En la reunión entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el puerto de Veracruz “al estado mexicano no le fue nada bien” luego de que por tres horas los asistentes relataron llamadas partición de agentes del estado en las desapariciones, las omisiones de las autoridades, el rezago en la identificación de los cuerpos y las urgencias que se tienen en materia de búsqueda en vida e investigación en casos actuales y de larga data.
Para algunos colectivos el tiempo que les otorgaron fue limitado ante la crisis que se vive en el estado en materia de desaparición. Tras escuchar a los colectivos, se dijo que será en abril de 2022 cuando la ONU presente un dictamen y en su caso, haga recomendaciones hacia el estado mexicano en torno al tema.
*Hubo poco tiempo”: Belén González
La vocera del Colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, Belén González, dijo que aunque se dio voz a todos el tiempo fue insuficiente para mostrar las graves deficiencias que presenta el estado.
“Me sentí limitada de tiempo para poder expresar todas las inquietudes que tenemos, se dio oportunidad a todas las compañeras que asistimos, pero sí fue muy limitado el tiempo. Se tocaron temas que fueron muy limitados en cuanto al tiempo, pudimos expresar algunas de las inquietudes que tenemos y ellos hicieron preguntas, pero solo fueron tres personas con las que estuvimos, aunque solo uno de ellos estuvo a cargo de la reunión”.
Hay que recordar que la reunión estuvo presidida por el representante del Comité, el español Juan José López Ortega, que escuchó testimonios y relatos para ejemplificar
la participación de las instituciones de seguridad pública tanto estatales y federales en las desapariciones forzadas.
Además, plantearon la crisis forense que existe, la seguridad en las búsquedas que realizan los colectivos, la atención hacia las víctimas, las responsabilidades del Poder Judicial en el castigo a los responsables, así como la situación de las investigaciones que en su mayoría no tienen avances.
Belén González dijo que uno de los temas principales que se trató fue la inexistencia de un análisis de contexto en las desapariciones que ocurren en Veracruz y en el país, y que limita a la autoridad de conocer con mayor amplitud cómo ocurren estos casos.
“En realidad no hay un análisis de contexto de las desapariciones en Veracruz o en el país. Lamentablemente fue la única reunión porque vinieron solo por algunos días y se están reuniendo con algunas instituciones y colectivos a lo largo del país, cuando tengan la recopilación de toda la información que obtuvieron aquí en México van a analizar y ver, van a trabajar en eso para que en marzo o mayo de 2022 puedan tener un dictamen”.
Omisiones en la Fiscalía General se hicieron evidentes
Por su parte, el integrante del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, Carlos Saldaña, dijo que una de las principales observaciones fue para la Fiscalía General de Veracruz, que encabeza Verónica Hernández Giadans, a fin de que avance en las investigaciones, ya que dijo no ha habido diferencia con respecto a fiscales o sexenios anteriores.
“Fueron recomendaciones para la Fiscalía General del Estado, ante la omisión que ha tenido en investigar y que data de varios sexenios anteriores. En la actualidad no hay avances, esperemos que haya una respuesta favorable a esta reunión y que el Gobierno del estado ponga atención, más actitud en su personal; en la Fiscalía que haya avances en las investigaciones porque estamos igual que cuando iniciamos”.
Indicó que vieron mucha disponibilidad por parte del representante de la ONU que prestó atención a cada uno de los casos, por lo cual consideró que fue una reunión en la que se “sacaron a flote” la realidad sobre lo que viven quienes tienen un familiar desaparecido en Veracruz.
“Ellos ya tenían conocimiento de la crisis humanitaria que hay en el país; nos hicieron el comentario de que van a estar trabajando con varios estados que tienen esta crisis humanitaria, con problemas por los grupos de la delincuencia organizada y ante la negligencia de los gobiernos. Fue bien visto y ahora esperamos que haya buenos resultados sobre esta reunión”.
Estado no ha cumplido con recomendaciones
La representante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, María Elena Gutiérrez, advirtió que durante la reunión los colectivos mostraron que el estado mexicano, incluido el de Veracruz, no ha cumplido con recomendaciones previas de la ONU en la materia, como garantizar una adecuada investigación con metodologías establecidas.
Dijo que se advirtió que hasta ahora la Fiscalía Especializada en materia de desaparición de personas no ha trabajado como se debe y no hay avances en casos actuales ni mucho menos en los de larga data, por lo que dijo de manera general “no le fue bien al estado mexicano”.
“Nos escucharon con toda la paciencia aunque teníamos un tiempo; fue una reunión ágil en donde todas las compañeras hablaron y no le fue bien al estado mexicano. (…) Nosotros pedimos que la Fiscalía haga el trabajo como lo plantean las recomendaciones de 2018 y que no se cumplieron; hay toda una metodología para la investigación, que la Fiscalía a través de la fiscalía especializada en desapariciones, que haga bien su trabajo porque al menos en Veracruz no hay ese ejercicio serio de investigación ministerial”.
Indicó que el panorama general es que el estado mexicano no ha respondido al Comité de la ONU y que se necesitan compromisos del Gobierno para cumplir las recomendaciones realizadas en 2018, en las que se advierte la situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio y que imperen la impunidad y la revictimización.
En el documento el Comité observa patrones de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio del Estado parte. Además, obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
María Elena Gutiérrez agregó que es claro que el estado incumplió con recomendaciones, y en el plano local esto se repitió durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa (con las recomendaciones de 2015), y de Miguel Ángel Yunes Linares, así como las recomendaciones hacia la Fiscalía General, que en su momento estuvieron a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras y posteriormente Jorge Winckler. Advierte que tampoco en el actual gobierno se han atendido.
“A Duarte le tocaron las recomendaciones emitidas en 2015 y no pasa nada, en los siguientes 3 años dan recomendaciones en 2018 y le toca a Yunes y al fiscal Winckler y tampoco hicieron nada. Son recomendaciones en general para el estado mexicano que son vigentes hasta ahora y tampoco se han cumplido y ya cuántos años lleva la cuarta transformación y tampoco se han cumplido”.
Cabe destacar que en el informe de 2018, el Comité instó al estado mexicano a garantizar que en la práctica todas las desapariciones forzadas quedaran expresamente excluidas de la jurisdicción militar y puedan ser investigadas y juzgadas por las autoridades civiles competentes. Además, garantizar que la recuperación, identificación, notificación y entrega de los restos de personas fallecidas a sus familias se realice con rigor científico, de forma digna y respetuosa, de conformidad con los más altos estándares; fortalecer los servicios forenses y periciales con la creación de un mecanismo internacional de asistencia técnica forense en conjunto con las víctimas, las organizaciones especializadas y otras entidades relevantes con el objetivo de proceder de manera urgente al procesamiento forense de los miles de cadáveres y restos óseos pendientes de identificación; reformar la institucionalidad forense y pericial del Estado parte, incluyendo la creación de una institución nacional especializada y autónoma que cuente con un servicio profesional de carrera, sometida a un régimen de rendición de cuentas efectivo que incluya controles de calidad.
En el documento que fue retomado durante la reunión se recomendó al estado mexicano garantizar que las fuerzas del orden o de seguridad, sean civiles o militares, cuyos miembros se encuentren bajo sospecha de haber cometido una desaparición forzada no participen ni tengan posibilidades de influir en la investigación; asegurar estrategias de investigación integral de los casos de desaparición, de forma que se evite la fragmentación de las investigaciones, se realice un análisis de contexto, se identifiquen los patrones, y se generen y se dé seguimiento a todas las hipótesis y líneas posibles de investigación, incluyendo el involucramiento de actores estatales.
Además, investigar las posibles cadenas de mando, autores mediatos y otras formas de autoría y participación, investigar efectivamente los casos de desaparición forzada independientemente de su duración; asegurar la recolección y accesibilidad de datos sobre investigaciones en curso y concluidas, cantidad de causas con condena firme indicando cual fue la conducta típica que se sancionó y el estatus de la persona sancionada, si es funcionario del Estado y el monto de las penas.
AVC/Perla Sandoval
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