Las crónicas que dieron la vuelta mundo fueron apenas un pálido recuento del infierno que viven cada día miles de migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos en una mortal travesía por nuestro país.

No fue el exceso de velocidad lo que provocó el accidente en el que perdieron la vida al menos 55 migrantes en Chiapa de Corzo. Fueron la corrupción y la negligencia de un gobierno que alentó la migración y que se ha convertido en un cruel verdugo, en complicidad con grupos delincuenciales y de trata de personas.

Para intentar evadir su responsabilidad en esta tragedia, el gobierno morenista ha sembrado un falso debate: el tráiler que transportaba en dos contenedores al menos 166 personas originarias de Guatemala, Honduras, Ecuador y República Dominicana, nunca pasó por un retén de revisión.

Los dos supuestos son criminales. Si, en efecto, pasó por hasta tres retenes sin que el chofer hubiera sido molestado, confirma que la corrupción ha calado hasta las entrañas de las autoridades como sucedió en el pasado que tanto se critica. En caso contrario, ¿cómo explicar que haya podido transitar por la columna vertebral del sureste sin que nadie lo haya revisado?

Hoy el gobierno de la 4T intenta lavarse la cara otorgando a algunos de los sobrevivientes la Tarjeta por Razones Humanitarias (TRH) para que puedan estar en el país de forma regular y con autorización para trabajar en México. ¿Es acaso un requisito encarnar una tragedia de esta magnitud para que sus derechos humanos sean respetados?

Hace seis años, Morena exigía al gobierno federal garantías y facilidades de libre tránsito a los migrantes, rechazando cualquier acto de persecución. Pero se convirtieron en gobierno y las cosas cambiaron para seguir cada vez peor.

Un mes después de tomar posesión, el Presidente alentó a cientos de centroamericanos que llegaron en una nueva caravana a la frontera sur entre Guatemala y Chiapas. Entonces, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) los recibieron con la noticia de que sólo tenían que registrarse para tener un permiso de estancia por un año, sin ninguna restricción para salir del país; aproximadamente mil indocumentados aceptaron su registro y recibieron su permiso.

Todo se trató de un engaño. Los brazos abiertos con que el gobierno de López Obrador recibió a miles de migrantes centroamericanos en enero de 2019, se convirtieron en corrupción, violencia, persecución y muerte.

Una y otra vez, López Obrador ha exigido al gobierno de Estados Unidos atacar el origen de los problemas que propician la migración –violencia, pobreza, marginación y desempleo-, sin embargo, nada ha hecho para que su propia administración rompa el cerco de corrupción que deja a funcionarios mexicanos y a la delincuencia organizada miles de millones de pesos cada año gracias a este tráfico de personas.

Una y otra vez, el gobierno de México pide un trato digno a nuestros paisanos mexicanos que buscan emigrar a los Estados Unidos, mientras ignora intencionalmente la barbarie y la tragedia humanitaria que se vive en el sureste del país. Si Estados Unidos encarna el sueño americano, México se ha convertido en la pesadilla.

Por muchos años, lo mismo como funcionario público que como senador y diputado federal, el tema migratorio ha sido una de mis prioridades. No se trata de hacer una crítica descarnada que busque politizar una tragedia inimaginable, sino de continuar alzando la voz sobre un fenómeno cada vez más violento, cada vez más trágico, cada vez más ignorado.

En enero de 2020, como diputado federal integrante de la Comisión legislativa de Asuntos Migratorios, señalé como Morena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “han ejercido un silencio cómplice frente a la violencia y graves violaciones de derechos cometidas por la Guardia Nacional en contra de migrantes centroamericanos”.

Lo dije también en septiembre pasado, mucho antes de esta tragedia. Siempre de escasa memoria, López Obrador reniega de lo dicho por él mismo en 2015 cuando se organizaron las primeras caravanas de migrantes centroamericanos:

“El gobierno de México aceptó el papel de policía, porque quieren que la frontera con Estados Unidos se traslade al Río Suchiate hasta Chiapas, Tabasco, Campeche, al límite con Guatemala; por eso instrumentaron todo un plan para detener a migrantes centroamericanos en el sureste”. Una vez más, el Presidente López Obrador terminó haciendo exactamente lo que tanto rechazaba como eterno candidato a la Presidencia.

Por desgracia, la tragedia de Chiapa de Corzo no será la última, será acaso una más.

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