimismo, pidió practicar todas las diligencias necesarias para determinar la probable responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.
Del mismo modo, recomendó trabajar con la FGR en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de los actos de tortura cometidos contra el joven, a fin de que las víctimas indirectas tengan acceso a la justicia.
La CNDH también pidió colaborar ampliamente en la presentación y el seguimiento de las quejas que se formulen ante la Contraloría de la fiscalía estatal, por las inconsistencias que se advirtieron en la necropsia, y solicitó al ayuntamiento de Mérida ofrecer una disculpa pública a la familia de la víctima, así como reparación del daño con una indemnización.
Para la comisión, los afectados deben ser inscritos en el registro de víctimas para tener acceso a recursos de este fondo, y debe darse seguimiento a las quejas contra las autoridades que fueron omisas en brindar asistencia médica al joven por las lesiones que sufrió.
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