Hace 30 años, en septiembre de 1991, con motivo de su 57 aniversario, el Fondo de Cultura Económica (FCE) convocó al Segundo Concurso Nacional “Para Leer la Ciencia Desde México”, un certamen que tenía el propósito de incentivar la creación científica entre jóvenes universitarios a partir de la presentación de ensayos sobre los títulos de la colección que tenía el mismo nombre que el concurso.

Entonces yo cursaba el tercer semestre de la Carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Decidí participar en el concurso a partir de un texto sobre las actividades espaciales de México.

Obtuve el tercer lugar, según consta en el pergamino que contiene las firmas del entonces director del FCE, Miguel de la Madrid; del secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz; y del Director del Conacyt, Fausto Alzati Araiza, quien protagonizaría uno de los primeros escándalos de la institución. El mismo reconocimiento se entregó a cada institución donde estudiábamos.

Durante la ceremonia de premiación estaba lo más granado de la academia y la ciencia en México. Recibí el diploma de parte del ex presidente de la Madrid, y en el protocolo de salutación a los integrantes del presídium, el entonces director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Oscar Joffré me preguntó el porqué estudiaba ciencias sociales si tenía vocación para las ciencias físicas, una rama de las ciencias naturales. Me ofreció un espacio en el Politécnico que amablemente rechacé.

“Me gusta escribir, pero soy malo para las matemáticas”, recuerdo que fue mi excusa. Días después me recibió el rector de la UNAM José Sarukhán Kermez para felicitarme por el premio, pero no pasó de ahí.

No se sí estos proyectos de involucrar a los jóvenes en la investigación continuaron; desconozco también si alguno de los galardonados siguió el camino de la ciencia, la academia o de la administración pública. Nunca nos volvimos a reunir ni tuvimos comunicación –al menos en mi caso- con aquéllas autoridades que nos habían ofrecido todo su apoyo para dedicarnos a la investigación científica desde nuestros primeros pasos en el bachillerato y la universidad.

Toda esta historia viene a cuento por el enconado debate que se ha abierto a partir de la denuncia que presentó el Conacyt en contra 31 científicos y académicos, y que han sido señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.

De lo que resulte deberán ocuparse los jueces y el Poder judicial, a pesar de que el conflicto haya generado una cascada infinita de opiniones -a favor y en contra- de prácticamente todos los actores políticos y académicos del país, de las universidades públicas y por supuesto, de la comunidad científica. La polarización ha evitado abrir el debate del problema de fondo: la situación de la investigación científica en México.

Por décadas, el Estado mexicano ha invertido muy poco en ciencia y los responsables lo han administrado muy mal. Tampoco se ha podido generar una verdadera cultura científica que permita impulsar nuevas generaciones de investigadores en las más diversas ramas del conocimiento. En muchos casos, el gobierno financia la formación de jóvenes científicos mexicanos que ante la falta de oportunidades, deciden quedarse a continuar su desarrollo en el extranjero.

México se encuentra entre los tres países que menos invierten en investigación y desarrollo, sólo detrás de Rumania y Chile, según un análisis del Fondo Económico Mundial (WEF) con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La inversión de México equivale a 0.43% del Producto Interno Bruto (PIB). Rumania gasta 0.39% y Chile 0.36%, mientras que el promedio de inversión de la OCDE es de 2.40% del PIB. El dato no es nuevo, es de julio de 2015.

Pero el problema no es sólo del gobierno y sus instituciones. A diferencia de otros países donde la mayor parte del financiamiento de la investigación científica proviene mayoritariamente de las empresas, en México la contribución de la iniciativa privada es significativamente menor. Incluso, las universidades privadas recurren a fondos públicos antes que financiar su propia investigación.

Según datos de la OCDE (2015), más del 60% de la investigación en ciencia y técnica se lleva a cabo en industrias, el 20% en universidades y 10% por el gobierno. En México la correlación es a la inversa. Por ejemplo, en el 2015 la inversión de las empresas fue de 21%, mientras que los fondos públicos sumaron el 71 por ciento. Esto es opuesto a las tendencias internacionales, lo que impide el crecimiento económico del país.

El problema de la ciencia en México no radica en la polarización entre las instituciones y la comunidad científica; el desencuentro no dejará de ser coyuntural y pasajero. Lo verdaderamente grave es el rezago de décadas que tenemos frente a otros países, y que no hay una propuesta de largo plazo para rescatar la investigación científica en México, financiada tanto por el Estado como por las empresas.

La ciencia en México se sustenta en la vocación y el esfuerzo personal antes que en una política pública. Ese debe ser el verdadero debate.

La del estribo…

1. En cosa de un mes tendremos el puente más largo del ciclo escolar, motivado por el consejo técnico del 29 de octubre y los días de todos los santos al inicio de noviembre. Por el bien de la economía local y el turismo, ojalá hayamos alcanzado entonces el semáforo verde.