Las denuncias interpuestas por los y las integrantes de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) por las agresiones que les propinaron los Policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en diciembre del 2015, y el quebranto al patrimonio del Instituto de Pensiones del Estado interpuesta en el año 2016 siguen detenidas en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en manos de jueces del Poder Judicial del Estado (PJE).

En conferencia de prensa y en voz de la presidenta del Copipev, Dolores Martínez Amilpa, las y los jubilados exigieron justicia y se detengan a los presuntos responsables.

Los jubilados señalaron : “A casi 6 años de haber sufrido una fuerte agresión por parte de los cuerpos policiacos del estado, cuando protestábamos en la vía pública por el incumplimiento reiterado en el pago de nuestras pensiones seguimos en espera de la procuración de justicia, en espera de que el juez de control nos cite para reactivar nuestro caso”.

Recordaron que a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el gobierno del Ejecutivo Estatal, Cuitláhuac García Jiménez ofreció una disculpa pública a los de Copipev por las golpizas que les dieron los policías el 23 de diciembre del 2015 en la calle Enríquez cuando el Mandatario era Javier Duarte de Ochoa.

“Si, se nos ofreció una disculpa pública pero los responsables de la agresión siguen impunes”, dijo. Por otro lado, desde agosto de 2016 interpusieron otra demanda, con motivo del quebranto al patrimonio del IPE, considerado como el saqueo a la Reserva Técnica del Instituto, que por omisión o acción se puede adjudicar al Consejo Directivo del IPE y de otros terceros que resulten responsables.

“Esto nos impulsa a exigir una justicia restaurativa que repare el daño financiero infligido”.

Refirieron que el Orfis demandó al IPE en 2016 y 2017, por observaciones no solventadas de la cuenta pública por 284 millones de pesos y por 2 mil 709 millones de pesos.

Por su parte el IPE denunció el incumplimiento de un deber legal por la celebración de un contrato mercantil por 150 millones de pesos con el Gobierno del Estado, sin conocimiento del Consejo Directivo, como lo establece la Ley y por no haber saldado el adeudo con sus respectivos intereses devengados.

Señalaron que otro motivo de demanda es el impago de otros 180 millones de pesos del que no existe la evidencia del pago.

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