Durante el ejercicio fiscal del 2019, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) detectó un presunto daño patrimonial de 2 mil 645 millones en todos los entes fiscalizables, desde poderes, municipios y organismos autónomos. Sin duda, esa fue la nota de la semana pasada.

Sin embargo, lo que no se aclaró es que esta cifra –una de las más altas en la historia del estado- apenas es la punta del iceberg del desastre financiero y la corrupción que se han arraigado en Veracruz, ya que se auditó una muestra de apenas el 52% de los recursos ejercidos. Nunca el ORFIS había tardado tanto tiempo para revisar tan poco.

Para la revisión y elaboración del Informe General del Resultado de la Fiscalización a entes Estatales de la Cuenta Pública 2019, el ORFIS no solo presentó un atraso de 2 años, si no que adicionalmente en comparación con la muestra auditada de la Cuenta Pública de 2018, dejó de revisar en 2019 aproximadamente un 18%, el equivalente a más de de ocho mil trescientos millones de pesos; en promedio durante 2019 revisó el 52% en comparación con el 70% revisado en 2018.

Con una muestra significativamente menor se detectó el mayor número de irregularidades, lo que quiere decir que de haberse realizado al menos el mismo porcentaje que un año antes, los registros sobre daños patrimoniales serían considerablemente más altos, lo que seguramente nunca sabremos.

La pregunta es si este 18% de recursos no auditados se debió a la decisión de no contratar a despachos externos y el ORFIS se vio sobrepasado en cuanto al personal calificado para realizar los trabajos o a no evidenciar aún más la mala administración del primer ejercicio del Gobierno de Cuitláhuac García ya que de estos ocho mil trescientos millones de pesos alguna observación de daño habrá quedado sin identificarse. Morena decidió que la ropa sucia se lavaba en casa e iniciar con borrón y cuenta nueva.

Durante la entrega de la Cuenta Pública del 2019 al Congreso del Estado, la auditora General, Delia González Cobos, informó que en los 305 entes fiscalizables, se aplicaron 825 auditorías, revisiones y evaluaciones. De ese total de auditorías, 306 fueron en materia financiera-presupuestal, 224 técnicas a la obra pública, 60 de deuda pública y obligaciones. Todo eso, como dijimos, para auditar sólo la mitad de los recursos públicos ejercidos.

Por ello, el enojo del gobernador Cuitláhuac García por la demora en la entrega de la Cuenta Pública 2019 se interpretó como un reproche hipócrita, luego de que fue el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso quien obligó al ORFIS a demorar el proceso a fin de no manchar a los gobiernos morenistas –estatal y municipales- de cara al proceso electoral.

“¿Cómo diablos vas a encontrar culpables si es la Cuenta Pública 2019? Pero apenas es el paso por el Congreso, todavía viene de que, si ahí encuentran algo, quién es el responsable, hay que llamarlo… otro año por lo menos. (…) Estos procesos ya no deben ser así”, dijo a los medios. Pero resulta que el cambio de titular del ORFIS –que lo convirtió en una gigantesca agencia de colocaciones- y la orden de la prórroga se autorizó desde su despacho.

Lo que el gobernador reconoció de manera involuntaria es que la Contraloría General del Estado y sus representantes ante las secretarías de despacho no han servido para maldita la cosa. No debe esperar a la entrega de la Cuenta Pública del ORFIS para encontrar responsables, cuando se supone que esa es una de las tareas de la Contraloría.

Ayuntamientos, justicia, gracia y venganza

La revisión incluyó el primer año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y de acuerdo con los resultados, en el Poder Ejecutivo se encontró un presunto daño patrimonial del orden de los 460 millones de pesos. Al mismo tiempo, de los 212 alcaldes, solo dos resultaron sin observaciones; en total, de acuerdo con el ORFIS, los municipios concentran un presunto daño patrimonial histórico: 2 mil 26 millones 637 mil 885 pesos.

Alcaldes tanto de Morena como del PAN son los que encabezan los presuntos daños patrimoniales más altos del 2019, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública. En la lista con el peor manejo de los recursos públicos figuran Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz; Hipólito Rodríguez Herrero de Xalapa; Víctor Carranza de Coatzacoalcos y Juan Antonio Aguilar Mancha de Tuxpan, entre otros.

De tal forma, por ahorrarse algunos millones de pesos, el ORFIS dejó de auditar miles de millones de pesos que quedarán en la impunidad y en las cuentas personales de muchos funcionarios hoy convertidos en nuevos millonarios.

Las del estribo…

1. El circo debe continuar. Tras el anticipado fracaso de la consulta popular, lo que viene ahora es una Comisión de la Verdad promovida por Morena. Eso tampoco servirá para llevar juicio a nadie, sólo para endulzar el oído de la feligresía morenista con el canto presidencial de las sirenas.

2. Obligar al regreso a clases presenciales en el pico de la tercera ola de la pandemia es un acto criminal, sin embargo, lo dicho por el Secretario de Educación es irrefutable: si los niños van a la playa y a las plazas comerciales, no hay razón para que no vayan a la escuela. Puede ser una absurda conclusión, pero aplica en millones de casos.