La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la justicia federal una pena de 15 años de prisión en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, esta vez por el delito de lavado de dinero dentro del caso Agronitrogenados.
Esta solicitud es adicional a la que se dio a conocer previamente esta semana por el caso Odebrecht, en el que la FGR acusa al exfuncionario de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho y pide que se le impongan 39 años de cárcel.
Dentro del caso Agronitrogenados, la FGR también solicitó a un juez federal que se castigue a Lozoya con 5,000 días de multa, la entrega de una residencia en la colonia Lomas de Bezares de la Ciudad de México y una reparación del daño equivalente a 70.6 millones de pesos, según reporta el diario Reforma este sábado.
En esta causa penal, Lozoya es acusado de haber recibido un soborno de la empresa Altos Hornos de México para que Pemex comprara a la compañía la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, a pesar de que se encontraba en condición de “chatarra”.
Por este caso también fue detenido el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, aunque quedó en libertad tras acordar la devolución de más de 200 millones de dólares correspondientes a la transacción.
En lo que respecta a Lozoya, la FGR abrió la puerta a que el proceso penal en su contra por el soborno de Agronitrogenados llegue a su fin, si el exfuncionario accede a entregar la casa de Lomas de Bezares y paga los 70.6 millones de pesos de reparación del daño, según detalla Reforma.
Lozoya, quien encabezó Pemex durante los primeros años de la presidencia del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido en España en febrero de 2020.
Meses después fue extraditado a México, donde se le vinculó a proceso penal tanto por el caso Odebrecht como por el caso Agronitrogenados. Sin embargo, entonces logró que no se le estableciera prisión preventiva como medida cautelar, sino encarar los procesos en libertad.
La situación dio un giro de 180 grados en noviembre pasado, cuando la FGR solicitó y consiguió que se le cambiara la medida cautelar y se le impusiera prisión preventiva, luego de la indignación que causó que el exfuncionario fuera fotografiado cenando en un restaurante de lujo de la capital del país.
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