La consulta popular realizada este domingo dejó varias y muy preocupantes lecciones. La primera es que no se trata de un gobierno austero sino simulador. No le importó destinar 528 millones de pesos a una consulta que sabía no tenía sentido –la pregunta no era vinculante a ningún proceso judicial y alcanzar 37 millones de votos era imposible- o destinar millones de pesos a construir parques de beisbol en lugar de hospitales.

La austeridad no es por falta de dinero sino porque se ejerce de una manera absolutamente discrecional.

Es un gobierno que no cree en la democracia sino que se escuda en ella para ejercer su autoritarismo. La consulta no sirvió para preguntar a la población sobre juicios ni sobre ex presidentes, sino sólo para su linchamiento social. Después del fracaso de ayer, ahora volverán al juego de la simulación con una Comisión de la Verdad. Si cometieron delitos, ¿qué esperan para enjuiciarlos?

De ser un gobierno verdaderamente demócrata, hubiera realizado una consulta popular sobre la compra de una refinería en Estados Unidos, la construcción del Tren Maya, el funcionamiento de la planta nuclear de Laguna Verde o destinar miles de millones de pesos a crear nuevas empresas estatales como Gas Bienestar.

Si fuera verdaderamente demócrata, no repetiría las prácticas del pasado: coacción del voto, acarreo de votantes, presión a los funcionarios públicos y el uso indiscriminado del presupuesto para ganar elecciones. Ayer hicieron lo mismo. Al menos aquí en Xalapa, la mayoría de los empleados del gobierno estatal fungieron como observadores de la consulta, participando del obsceno relleno de urnas ante la vergonzosa participación.

En realidad la consulta popular sólo es parte de una estrategia para mantener activa a la estructura electoral creada desde 2018. Tras los pésimos resultados en las elecciones estatales de Hidalgo y Coahuila, López Obrador decidió que se mantendrían ocupadas de tiempo completo hasta el 2024. Así vino la elección del 6 de junio, luego la consulta popular, vendrá la revocación de mandato, otras elecciones estatales y al final, la elección presidencial de 2024, la cual aún no se despoja del fantasma de la reelección.

Antes se robaban el dinero. Hoy lo dilapidan en consentir la megalomanía presidencial.

Veracruz reduce 10% de su deuda pública

La nota del día de la conferencia de ayer lunes en palacio de gobierno fue sin duda la reducción en un 10 por ciento de la deuda pública del estado, la que alguna vez se llegó a decir que superaba los 100 mil millones de pesos y que sirvió como bandera para ganar y perder elecciones.

El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, informó que el gobierno ya logró disminuir en un 10.1 por ciento la deuda estatal heredada de 59 mil 654.20 millones a 53 mil 614.60 millones de pesos, es decir, en dos años y medio ya se han pagado 6 mil 39.7 millones de pesos gracias a la contención y correcta aplicación del gasto.

Explicó que muchos de estos adeudos por laudos y ministraciones, así como impuestos, además de proveedores, datan de 2014 e incluso 2010, por lo que no todo es deuda directa con los bancos. El adeudo con la banca pasó de 44 mil 354.5 millones de pesos a 42 mil 665.3 millones, una reducción de mil 689.1 millones de pesos que equivale al 3.8 por ciento del monto original.

Por deudas con el Sistema de Administración Tributaria, ya se han pagado 8 mil 38 millones 617 mil pesos. Este pasivo corresponde a la Controlaría General del Estado, la SEFIPLAN, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Sólo por esta última, este año se pagaron 7 mil 940 millones 55 mil pesos.

Además, se pagaron 11 mil 718 millones, también al SAT, que debía la Universidad Veracruzana y la Fiscalía General del Estado, mientras que por juicios mercantiles y civiles que perdieron dependencias del Poder Ejecutivo se han pagado 710 millones de pesos a proveedores y contratistas. Esto, sin contar organismos públicos descentralizados.

A pesar de la pesada losa, por fin sabemos cuánto y a quien se debe.

Las del estribo…

1. Presupuesto del IVEC, una pachanga. El IVEC no fue capaz de comprobar que haya organizado o realizado gastos en eventos tan importantes como el Festival Afrocaribeño, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil o el Encuentro Artesanal del Sur. Hay un daño patrimonial por poco más de 6 millones de pesos en 2019. En dos años no pudieron solventarlo.

2. En un estado donde se presume que no hay impunidad y que la justicia es pronta y expedita, se cumple un mes del asesinato de Jonathan y Alejandro -de 14 y 15 años- en la comunidad La Patrona en el municipio de Amatlán de Los Reyes. Un mes después, la FGE no ha dado avances de su investigación, en la que todos saben que los policías fueron los responsables.