En medio de la profunda crisis financiera que vive el Poder Judicial a causa de una mala planeación y que los recursos no se aplicaron de forma correcta -tiene un déficit de 500 millones de pesos-, el tema de la construcción de las ciudades judiciales ha vuelto a salir a la opinión pública. Lo que tendrían que ser asuntos diferentes, parecen relacionarse para justificar lo que la propia Secretaría de Finanzas ya denunció.

Apenas el 10 de junio pasado, luego de darse a conocer que el gobernador del estado habría sugerido a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado reducir sus percepciones, el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, dio a conocer que se reunió con ellos para informarles que el déficit que tiene este poder se debe a que el presupuesto etiquetado para los 12 meses de este 2021 fue gastado entre enero y julio. En concreto: actualmente no se tiene dinero ni para pagar nómina y han pedido al Gobierno que los apoye para cerrar el ejercicio fiscal.

¿Cómo pudieron gastarse todo el presupuesto anual en sólo seis meses? Es algo que tendrán que explicar tanto Sofía Martínez Huerta como la actual Presidenta Isabel Romero Cruz, quien reconoció con candidez que ella no sabe administrar. Las respuestas se podrían encontrar en los millonarios recursos que se destinaron para la operación de la jornada electoral del 6 de junio pasado. Cumplieron con el objetivo aunque se quedaron sin un centavo.

Y entonces, en el reparto de culpas, surgió nuevamente el tema de las ciudades judiciales y los compromisos que tiene el Poder Judicial por los próximos años.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia del lunes pasado, el propio Secretario de Finanzas Lima Franco explicó que el Fideicomiso creado para la construcción de las Ciudades Judiciales es un “mecanismo” muy normal que se paguen con recursos provenientes de las participaciones federales.

Se refirió a lo que podría tratarse de una confusión en la Cuenta Pública de 2019 –en la que se señala presuntas irregularidades por 85 millones de pesos-, en los conceptos relativos a los egresos del Poder Judicial y las garantías de las participaciones. En todo caso, las observaciones del ORFIS sobre Ciudades Judiciales son normales y dan garantía a inversionistas.

“Es un mecanismo normal, se ha hecho en otros temas, como en la deuda pública bancaria, que también está garantizada con participaciones. En caso de que el estado no pagara la deuda bancaria, se le retiran participaciones; es un mecanismo normal, no es un mecanismo nuevo, simplemente para darle garantía a los inversionistas que en este caso fueron los bancos que hicieron el crédito para que se hicieran las Ciudades Judiciales”, explicó a los reporteros.

El Secretario aclaró así la polémica judicial e insistió en que este Fideicomiso ayuda a dar garantía a los inversionistas que en este caso fueron los bancos que hicieron el crédito para que se hicieran las Ciudades Judiciales, las mismas que están garantizadas con el Fideicomiso y las propias participaciones federales.

Entonces, ¿las observaciones emitidas por el ORFIS se trataron de un acto de ignorancia o de mala fe?

Desvíos millonarios de una Cuenta Pública a medias (II)

El primer año de la administración de Cuitláhuac García arrojó irregularidades de un presunto daño patrimonial por $566 millones, en 46 entes estatales, 28 con inconsistencias administrativas y en 2 sólo recomendaciones.

Sin embargo, en este espacio planteábamos que el Informe de la Cuenta Pública 2019 es un ejercicio incompleto que convalida y oculta miles de millones de pesos que podrán haber sido desviados del gobierno estatal, los Ayuntamientos y organismos autónomo pero que no fueron fiscalizados.

Van dos ejemplos. En la SEV, donde se gastaron casi 12 millones de pesos en fiestas y obsequios –tan sólo la celebración del Día del Maestros 2019 se facturó en 3.4 millones de pesos-, el ORFIS sólo revisó el 49% del ejercicio cuando el año anterior se auditó el 64 por ciento. Es decir, se dejaron de revisar casi 10 mil millones de pesos.

En las auditorías Financieras y Técnicas también se detectó un daño patrimonial en tres dependencias estatales por $16 millones 630 mil 854.78 pesos en las Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS). Incluso, por primera vez apareció la Universidad Veracruzana en la lista negra.

En la mayoría de los casos, la Cuenta Pública 2019 se realizó de manera selectiva a la mitad de su presupuesto: Segob (50%), Seguridad Pública (47% cuando el año pasado se revisó el 71%), Secretaría del Trabajo (40%), la oficina del Programa de Gobierno (45%) y hasta en la Contraloría del Estado sólo se fiscalizó el 49%, muchos menos que en 2018. Miles de millones de pesos que nadie revisó.

Al final se logró el propósito: prescindir de los despachos externos para que el escándalo del daño patrimonial recayera en los Ayuntamientos, librando de la hoguera al gobierno estatal.

Las del estribo…

1. Mientras China anuncia que vuelve al confinamiento, el Presidente López Obrador no habla de nuevas medidas de prevención pero sí del regreso a clases a finales de agosto. Ayer reconoció que hay nuevamente reconversión de hospitales para atender a enfermos de Covid-19, pero evitó dar cifras de contagios, de internados. La variante Delta los tiene apanicados, paralizados.

2. Desde el Presidente hasta el más humilde de la chairiza acusan al INE de no difundir la consulta popular. Ellos tampoco lo hicieron: promovieron una pregunta que no estaba en la boleta. A López Obrador no le gustó el desaire de la gente y ahora quiere cobrársela al órgano electoral.