Decía mi sabio y franco abuelo Memo:

“Come santos, caga diablos”.

 

El aborto legal en México sigue siendo estigmatizado por grandes sectores de la sociedad que no hacen diferencia entre lo que les ordena su religión y lo que mandatan las leyes del Estado Mexicano. Históricamente en nuestro país la influencia de la religión católica ha sido profunda, aplastante varios siglos, impuesta por colonización.

El interés por que toda mujer pueda acceder al aborto mediante criterios legales y justificados no hace que la decisión la convierta en criminal, en asesina; aquí es donde no se comprenden todavía las razones que llevan a una ciudadana mexicana a esa práctica, misma que incluso ha sido una alternativa para las católicas en momentos donde su vida o la reputación han estado de por medio. Gracias a una sentencia de la SCJN en todo el país es tolerado el aborto por violación, después de un largo y tortuoso camino burocrático; algunos estados agregan causales permitidas, como que el embarazo genere un peligro para la vida de la madre o que haya malformaciones fetales.

No se trata nadamás de un si o un no, hay datos que vada vez crecen más y presionan a los Congresos estatales para avanzar en la materia, penalizar el aborno no lo impide, pero lo hace menos seguro; a diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar además a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables, según la OMS.

Además, según datos de Amnistía Internacional, las muertes y lesiones causadas por abortos inseguros son evitables. Sin embargo, tales muertes son comunes en los países donde el acceso al aborto está limitado o prohibido por completo, pues la mayoría de las mujeres y las niñas que necesitan someterse a un aborto debido a un embarazo no deseado no pueden acceder legalmente a él.

En Veracruz prevalece la polémica y estigmatización

Hace casi un año, el 29 de julio de 2020, la primera sala de la Suprema Corte discutió un proyecto que respaldó a un juez federal de Xalapa, Veracruz, quien el año pasado resolvió un amparo en el que ordena al Congreso local reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal porque criminalizan la interrupción del embarazo. Cuatro ministros de la Primera Sala votaron en contra del proyecto en favor de los derechos reproductivos de las mujeres.

El amparo en revisión 636/2019 que llegó a la Suprema Corte tenía su origen en la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, declarada el 13 de diciembre de 2017, por medio de la cual se recomendó al Congreso de Veracruz modificar el tiempo penal de aborto, por ser una norma discriminatoria y a fin de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo.

Al expresar su voto en contra, la ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que la interrupción del embarazo en Veracruz sí «está regulada», por lo que dijo no compartir el concepto de «omisión legislativa» en el amparo interpuesto por organizaciones civiles, feministas y defensoras de derechos humanos.

Sobre la decisión de los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández, quienes votaron en contra del proyecto, la integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, criticó que mientras la Suprema Corte siga debatiendo, las mujeres seguirán muriendo.

En su opinión, la resolución deja a las mujeres en un estado de indefensión porque la Suprema Corte no resolvió el amparo ni discutió el acceso al aborto legal.

Hoy 20 de julio del 2021 el Congreso de Veracruz tendrá nuevamente el tema en el Pleno, será discutido el Dictamen para reformar el Código Penal de Veracruz para permitir la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Una clave que haría le diferencia en el documento es que considera al embarazo como “la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”, estableciendo un punto de retorno o no retorno en el proceso, a nivel legal, no religioso.

El tema no debe centrarse de manera simplista en el procedimiento técnico de interrumpir el embarazo, las mexicanas necesitan que sus derechos humanos y reproductivos sean respetados y ejercidos plenamente, no a medias ni como discurso electorero. Muchas niñas son violadas en Veracruz, embarazadas a la fuerza; otras veracruzanas recurren al aborto clandestino arriesgando su vida, y estoy seguro en en ellas no hay ningún instinto asesino. Urgen estrategias de educación reproductiva, sin golpes de pecho, las niñas, niños y adolescentes tienen acceso a una infinidad de información al respecto en internet, nos llevan muchos pasos por delante, pero si una guía para comprender y descartar lo negativo; dejemos las cavernas y hagamos en cada hogar el esfuerzo por formar ciudadanas y ciudadanos de bien.

Que impere la razón.