La tarde de ayer el H. Congreso del Estado de Veracruz aprobó otorgar un apoyo financiero al Poder Judicial del Estado, se tratan de 200 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno estatal proyectó como una cifra viable, para no afectar el gasto del Poder Ejecutivo y, por otro lado, no dejar en desamparo al PJEV. Por cierto, que esa cifra no alcanzará para cumplir con todos los compromisos económicos para cerrar el 2021 en el PJEV y, otra vez, tendrán que hacer maravillas administrativamente.

Cerrado el tema del apoyo, otra vez surgen preguntas sobre las causas del posible desfalco o, cuando menos, la mala planeación de gasto que hizo la Magistrada Presidenta Isabel Inés Romero Cruz y la responsabilidad que no asumió como titular de uno de los tres poderes en la entidad. Recordemos que su llegada igualmente estuvo rodeada de polémica, ya que detrás de su designación ya se hablaba de malos manejos en las finanzas del PJEV, y posible corrupción en la asignación de obras, como los contratos para la construcción de las Ciudades Judiciales.

No debemos olvidar que su antecesora, Sofía Martínez Huerta, afirmó en varias ocasiones que había encontrado irregularidades administrativas y en contratos con constructoras, todas heredadas por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez Peña. Parecía que la llegada de Isabel Romero Cruz, tan guinda, tan inclinada hacia el discurso de la 4T, significaría una limpia profunda del cochinero que “supuestamente” le dejaron.

A la actual Magistrada Presidenta, la vida le ha dado la vuelta en un abrir y cerrar de ojos, hoy es a ella a quien le piden rendir cuentas, aclarar y proceder; la han convertido en carne de cañón. Fue el diputado, morenista además, Rubén Ríos Uribe, quien desde la máxima tribuna de Veracruz exigió a Isabel Romero Cruz proceder para aclarar el origen del desfalco al Poder Judicial. “Hoy entiendo la preocupación de mis compañeras y compañeros diputados por realmente tomar este problema de manera valiente, pero no debe haber impunidad”, mencionó Ríos, reconociendo que la decisión de otorgar un apoyo financiero al PJEV fue difícil, pero no borraba la responsabilidad sobre el hecho de la falta de billete, hasta hoy un acto de magia inexplicable por Romero Cruz.

“Pero también quiero exhortar a la Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al mismo Poder Judicial del Estado de Veracruz para que interponga las denuncias correspondientes porque existe un déficit de más de 400 millones de pesos y ese dinero no puede salir de las arcas públicas sin que se vea un beneficio en favor de las y los veracruzanos”, remató el saliente diputado Ríos Uribe. Será la próxima Legislatura quien de seguimiento al tema, desde sus alcances legales, seguramente con la intervención de Juan Javier Gómez Cazarín, si no le tumban su pluri en tribunales; recordemos que Cazarín operó, entre otros conflictos, la salida de Sofía Martínez y la llegada de Romero Cruz, pues fue un asunto que nadie del gabinete estatal se atrevió a afrontar.

Entonces, ahora sí a Isabel Inés Romero Cruz se le ha pedido que tome acción; pues extrañamente se ha ceñido en extender la mano para pedir caridad, pero no ha sido la abogada que su nombramiento le exige, no ha hecho nada por imponer la justicia en su propia casa, alegando en principio su falta de astucia en las matemáticas, otorgando bases a novatas y novatos con pocos meses de ingreso, pasando encima de empleados con antigüedad, colocando personal sin experiencia en altas responsabilidades, poniendo en riesgo la operatividad de la institución, alejándose de quienes le apoyaron al inicio de su gestión y le resuelven desde lo administrativo las urgencias, mientras ella se la pasa de evento en evento, peleándose con reporteros. Desde el Congreso del Estado también exigieron a la Fiscalía Anticorrupción fincar responsabilidades para que ese dinero faltante sea devuelto, mas vale que la Magistrada Presidenta se adelante en proceder, porque hasta ahora su omisión es elevadamente sospechosa y parece que ya no es útil a los intereses de quien la impulsó.