Una disculpa pública, así como seguimiento puntual a la investigación del asesinato de Pilar Argüello Trujillo y castigo a los funcionarios públicos que pudieron incurrir en irregularidades en este caso, forman parte del plan integral de reparación del daño que se sigue delineando entre las autoridades del Gobierno federal, de Veracruz, la organización civil Equifonía y la familia de la joven de 20 años que fue asesinada en 2012.

Se trata de un crimen que lleva nueve años en espera de recibir justicia, luego de que el cuerpo de Pilar fuera encontrado en un chayotal de Coscomatepec, con huellas de violencia sexual y a pesar de haber detenido a un asesino confeso, este fue liberado “por falta de pruebas”.

Este jueves se realizó una reunión entre la titular de la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, autoridades de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno del estado, de la Fiscalía General y Poder Judicial de Veracruz, así como los padres de la joven.

La vocera de Equifonía, Araceli González Saavedra, asistente a la reunión, señaló que esta es la tercera ocasión en la que se sientan a establecer medidas que deberán contenerse en un plan integral de reparación, a fin de cumplir con las recomendaciones que hizo el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus inglés en inglés), al Estado Mexicano en 2017.

“Estamos trabajando en un documento para integrar todas las medidas que se podrían promover para garantizar verdad, justicia y reparación integral del daño, serán una serie de reuniones para tomar los acuerdos, entre ellos informar a la familia de manera periódica sobre los avances de la investigación y tener una reunión con la magistrada presidente del Poder Judicial para saber qué medidas están tomando a nivel interno porque sabemos que la decisión que tomó una jueza de dejar en libertad al asesino confeso fue algo que derivó en todo esto”.

Añadió que como parte del plan está la difusión del caso ocurrido en 2012, así como aclarar las implicaciones en el sistema de impartición de justicia no solo en Veracruz sino a nivel nacional para la atención de casos como este.

A esto se suma que se debe definir fecha y hora para la realización de un acto de disculpa pública y que pidan sea presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas.

González Saavedra advirtió que esperan que el documento integrador se tenga listo este mismo año para avanzar en las recomendaciones de la Cedaw, por lo cual la próxima semana tendrán una nueva reunión.

Lo anterior, dado que en 2022 el Estado mexicano deberá informar a la Cedaw sobre el cumplimiento en las recomendaciones emitidas, aunque Araceli González aseguró que se sigue trabajando para atender estas observaciones hechas.

Hay que recordar que sobre Veracruz pesa una alerta de género por violencia feminicida, y la entidad se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a este delito.

En Veracruz se han registrado en lo que va de este año 55 casos de feminicidios. Tan solo en septiembre pasado se contabilizaron cinco denuncias; sin embargo, los meses más “mortíferos” para las mujeres veracruzanas fueron febrero con nueve reportes, así como junio y agosto, con 8 feminicidios cada uno.

La historia

El 2 de septiembre de 2012 el cuerpo de Pilar Argüello Trujillo, de 20 años de edad, fue hallado en un chayotal de Coscomatepec; presentaba huellas de violencia sexual.

Su padre, Pedro Argüello se enteró sobre el hallazgo un día después; era lunes de 3 de septiembre cuando leyó la noticia en un periódico local.

Pilar sostenía una relación con un hombre de inicial A.R.M. de 17 años de edad, que habría asesinado a su novia porque ella se negó a mantener relaciones sexuales con él.

Dos meses después, el 3 de noviembre recreó el homicidio de Pilar, para entonces estaba detenido como homicidio calificado tras haber confesado el crimen; sin embargo una jueza de responsabilidad juvenil de la localidad de Palma Sola, en Alto Lucero, lo liberó al considerar que no había pruebas para culparlo.

El 14 de noviembre de ese año el Ministerio Público apeló la decisión de absolver al joven de 17 años, pero el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz confirmó la sentencia.

Desde entonces, la asociación Equifonía promovió al menos tres amparos en contra de esta decisión, pero ninguna procedió, por lo que el 4 de agosto de 2014 presentó el caso ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

Tras ello, el 21 de julio de 2017 la Cedaw emitió recomendaciones al estado mexicano, entre las que destaca la reapertura del caso, el análisis de las implicaciones del feminicidio y otros en Veracruz, así como el análisis ante la falta de atención de las autoridades.

En 2018, cuando la Fiscalía General de Veracruz estaba encabezada por Jorge Winckler Ortiz, este reabrió el caso, pero desde entonces no ha habido avance en la carpeta de investigación.

Desde entonces, la familia de Pilar y la asociación Equifonía han pugnado porque se investigue y se castigue no solo al responsable del asesinato sino a las autoridades que actuaron de manera negligente.

AVC/Perla Sandoval

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