Este 9 de agosto se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas, instaurado en 1982 por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el propósito de dar a conocer la situación y necesidades de los pueblos originarios y fortalecer la cooperación entre naciones en beneficio de su desarrollo.

En el marco de esta conmemoración internacional, es importante destacar los avances que ha logrado nuestro país en la materia, pero también es necesario visibilizar la lucha pendiente, así como las acciones e iniciativas sobre las que se trabaja actualmente.

Uno de los primeros logros en este tema, se concretó el 5 de septiembre de 1991 con la entrada en vigor del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, el cual tuvo un impacto positivo en el derecho interno, toda vez que, derivado de su ratificación, en enero de 1992 se adicionó un párrafo primero al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se reconoció por primera vez la composición pluricultural de nuestra nación.

Sin embargo, a pesar del avance que esto representó, a juicio de especialistas en la materia, la Reforma estaba lejos de cumplir con las expectativas marcadas por el Convenio en comento, en relación con la libre determinación y el respeto al desarrollo participativo, sustentable y equitativo de los grupos étnicos.

En virtud de tal situación y como resultado del activismo de numerosos movimientos sociales indigenistas, en agosto de 2001 las comunidades indígenas fueron redefinidas jurídicamente a través de una nueva Reforma, misma que, modificó los artículos 1, 2, 18 y 115 de nuestra Ley Fundamental, además de derogar el párrafo primero del artículo cuarto, adicionado en 1992.

La modificación más sustancial se realizó al artículo segundo constitucional, el cual además de declarar la naturaleza pluriétnica y pluricultural de nuestra nación, reconoce la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, definiéndolos como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

No obstante estos importantes avances, seguidos de la publicación de legislación federal y local en la materia, la lucha por el reconocimiento de derechos sigue vigente; actualmente desde la sociedad civil en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas y sus filiales locales, se impulsa una propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

Dentro de las principales demandas, se plantea la necesidad de incluir en nuestra Constitución, la categoría jurídica de pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, es decir, se busca dotar a estas comunidades de capacidad jurídica plena para ejercer funciones de autoridad en sus ámbitos territoriales y alcanzar mejores niveles de desarrollo desde su autonomía.

Esta propuesta ha logrado construirse a través de un amplio consenso con las comunidades indígenas y afromexicanas, autoridades en la materia y un comité técnico de expertos; del  19 de junio al 25 de julio se llevaron a cabo 61 asambleas de seguimiento, cuatro de ellas tuvieron lugar en los municipios veracruzanos de Acayucan, Zongolica, Papantla y Chicontepec.

Asimismo, el 12 de julio el Consejo Consultivo para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Veracruz sostuvo una reunión con diputados del Congreso del Estado,  en donde se dio a conocer la propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional que este mes será entregada al Presidente Andrés Manuel López Obrador y que, en septiembre será enviada al Congreso de la Unión para dar inicio al proceso legislativo.

La agenda pendiente es extensa, pero con la labor de las comunidades indígenas y afromexicanas y el respaldo del Gobierno de la República será posible construir una nueva relación entre los pueblos originarios y el Estado Mexicano, con la finalidad de garantizar el respeto a sus derechos fundamentales a través de la construcción de una nación pluricultural más justa y democrática.