Nuevamente la mezcla de política con las acciones técnicas de salud evidencia a los responsables del manejo de la pandemia, incluyendo al tal Hugo y el presidente, como unos ignorantes del marco legal que protege a niñas, niños y adolescentes en México.

Era de esperarse, ante la insensibilidad y la mortal torpeza en el manejo de medicamentos contra el cáncer, ahora la gestión de vacunas para menores de edad en el país no tiene un plan ante la evidencia científica que ya se toma en cuenta en otros países, porque según en Doctor López Gatell no hay sutento acerca de la gravedad del coronavirus en menores y la protección que las vacunas ofrecen a adolescentes, niñas y niños, lo cual es falso; pues ya existen artículos científicos, no editoriales ni testimonios en medios, que demuestran lo contrario; mas las acciones de otros gobiernos en el tema.

El comité de la Convención sobre los Derechos del Niño del ámbito de las Naciones Unidas ya especificó que no se les debe negar el acceso a la atención médica, incluidos los test, las vacunas y los tratamientos relacionados contra Covid-19. En el ámbito nacional, la decisión de no considerar a ese grupo de edad en la estrategia de vacunación contra el coronavirus entra en conflicto con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, incluso en las vertientes de prevenir, proteger y restaurar su salud, lo que sin duda comprende a los programas de vacunación como el de covid-19.

Con excepción de México y Cuba, más de 10 países en el continente americano han decidido canalizar recursos para la vacunación de menores de edad, ante ello no estamos lejos de comenzar a ver quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora que el regreso a clases es inminente y el reabrir escuelas implica mezclar grupos sociales e incrementar el riesgo de contagio,  de no acatarse medidas eficaces de prevención.

Ya hay un antecedente en el que la Ley, a través de un amparo, solicita a la autoridad de salud vacunar a un menor de edad, el caso ya está trescendiendo e nivel nacional; se trata de una madre, abogada, que consiguió que un juez de distrito le concediera una suspensión de oficio para permitir que le apliquen la vacuna contra COVID a su hijo, un menor de edad, por lo que podría ser el primero del país en obtenerla. Lo anterior, luego de que el pasado 24 de junio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó la dosis de la marca Pfizer BioNTech para personas desde los 12 años de edad.

La abogada promovió el amparo debido a que encontró un estudio en el que se refiere que los pacientes con la variante Delta de COVID tienen más riesgo de ser hospitalizados tras infectarse, pues externó temor de que el menor pudiera perder la vida de infectarse.

El pasado 7 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía en la que señalaba que los niños entre 12 y 18 años podrían ser inoculados con la vacuna contra COVID de la farmacéutica Pfizer, ya que se trata de un biológico seguro contra las nuevas variantes, incluida la Delta, considerada de preocupación por esta dependencia.

El formato del amparo ya circula entre la sociedad mexicana, como un “machote” para que quienes quieran utilizarlo lo llenen con los datos de su caso en particular, la vacuna en el caso citado no se ha aplicado todavía.

El regreso a clases ha dividido a la ciudadanía mucho más, los datos científicos que en el mundo van dando respuestas acá no se toman en cuenta a tiempo, el gobierno y el mismo presidente parecen vivir en otros tiempos, desactualziados, pasmados, ese es el autonombrado gobierno humanista. Mientras todas y todos asumiremos los riesgos y beneficios del retorno a las aulas de nuestras hijas e hijos; por el bien de ellos hagamos todo lo que esté en nuestras manos para colaborar.