Si un ciudadano presenta una queja o el propio Congreso del Estado acuerda una auditoria especial, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) tendrá que auditar la calidad de la carretera Xalapa-Alto Lucero, que se fracturó a penas seis meses después de su inauguración.

La titular del Orfis, Delia González Cobos comentó que, si algún ciudadano presenta una queja ante el órgano autónomo, o el propio Congreso somete a votación un punto de acuerdo es factible que se pueda auditar la obra.

La rehabilitación de la carretera Alto Lucero – Cerritos de Díaz – Jacales – El Madroño, del km 10+500 al km 14+640, tardó solo seis meses en destruirse. El paso del huracán Grace hizo intransitable la vía, hecho que visibilizaron los usuarios de la vía de comunicación.

En marzo del 2021, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez usó sus redes sociales para dar a conocer la obra y destacó “la calidad” con la que se edificó el camino que se hizo en tres etapas.

La inversión de la obra fue de 20 millones 334 mil pesos del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que envía la federación a los Estados, a pesar de que Sefiplan autorizó un techo presupuestal de 24 millones 800 mil pesos. La empresa responsable de la obra fue Construcciones Pale Ríos, SA de CV.

El 14 de septiembre, seis meses después de que se subió el video de la obra inaugurada, el usuario de Facebook Paseando con el Güero subió unas fotografías en las que se ve la carretera destrozada, y aclara que fue a consecuencia del paso de Grace.

Al respecto, la auditora, comentó que será en el ejercicio fiscal 2021, cuando se audite el manejo de los recursos, que se revisarán la obra. “esto acaba de ocurrir ahora, son los tiempos que marca la ley”.

Coincidió que se hace necesario una revisión especial, “cuando hay casos específicos que son señalados, nosotros vamos inmediatamente a atender las quejas”.

No obstante, dijo, es posible que se pueda auditar en lo que resta del año, siempre y cuando se presente una denuncia ante el órgano fiscalizador.

AVC/Isabel Ortega

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