En México se practican alrededor de un millón de interrupciones de embarazos al año, reveló una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
El estudio Panorama actual sobre el aborto en México detalla que alrededor de 54% del total de embarazos no planeados en México se resuelve mediante un aborto inducido.
Detalla que la práctica del aborto es más frecuente en las jóvenes sexualmente activas de menos de 25 años y que el 36% de las mujeres con abortos inducidos tienen complicaciones que requieren atención médica; se incrementa hasta 45% en el caso de mujeres indígenas.
El Instituto Belisario Domínguez asegura que un aborto clandestino es inseguro y pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes.
El aborto se ubica en el quinto lugar de las causas de morbilidad materna extremadamente graves y sus complicaciones desencadenaron 7.5% del total de las muertes maternas registradas en México entre 1990 y 2016.
El estudio destaca que una de las principales causas fundamentales del aborto inducido es el embarazo no planeado.
La investigación detalla que en México, la regulación sobre el aborto se realiza tanto a escala federal como local, sin embargo, la regulación es “heterogénea y desigual”, lo que afecta los derechos de las mujeres y personas gestantes.
En 26 estados donde la interrupción del embarazo se considera un delito las mujeres y las personas gestantes enfrentan penas privativas de la libertad que van desde un mínimo de 15 días de prisión en el estado de Tlaxcala, hasta un máximo de seis años en el caso de Sonora, además de multas, trabajo comunitario, tratamiento médico y/o psicológico.
Estados donde la interrupción del aborto es ilegal
La interrupción del embarazo aún es ilegal en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
En seis entidades han despenalizado su práctica cuando hay hasta 12 semanas máximo de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Baja California.
El Instituto Belisario Domínguez afirma que las mujeres y las personas gestantes deberían tener los mismos derechos a la interrupción voluntaria del embarazo y el mismo acceso a servicios legales, seguros y gratuitos, en particular las más desprotegidas.
Por lo que, la criminalización del aborto constituye una violación a los derechos humanos fundamentales, que termina discriminando y lastimando a las mujeres más vulnerables y pobres del país.
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