A pie por la supercarretera Las Choapas-Ocozocoautla, en motocicleta por los caminos rurales, hacinados en vehículos particulares, o previo pago de tarifas excesivas en autobuses, miles de migrantes haitianos se internan en territorio veracruzano en busca de la frontera de México con Estados Unidos.

Tras la disolución de caravanas migrantes en el sur del país que encabezó la Guardia Nacional a inicios de agosto, una ola de migrantes se desplazó por varias vías hasta alcanzar territorio veracruzano. A principios de septiembre, en Las Choapas, Veracruz, comenzó a notarse la alta presencia de migrantes, sobre todo de haitianos.

En su andar por el sur de Veracruz, y dependiendo de la ruta escogida, los haitianos se enfrentan a diferentes peligros. Los que caminan por la supercarretera Las Choapas-Ocozocoautla, padecen la insolación y deshidratación que provocan las largas caminatas expuestos al sol y con temperaturas que rondan los 35 a 40 grados centígrados.

Los que optan por contratar algún motociclista o pagar un viaje a un particular, se exponen a los accidentes provocados por el mal estado de los vehículos, la falta de pericia de los conductores, o el cobro de tarifas excesivas. Aquellos que pagan un taxi o un boleto de autobús -de primera o segunda- se exponen a que en el primer retén establecido en la Guardia Nacional, INM y Seguridad Pública, sean bajados y llevados a una estación migratoria.

Francisco Castillo Reyes, director de Protección Civil de Las Choapas informó que en las últimas semanas, han atendido más de 20 llamados de auxilio para migrantes que deciden avanzar caminando por la supercarretera Las Choapas-Ocozocoautla.

“Hemos atendido de todo: deshidratación de bebés y niños, mujeres embarazadas que por las largas caminatas presentan hemorragias o adelantan su trabajo de parto, hombres que se desmayan por las altas temperaturas que persisten en los últimos días de verano en la localidad”.

Castillo Reyes describió que los casos más graves se canalizan al hospital Pedro Coronel, donde reciben atención médica hasta que pueden recuperarse, y continuar su camino al norte del país.

Abusos

Los migrantes haitianos que transitan por el sur de Veracruz traen en su teléfono celular una lista de ciudades, que comienza en Tapachula, Chiapas y termina en Ciudad Acuña, Coahuila, con la que se orientan para elegir la ruta por la cual desplazarse.

Hasta el 15 de septiembre, los migrantes haitianos podían comprar boletos en terminales de primera y segunda de una ciudad a otra. Y había otros que contrataban taxis para moverse. Pero desde el viernes 17 de septiembre, las autoridades prohibieron a taxistas y autobuses prestar el servicio a migrantes.

La alta presencia de migrantes en el sur de la entidad obligó a las autoridades de los tres niveles de gobierno -SEDENA, la Guardia Nacional, Migración, Policía Estatal y Municipal- a realizar una mesa de seguridad en la región.

“Ahí nos dieron instrucciones de permitir el flujo de los migrantes, solamente permitirlo, que vayan avanzando, pero se prohibió todo tipo de transporte de personas particulares, vehículos de servicio de trabajo, porque incurren en algún delito según dicen las leyes de migración”, explicó el funcionario.

Pero la prohibición de trasladar a migrantes no detiene el flujo, miles han optado por contratar servicios particulares -de forma clandestina- para moverse de una ciudad a otra. Por un costo de entre los 200 a los 700 pesos, habitantes de Las Choapas venden a los migrantes un viaje, ya sea en motocicleta o en un vehículo particular, para bordear los retenes migratorios a través de los caminos rurales.

Estos viajes clandestinos a veces se realizan en la noche, en vehículos en mal estado, conductores con falta de pericia, y terminan en tragedias. Un caso ocurrió el 14 de septiembre, en la localidad de Cerro de Nanchital, donde un joven de 18 años, que transportaba dos migrantes haitianos en una motocicleta, falleció tras ser impactado por una camioneta.

Otro ejemplo son las cuatro personas originarias de Cuba que perdieron la vida en el sur de Veracruz, tras un accidente registrado en el municipio de Acayucan, por el mal estado de los neumáticos del vehículo en el que viajaban.

Guillermo Ramírez Garduza, casa del migrante presidente de la Casa del Migrante «Santa Faustina Kowalska» dijo que la prohibición de las autoridades a trasladarlos sólo ha propiciado el abuso a los migrantes, “hay taxistas que por una carrera que cuesta 100 pesos, a los haitianos les cobran 300 a 500 pesos; por un plato de comida que costaría 40 o 60 pesos, hay gente que se los venden en 200 pesos. Y hay personas que cobran hasta 500 pesos por dormir en el corredor de su casa”.

En el municipio de Acayucan por ejemplo, “de la estación migratoria al centro de la ciudad les cobran 200, cuando la tarifa normal es de 20 pesos”.

Y en la zona rural de Las Choapas, muchos habitantes están desempleados por Covid-19, se ofrecieron a llevar a los migrantes en sus camionetas, motos, de comunidad en comunidad “y les cobraban de 300, 500, hasta 700 pesos”.

Estigma

Rubén Figueroa, defensor de los derechos humanos, trabajador del Refugio para Personas Migrantes “La 72” e integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, dijo que en las últimas semanas se registra en el sur de Veracruz “una avalancha de migrantes, que estaban varados en Tapachula”, tras la dispersión de varias caravanas en Chiapas.

El activista lamentó que persistan tanto los abusos contra ellos por las autoridades de Migratoria y la Guardia Nacional, como la impunidad para quienes abusan de ellos en su tránsito por el sur de la entidad. Pero además, que los migrantes continúen expuestos a discursos que los criminalizan.

“Detrás del éxodo haitiano se encuentra el crimen organizado”, externó Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, en cuyo estado, las autoridades han realizado operativos en moteles y hoteles a fin de asegurar a las personas indocumentadas.

Figueroa explicó que vincular a los migrantes con el crimen organizado es una estrategia del gobierno para criminalizar la migración.

“Relacionar a las personas migrantes con el crimen organizado, es una de las tácticas que utilizan los gobiernos para criminalizar la migración, posicionar a estas personas a la par que al crimen organizado. No, las personas migrantes también son víctimas del crimen organizado, es imposible que en este tipo de desplazamiento esté relacionado el crimen organizado”.

Figueroa considera que la criminalización de parte de los gobiernos de Latinoamérica no responden únicamente a la presión de Estados Unidos.

“Hay un interés propio de los gobiernos latinoamericanos de criminalizar la violencia, lo hemos visto en Guatemala, en Perú, y México, arremeter contra los migrantes es redituable, porque son moneda de cambio para presionar a otros gobiernos… Los migrantes son una mercancía para el crimen organizado, pero también para los gobiernos”.

El defensor de derechos humanos destaca que otro argumento que han utilizado tanto el gobierno como la sociedad civil es el tema de la pandemia, al ver a las personas migrantes como un foco de infección y de contagio, cuando en realidad, viajar en medio de una contingencia sanitaria los pone en mayor riesgo.

“Cuando hablamos de esta perspectiva, los migrantes están transitando en medio de una pandemia, pero para ellos parece que no hay pandemia, porque no tienen forma de tomar distanciamiento social o condiciones sanitarias durante su camino”.

Incluso, se utiliza esta circunstancia para arremeter para ellos desde los mismos gobiernos o de la misma población que los ve como portadores de esta pandemia”.

El integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano llamó a la comunidad internacional a solidarizarse con los migrantes y atender las caravanas de forma humanitaria.

AVC

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