En México 8 de cada 10 personas que hoy están en prisión fueron detenidas por policías o militares sin que existiera una orden de aprehensión en su contra. La mayoría fueron privados de su libertad en la calle o en su casa sin una orden judicial, solo señalados por testigos de supuestamente haber perpetrado antes un delito.

Una vez detenidos, no les informaron los delitos que supuestamente cometieron ni les leyeron sus derechos. Peor aún: antes de llegar a la agencia del Ministerio Público más del 60% de ellos fueron intimidados y la casi la mitad fueron golpeados o torturados. Ya en el MP los maltratos prevalecieron: uno de cada dos fue incomunicado, el 30% fue golpeado y el 10% fue electrocutado. El 15% de las mujeres fueron violadas o abusadas sexualmente.

Todo esto pasó sin que la mayoría de estas personas contaran con un abogado que los representara, asesorara o defendiera. De hecho, en casi el 80% de los casos los defensores de oficio no le preguntaron si fueron golpeados y, en cambio, les pidieron que se declararan culpables para cerrar rápido los procesos.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 reveló que aun cuando el nuevo sistema penal cumplió ya cinco años en funcionamiento persisten las violaciones al debido proceso, los maltratos, abusos y tortura en toda la cadena que lleva a una persona a la cárcel: desde que es detenida, pasando por el Ministerio Público, hasta que tiene que enfrentar su proceso en un centro penitenciario.

En comparación con 2016, cuando aun funcionaba el viejo sistema penal, existen algunos avances como la reducción de la violencia física que alcanzó niveles superiores al 60% hace cinco años. Sin embargo, al mismo tiempo se ha profundizado la ausencia de abogados y se han documentado otro tipo de presiones como amenazas de muerte a los detenidos.

Los datos de la ENPOL muestran que al cierre del primer semestre de este año había más de 220 mil personas encarceladas en México, un incremento de casi 10 mil internos respecto a los que había en 2016, fecha de la última encuesta. El porcentaje de ingreso de personas a prisión sin sentencia ha subido y en el caso de las mujeres prácticamente la mitad está encarcelada sin que se haya probado que cometió un delito.

Estos números confirman lo reportado por Animal Político e Intersecta en el reportaje “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”, donde se documentó el crecimiento de encarcelamiento de personas sin sentencia. De hecho, de acuerdo con la ENPOL 2021, más del 40% de las personas encarceladas niegan haber cometido algún delito.

A continuación, se detallan los principales hallazgos relacionados con posibles violaciones al debido proceso, defensas inadecuadas y los maltratos documentados por la ENPOL en cada fase del procedimiento penal.

Los arrestos: opacidad, abusos y nula investigación

La detención y encarcelamiento de personas como resultado de una investigación que haya derivado en una orden de aprehensión no es la regla sino la excepción. La ENPOL arroja que solo el 19% de las personas en prisión fue detenido con esta modalidad.

En cambio, la forma mas común de detención de una persona es asegurarlo en la calle, aunque no este cometiendo un delito en flagrancia ni exista una orden en su contra. El 23% de las personas señalaron haber sido aseguradas de esta forma que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es injustificada. Cabe señalar que este porcentaje creció respecto a lo reportado en 2016 cuando la cifra era de 20%.

A ellos se suman un 19.8% de personas que además sostienen que la policía o los militares ingresaron a su domicilio o a una propiedad y ahí los detuvieron. Todo ello sin que tampoco existiera una orden de arresto ni de cateo.

Un 12% de los detenidos sostienen que las autoridades los aseguraron luego de una revisión. El resto de las personas fueron detenidas inmediatamente después de que cometieron un presunto delito.

De forma contraria a lo que marca ley, solo en 1 de cada 5 casos el agente que realizó la detención se identificó y mostró su placa o credenciales. Además, 3 de cada 4 personas en prisión señalaron que nunca les explicaron o leyeron sus derechos cuando fueron detenidos, y a muchos tampoco les explicaron que delito habían cometido.

Y luego vienen los maltratos y la posible tortura. Los datos de Inegi revelan que casi el 65% de todos los detenidos sufrió algún tipo de violencia psicológica, y casi la mitad, el 48.6%, padeció de violencia física.

Entre los distintos tipos de violencia que enfrentaron las personas en prisión al momento de su detención se encuentra amenazas de muerte con un 26.5%; asfixias o ahorcamientos con 23%; ahogamientos con 16.4%; y hasta descargas eléctricas con 12.5%.

En el caso de las mujeres se suma otro maltrato recurrente: las agresiones sexuales. Al menos 15 de cada 100 mujeres detenidas revelaron que sufrieron de violencia sexual durante su detención y 1 de cada 20 incluso fueron violadas.

En el MP: más maltratos, nula defensa

Llegar al ministerio Público no significa que terminen los abusos y violaciones a derechos humanos. Al contrario. La ENPOL 2021 revela que lo que predominan son las irregularidades sumadas a otro factor: la ausencia de una defensa legal que, aunque es obligatoria, en los hechos es una excepción.

Solamente 1 de cada 4 personas en prisión aseguraron que tuvieron acompañamiento de un abogado mientras estuvieron a disposición del Ministerio Público. De hecho, el 86% nunca pudo hablar a solas con un defensor durante todo el tiempo que estuvieron en una agencia ministerial.

Esto significa que no había un abogado presente cuando, por ejemplo, al 51.8% de los detenidos los amenazaron e incomunicaron en la agencia del MP, cuando a casi el 38% los amenazaron con presentarles cargos fabricados, cuando a casi el 23% los amenazaron con asesinarlos, cuando el 10% fueron torturados con toques eléctricos o cuando a un 18% los sometieron a tratos crueles con ahogamientos.

De manera absolutamente irregular, el 30% de los detenidos señalan que el MP les fabricó declaraciones ministeriales que ni rindieron ni firmaron. Hay un 76% que sí rindieron una declaración, pero tuvieron que hacerlo sin abogado que los auxiliara. En ese contexto la mitad de los detenidos terminó declarándose culpable.

Cuando el Inegi le preguntó a las personas en prisión por qué se habían declarado culpables, la quinta parte señaló que lo hicieron tras haber sido agredidos o torturados por las autoridades.

Ante el juez: “declárate culpable”

La mayor parte de las personas en México no cuenta con recursos para costear un abogado privado que les ayude a salir de prisión. Apenas el 25%de los reos encuestados por el Inegi refirieron que pudieron costear, durante todo su proceso, un abogado privado.

Lo anterior no debería significar un perjuicio para una persona dado que en México todo mundo tiene derecho a un abogado público y gratuito. El problema, como se adelantó en el reportaje mencionado al inicio de esta nota y ahora confirma Inegi, es que debido a las cargas de trabajo dichos abogados de oficio hacen poco para tratar de demostrar la inocencia de sus representados en el juicio.

De hecho, más de la mitad de los encuestados (53.8% ) revelaron que su defensor de oficio les pidió declararse culpables para tratar de cerrar el caso y obtener una pena reducida. En cambio, solo el 53% de los abogados privados dieron una sugerencia similar a sus representados.

Otra diferencia significativa se da en la presentación de amparos contra la posible violación de derechos fundamentales de los detenidos. Casi la mitad de los defensores privados tramitan estos recursos a favor de sus clientes, pero en el caso de los abogados de oficio solo ocurre en el 18.4% de los casos.

De hecho, solo la cuarta parte de los encarcelados (un 27%) dijo que su abogado de oficio presentó pruebas durante el proceso judicial para defender su inocencia. Un porcentaje muy lejano al 60% de defensores privados que sí lo hicieron.

Pese a que los abusos, maltratos, intimidaciones y hasta tortura son hechos que ocurren con frecuencia durante las detenciones o declaraciones ante el Ministerio Público, apenas un 22% de los abogados de oficio le preguntaron a sus representados si sufrieron en maltratos durante el proceso.

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