No hay magistrado, magistrada, ni integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz que a estas alturas levante la voz, o fije postura, frente a la vergonzosa situación que se vive en uno de los tres poderes de la entidad.

La última declaración del Diputado Javier Gómez Cazarín parece dejar, como en este medio se dijo, a la buena de Dios a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Isabel Inés Romero Cruz; “no hay recursos para 500 millones de pesos” declaró Cazarín la mañana del 7 de septiembre. El todavía presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, como le gusta, se adelantó a los integrantes del gabinete de Cuitláhuac García y echó un buscapiés reconociendo que había tenido una reunión con el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco; según el diputado, Lima dijo que no alcanza el dinero al Gobierno de Veracruz para llegar a la cifra solicitada por la presidenta del PJEV.

Ahora los cálculos políticos y económicos, de quién sabe quién, obligan a “respetar” la independencia del Poder Judicial, el apoyo de recursos económicos se dejará en manos de quien ha podido darle oxígeno a las finanzas de Veracruz, como hace mucho no se lograba; por otro lado el Congreso, en voz de Cazarín, no asegura que dentro del tiempo que le queda a la Legislatura se ponga a consideración del Pleno aprobar, o no, el apoyo solicitado por Isabel Romero.

Seguramente el audaz Cazarín tiene, como se dice en el ambiente periodístico, los pelos en la mano, porque dentro del Consejo de la Judicatura funge como Secretario de Acuerdos Rubén Barragán, abogado de toda la confianza del diputado morenista; los cálculos y la operación política han sido la carta de presentación últimamente del diputado, no dudamos que en esta tampoco dejará cabos sueltos.

Sería una tremenda torpeza política que se dejara sin soporte al Poder Judicial, algo saldrá, aunque no sea la cifra que la Magistrada Presidenta solicitó; igualmente sería torpe no aprovechar la ventana de oportunidad y rascarle al tema por el lado de las responsabilidades legales.

Recordemos que por edad Isabel Romero está cerca de su retiro, no merecería salir por la puerta de atrás como Sofía Martínez Huerta, pero es que su presencia no abona al buen rumbo, estamos seguros que lo suyo es la jurisprudencia y no la política; la realidad es que para dirigir una institución de ese tamaño, en nuestros tiempos, es obligado tener bastante experiencia política, o rodearse de quien sea experto para encaminar el rumbo.

La línea sobre la crisis financiera del Poder Judicial de Veracruz no se tira desde su interior, no se ve firmeza en la presidencia, o alguien quiere «quemar» a su titular exponiéndola de más; quienes laboran en la institución hacen lo administrativamente posible para no sacrificar su operatividad, en bajo perfil, y ya deben estar pensando en el presupuesto del año que entra y cómo ejercerlo responsablemente. ¿Le estarán regateando el apoyo al PJEV o a su presidenta?