Ciudad de México.- Los casos de los hermanos Flores Garfias guardan múltiples similitudes. Ambos están imputados como copartícipes. Aunque la defensa sostiene que ninguno estuvo en Xalapa la mañana del 29 de junio de 2020.

“Tenemos cinco horas hasta Veracruz para que hables. Así que, o hablas, o ya te cargó la chingada”.

En su narración ante el juez de control tras ser detenido, Alberto Flores Garfias denunció que esa fue tan solo la primera amenaza con la que los policías ministeriales veracruzanos lo amedrentaron para que se incriminara en el asesinato en junio de 2020 de la rectora de la Universidad Valladolid de Xalapa; un caso por el que ya lleva más de un año presa su hermana, July Raquel Flores, quien tal y como documentó Animal Político en otro reportaje denunció que también fue víctima de tortura sexual a manos de agentes ministeriales.

En las dos audiencias iniciales, celebradas los pasados 11 y 16 de noviembre, Alberto, de 29 años, narró que al mediodía del 10 de noviembre estaba en su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, cuando su madre le avisó que afuera había dos mujeres que querían ofrecerle una ayuda económica por ser padre soltero. Una de ellas “llevaba un chaleco cafecito que decía Servidor de la Nación”.

Las mujeres accedieron a su casa, le hicieron llenar unos formularios, y una de ellas le insistió en que necesitan copia de su credencial. Alberto salió para dirigirse a la papelería de la esquina y cuando “no llevaba ni 15 metros, me salieron cuatro personas que me sometieron agarrándome del cuello y tirándome al piso”.

“Ya chingaste a tu madre. Ya te agarramos”, le gritaron.

De inmediato, otra hermana de Alberto, junto con su cuñado y su sobrino, salieron a la calle a preguntar qué sucedía. “Pero esas personas jamás les dieron una explicación, ni se identificaron, nada”.

“Quítate, o te va a cargar la verga a ti también”, le espetó uno de los agentes a su sobrino, que trataba de impedir que se lo llevaran.

Acto seguido llegó un carro blanco y tras recibir un golpe en los testículos para que dejara de resistirse, Alberto entró a la fuerza en el coche.

En el trayecto a la Fiscalía de la Ciudad de México comenzaron los golpes en la cabeza y en las costillas. “Me pagaban a puro puño”. Y una vez en el llamado ‘búnker’ capitalino, dijo que lo amenazaron para que confesara su supuesta participación en el asesinato de la rectora María Guadalupe Martínez Aguilar.

“Nada más estamos esperando a que te pongan en nuestras manos y vas a valer madres”, le decían.

En la Fiscalía de la ciudad, Alberto aseguró que tras ser revisado por el doctor firmó un documento en el que leyó que ya traía lesiones a la altura del estómago y de las costillas.

“Metió su pistola en mi boca”

A continuación, lo subieron a una camioneta para su traslado a Veracruz. Afuera del búnker ya estaba su madre, que sorprendió a los ministeriales subiéndose al vehículo. “Ya me torturaron a mi hija -les recriminó-, y no voy a permitir que ahora hagan lo mismo con mi hijo. Yo también voy con ustedes”.

En la camioneta se armó “un borlote”. Hasta que un agente ministerial bajó, jaló a la mujer del brazo, “y la aventó a la fuerza del carro sin ningún pudor”.

Antes de salir de la ciudad, en mitad del tráfico, uno de los ministeriales sacó la pistola. “Me la puso primero en la pierna, y luego la metió en mi boca”, denunció Alberto. “Si no confiesas, tú y tu puta familia van a valer madres”, lo amenazó acto seguido. “En cuanto salgamos de la ciudad te vas a cagar y a mear encima”.

Una vez en la pista rumbo al penal de Pacho Viejo, donde sería su audiencia, Alberto explicó que le apretaron las esposas hasta el punto de no sentir las manos, se las colocaron por detrás de la espalda, y le vendaron la cabeza para que no pudiera ver. “Me dieron toques en los brazos y en los genitales”. Luego le colocaron una “bolsa gruesa” en la cabeza y comenzaron a asfixiarlo. “Ya hablarás, tenemos toda la noche para divertirnos contigo”, le gritaban.

Una vez en el ministerio público en Xalapa, el joven narró que fue “encuerado” y tumbado en una colchoneta donde le echaban agua en la cara para asfixiarlo. Como seguía sin hablar, le aplicaron más descargas eléctricas. “Me quemaron el pene”, dijo Alberto al juez durante la audiencia inicial, en la que llegó a quedarse desnudo para que éste pudiera comprobar los efectos de las agresiones.

Tras media hora, pasó finalmente con otra doctora. “Vi que ella puso todo lo que vio, pero luego la obligaron a que cambiara todo. Hizo un certificado falso”.

Alberto firmó las hojas que le pusieron delante y de ahí fue puesto ante el juez.

“No es tortura, son marcas de acné”: MP

“A simple vista me di cuenta de que estaba usted golpeado, no soy ciego. Por eso decidí que se abriera una carpeta (por tortura). Sin embargo, no aprecio cuál es el impacto de esa posible tortura”, dijo ese juez en la audiencia inicial del 11 de noviembre.

En esa misma audiencia, el Ministerio Público rechazó que se hubiera cometido tortura o tratos degradantes en contra de Alberto, asegurando que las marcas que éste mostró desnudándose podían ser producto “del acné”.

“No son quemaduras, son espinillas y acné”, insistió la asesora del MP, que también dijo que los moretones y cicatrices “no eran recientes”, que los rasguños “se los acababa de hacer antes de la audiencia”, y que las marcas en los genitales “no se podían apreciar bien”, por lo que habría que descartar primero que el imputado no tuviera “una enfermedad venérea”.

“No somos doctores, pero no fue torturado”, concluyó la asesora del MP.

Precisamente, con el fin de que una doctora pudiera determinar si Alberto presentaba o no lesiones, cuatro días después, el 15 de noviembre, una experta criminóloga y victimóloga certificada por el Poder Judicial de Veracruz lo revisó en el penal de Pacho Viejo.
En su dictamen, del que este medio guarda copia, la perita certificó que Alberto “sí presenta datos clínicos visibles de lesiones” físicas y también emocionales –“muestra rasgos altos de ansiedad que son clínicamente significativos, propiciados por detonantes específicos de violencia en contra de su persona”-. Por lo que sugirió que se le practicara el Protocolo de Estambul; la técnica que se emplea para determinar si una persona fue sometida a tortura.

Además, el dictamen va acompañado de un anexo fotográfico, también en poder de este medio, en el que se aprecian hasta 35 lesiones por hematomas, rasguños, y marcas repartidas por brazos, costillas, manos, glúteos y genitales de Alberto. En el caso del pene y testículos se dejó constancia de lesiones por “electrocución”.

No obstante, un día después, en la audiencia de vinculación del 16 de noviembre, el juez mantuvo su argumento.

“(La perita) nos dijo lo que se ve, que usted tiene golpes, algunos de ellos graves. Sin embargo -insistió-, eso no me permite establecer si hubo un impacto en la investigación que realizaron (los agentes ministeriales veracruzanos), pues en ningún momento he leído que se haya usted autoincriminado. Al contrario, ha sostenido su inocencia”.

Por ello, el juez consideró necesario que se realizara una investigación más a fondo, aunque decretó que, mientras tanto, Alberto fuera vinculado a proceso y puesto de manera inmediata en prisión preventiva, a la par de que se lleva a cabo su proceso como presunto copartícipe en el asesinato de la rectora.

“En Veracruz, la policía te puede torturar y tú puedes mostrar las marcas y las heridas, y no pasa nada”, lamentó en entrevista el abogado de Alberto y de July Raquel Flores, Rodolfo René Paratte.

Diferentes celulares, diferentes ubicaciones

Los casos de los hermanos Flores Garfias guardan múltiples similitudes. Ambos están imputados como copartícipes. Aunque la defensa sostiene que ninguno estuvo en Xalapa la mañana del 29 de junio de 2020.

En el caso de Alberto, el abogado Paratte presentó los chats que éste mantuvo el día del asesinato con su pareja sentimental, en los que incluso hay imágenes de la ubicación en tiempo real que le compartió. Esa ubicación, que este medio constató, mostraba que a las 7.42 de la mañana, es decir, poco más de una hora antes del homicidio, el celular se encontraba en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, a cientos de kilómetros de Xalapa.

Sin embargo, la Fiscalía veracruzana presentó ante el juez los datos relativos a otro número de celular que, supuestamente, también pertenece a Alberto Flores, en el que tras un peritaje se comprobó que la ubicación del teléfono sí mostraba que estaba a menos de 600 metros del lugar del asesinato.

“Ese número no tiene nada que ver ni con el mío personal, ni con el del trabajo”, alegó Alberto ante el juez.

Pero esta prueba de la Fiscalía, aunado a que Alberto faltó a su trabajo en una panadería el día de los hechos -el joven explicó que faltó porque una noche antes estuvo festejando el cumpleaños de un hermano-, fue indicio suficiente para que el juez de control lo vinculara a proceso y que siguiera la investigación.

Las dudas de los testigos

Por otra parte, la Fiscalía también presentó varios testigos que estaban al interior del domicilio cuando varias personas armadas accedieron al inmueble y asesinaron a la rectora. Varios de ellos, al ponerles delante una fotografía de Alberto Flores Garfias lo reconocieron como uno de los copartícipes.

En la audiencia del 16 de noviembre el abogado Paratte entrevistó a varios de esos testigos. Uno de ellos, Emanuel ‘N’, empleado de la Universidad, refirió que no pudo ver las características de los agresores, “porque tenía la mirada abajo”.

Otra testigo de identidad protegida describió a uno de los agresores con “cejas gruesas” y “orejas grandes”, siendo que ninguna de esas características coincide con las de Alberto. Como el resto de los testigos, no mencionó como seña particular que Alberto tiene numerosos tatuajes, incluso dos visibles en el cuello.

-¿Si vieras ahora a esa persona… podrías reconocerla? -inquirió el abogado señalando a Alberto, que estaba sentado a su lado.
-¡Objeción! -saltó de inmediato la asesora del MP, que se opuso a que la entrevistada respondiera alegando que la defensa estaba planteando “conjeturas”.

-Deje que conteste -reviró de inmediato el juez, visiblemente agotado ante las constantes interrupciones de la Fiscalía en los interrogatorios de la defensa.

-Pues… la verdad, no recuerdo -admitió la testigo.

A continuación, el abogado entrevistó a otro testigo, que dijo que Alberto “tiene cierto parecido” con uno de los coautores, “aunque ahora está más robusto”.

Por último, el abogado entrevistó a otro testigo que describió a uno de los agresores como “estatura media, complexión normal, ni gordo ni flaco, y con cejas gruesas y orejas grandes”. Mientras que el segundo agresor “tenía el pelo largo, ondulado, se le salía de la gorra por los lados, y traía cubrebocas. Este era flaco y no muy alto”.

Ante estas descripciones, el abogado hizo que Alberto se levantara ante el juez. “Mi defendido mide 1,87, su señoría. Es una persona alta”.

-¿Testigo, la persona que está a mi lado concuerda con las características de algunas de las personas que usted vio? -cuestionó a continuación el letrado, ante la nueva objeción del Ministerio Público que tampoco fue atendida por el juez.

-Conteste.

-Tiene ciertas características, pero no podría asegurar a ciencia cierta que fue una de las personas que entró a mi casa -dijo.
En el caso de la hermana de Alberto, July Raquel Flores Garfias, cabe recordar que otras de las pruebas de la Fiscalía para imputarla fue que varios testigos también la reconocieron en fotografías. Se trataba de imágenes de video captadas por una cámara de una tienda de autoservicio próxima a la Universidad Valladolid.

En el video, al que este medio tuvo acceso, se aprecia una mujer de pelo oscuro a media altura y con la mitad del rostro oculto tras un cubrebocas.

“Es primordial que el juez vea que la persona de ese video no tiene nada que ver con July Raquel, que su cara, sus facciones, el pelo, todo es distinto”, apuntó Paratte, que señaló otro elemento clave que se aprecia a simple vista en el video: la mujer que aparece entrando en la tienda lleva una camisa de manga corta que le deja al descubierto por completo ambos brazos. En ninguno de los dos se aprecia algún tatuaje. En cambio, July Raquel tiene hasta nueve tatuajes, cuatro de ellos plenamente visibles en brazos, antebrazos y muñecas, tal y como acreditan múltiples fotografías suyas publicadas años atrás en su perfil de Facebook, y que la autoridad de investigación no tuvo en cuenta antes de detenerla para encarcelarla.

Además, en el caso de July, que sigue a la espera de los resultados del Protocolo de Estambul que le realizó en octubre pasado personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), varios testigos declararon que la mujer se encontraba trabajando como jardinera en un kínder en Cuautitlán Izcalli, a más de 300 kilómetros de Xalapa. Incluso, se aportaron imágenes de los chats que ese día mantuvo con la dueña del kínder y del depósito bancario que ésta le transfirió ese mismo día por los trabajos de jardinería.

Fuente: Animal político

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