Ciudad de México.- El 1 de agosto arrancó en México una medida que fija los precios máximos en la venta del gas licuado de petróleo a los consumidores finales, lo que implica una reducción de entre un 10 y 11% a nivel nacional frente al precio promedio que se registró en julio.
Sin embargo, especialistas comentan que no hay una garantía de que los precios se mantengan bajos y advierten sobre posible desabasto o incluso un aumento de precio en los usuarios. Paralelamente, la decisión desató un paro de gaseros, que llevó al gobierno a considerar denuncias contra quien niegue el servicio y brindar acompañamiento de la Guardia Nacional.
El sistema de precios máximos del gas LP surge luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconociera que no se cumplió el compromiso de mantener los precios de este combustible por debajo de la inflación. Acusó que eso se debe a que actualmente hay cinco grandes empresas que distribuyen casi el 50% del gas LP y obtienen elevados márgenes de ganancia.
Ante ello, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció topes de precio a 145 regiones en el país, que abarcan a los 2 mil 470 municipios.
A nivel nacional, el precio máximo promedio queda marcado en 22.61 pesos por kilo –como se vende para los cilindros– y 12.21 pesos por litro –en el caso del gas estacionario–. Estas cifras implican una disminución de 11.12% y 10.02%, respectivamente, en el precio promedio nacional que reportó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para el 28 de julio.
Pero en casos específicos de ciertas empresas gaseras, esta diferencia será más marcada: por ejemplo, Profeco exhibió en la conferencia del lunes 2 de agosto que la compañía Ultra Gas lo ofreció un precio promedio de 28.24 pesos por kilo en Azcapotzalco. Ahora, con el tope establecido por el gobierno en esta alcaldía, esta empresa no podrá venderlo por encima de los 21.33 pesos, lo que implica 6.91 pesos menos, o una disminución de 24.47%.
La empresa Gas Mundial de Guerrero, en Chilapa, vendía el kilogramo de gas LP a 28.16 pesos. Pero el precio máximo en este municipio a partir del 1 de agosto es de 23.10 pesos por kilo, por lo que la gente de esta localidad, que compre con esta gasera, se ahorrará 5 pesos por cada kilo, o 17% menos.
“Estos precios máximos deben de respetarse por cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde se han presentado más abusos y más abusos que afectan a las familias que menos tienen”, dijo Ricardo Sheffield, titular de la Profeco el 2 de agosto.
En este sentido, el funcionario advirtió que se les revocará el permiso otorgado por la CRE a los gaseros que incumplan con estos precios máximos.
“Hay muchos que en varias partes del país venden por debajo de este precio máximo. Qué bueno, que lo sigan haciendo, pero lo que queremos es monitorear y sancionar a quienes vendan por arriba de este precio máximo”, anunció.
En conferencia matutina del 4 de agosto, el presidente dijo que, ante el paro, se analiza presentar denuncias contra quien se niegue a cumplir con la obligación de prestar el servicio y que la Guardia Nacional acompañaría a los distribuidores, para evitar que las unidades sean vandalizadas.
Por su parte, Rocío Nahle, secretaría de Economía, afirmó que “hay suficiente gas para abastecer todo el consumo que se requiere en el país” y negó que exista escasez del combustible en México.
Qué implica el precio máximo al gas LP
Durante su informe de gobierno del 1 de julio, el presidente reconoció no haber cumplido el compromiso de evitar el aumento en el precio del gas, aunque afirmó que este ha sido de “un poco por encima de la inflación”, que es de 9.7% desde diciembre de 2018 –el inicio de su gobierno–.
Sin embargo el aumentó del precio fue mayor. Según cifras de la CRE, en diciembre de 2018, el costo promedio a nivel nacional del litro de gas era de 10.37 pesos. Pero en junio de 2021, el precio promedio nacional fue de 13.52 pesos. Es decir, aumentó 30.38%. Por kilo, pasó de 19.53 pesos a 25.29, un incremento del 30.7%.
Ante este panorama, la Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo de la Secretaría de Economía exhortó a la CRE a que “garantice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes, misma que tendrá una vigencia de seis meses”.
Según el acuerdo de la CRE, para formular los precios máximos se toma en cuenta la cadena de comercio: el precio promedio de comercialización en punto de venta, el costo estimado del flete desde el centro embarcador hasta la planta de distribución, el margen de comercialización estimado y un factor de ajuste que incluye la inflación.
La decisión se tomó sin esperar a que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) concluyera dos investigaciones, una para determinar si hay competencia efectiva y otra para determinar si existen posibles acuerdos colusorios entre empresas distribuidoras de gas LP.
Sobre las medidas del gobierno, el organismo advirtió que los precios máximos sólo podrían aplicarse en mercados en donde no existen condiciones de competencia, y que la directriz podría ocasionar desabasto o escasez.
Especialistas consideran que es difícil que se pueda mantener este margen de precios, dado que alrededor del 70% de todo el gas LP que se produce en México proviene de importaciones, cuyos precios en general han aumentado.
“El costo del gas LP va a estar en función del costo de la molécula que se tenga, ya sea por lo que produce Pemex o lo que se importe por parte de privados, y la inflación. Estas dos variables son las que van a influir en el precio del litro o del kilo del gas LP”, explica Ramsés Pech, analista del sector energético.
Añade que si bien ahora se percibe una disminución en el precio “no creo que vaya a bajar más del 15%”, porque eso dependerá de cuál es el precio que se fije a nivel internacional y qué tanta es la inflación en México.
Lo que podría afectar al usuario final, de acuerdo con Pech, es que los gaseros que comercializaban con el producto por debajo del máximo establecido, ahora suban sus precios para aumentar ganancias.
Severo López Mestre, especialista en políticas y regulación energética, dice que se trata de un tema de oferta y demanda, que va más allá de los controles que intente implementar el gobierno mexicano.
“El precio se incrementó en todo norteamérica, no nada más en México, porque la gente no dejó de cocinar ni de calentar su casa. La demanda de gas LP no tuvo tregua y sí tuvo un impacto en la oferta”, señala.
Con la nueva medida “puede percibirse por el usuario que lo están protegiendo, pero lo que no sabe el usuario es que el principal perjudicado por el precio tope es él, porque si está por debajo del insumo va a tener problemas para recibir ese mismo insumo; las empresas no van a querer surtirles subsidiando, y no van a poder”.
En cambio, comenta, si el precio tope está por arriba, “le van a cobrar más de lo que le deberían de haber cobrado”.
Además, dice que existe un riesgo de desarrollar un mercado negro, donde haya precios mayores, así como desabasto, pues los gaseros no querrán vender el gas si eso implica pérdidas para ellos.
“Si tú quieres hacer un mercado negro lo único que tienes que hacer es un precio tope, inmediatamente generas un mercado negro, porque la oferta y la demanda es móvil. Cuando tú pones un precio tope y el precio tope se queda por debajo de lo que cuesta el insumo, inmediatamente creas un mercado negro, que es más caro”, comenta.
Gaseros se manifiestan contra la medida
El martes 3 de agosto, distribuidores de gas LP de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos iniciaron un paro contra la aplicación de precios máximos impuesta por el gobierno federal, que finalmente concluyó el 4 de agosto por la tarde.
El Gremio Gasero difundió un comunicado en el que señala que, con base en una reunión realizada con distintas agrupaciones, se “hace la invitación de no salir a laborar el día de mañana martes 3 de agosto de 2021, debido a que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias ante esta directriz de emergencia para el bienestar del consumidor”.
José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, dijo a Milenio que “estamos haciendo esta suspensión por inoperatividad, no tenemos ningún margen el cual nos permita seguir realizando nuestras actividades cotidianas, ese es el problema”.
Según Rodríguez, los distribuidores de gas LP en autotanque son independientes, no pertenecen al parque vehicular de empresas, por lo que con el tope se quedan sin margen de ganancia para continuar operando.
“Nos dejan sin operación, sí manejábamos centavos, ahora nos dejan sin margen de operación, tendríamos que vender muchísimos litros para poder ganar 200 pesos al día”, acusó.
Animal Político