La Secretaría de la Función Pública (SFP) suprimió el requisito de realizar una prueba de COVID-19 a los servidores públicos que retornen a sus actividades laborales presenciales.
La SFP publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se señala que esta medida será eliminada una vez que los servidores públicos completen su esquema de vacunación.
El “acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2”, entró en vigor este mismo martes.
Esto luego de que la Secretaría de Salud (Ssa) informó que las personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación ya no serán consideradas población en situación de vulnerabilidad por COVID-19.
La dependencia federal explicó que las pruebas para detectar el virus y prevenir los contagios de COVID-19 dependen de ciertos factores como la fecha en que se toma la muestra y periodo de evolución del virus, razones por lo que no siempre son certeras, aunque se aclaró que en caso de dar positivo los servidores públicos podrán seguir trabajando desde su domicilio.
“En consecuencia, se colige que el marco ideal es generar un compromiso que refuerza la ética y vocación del servicio público bajo un esquema que permita converger sus derechos y la prevención eficaz, al incorporar como medida de prevención adicional, la posibilidad de que en caso de brote de contagio en las dependencias y entidades o de que algún servidor público a pesar de haberse puesto la vacuna presente síntomas del virus, no tendrá que incorporarse a los centros de trabajo y podrán trabajar desde casa”.
El pasado 30 de julio, la Ssa indicó que “las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria”, indicó el segundo artículo de este criterio.
La decisión se toma pese a que México vive una tercera ola de contagios por COVID-19.
Reporte índigo
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