La interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en Veracruz, es una exigencia de derechos para las mujeres, que se ha intentado aprobar en al menos tres congresos locales.
Desde la legislatura 63 – 2013-2016-, se presentó la reforma a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 del código penal de Veracruz, sin éxito.
Por cinco años diputadas proderechos humanos y activistas han buscado regular las causales del aborto hasta la semana 12 de gestación, sin lograr los votos suficientes -26- para reformar el código.
Algunas legislaturas como la 64 (2016-2018), con mayoría panista, se negó a dictaminar la procedencia del dictamen con el argumento que era inconstitucional, ahora la 65 legislatura (2018-2021), con mayoría de Morena, podría validar el cambio.
El 15 de julio de este 2021, la diputada local de Morena, Mónica Robles Barajas presentó una propuesta que busca establecer la semana 12 como límite para interrumpir el embarazo, y lo define por voluntario y aborto forzado, que se castiga con cárcel.
Sobre el tema, la integrante de Equifonía AC., Aracely González Saavedra comentó que la propuesta que presentó la diputada local, retoma la recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, que en 2017, pidió al gobierno del estado garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La organización logró el 8 de abril de 2016 que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) admitiera la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para Veracruz (AVGM).
La solicitud de AVGM se declaró admisible por los conceptos de agravio comparado relativos a: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 (exclusivamente en materia de interrupción del embarazo); y la tipificación del delito de aborto en el Código Penal del Estado de Veracruz.
La AGAV, ordenó al Congreso Local modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal —para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y eliminar el plazo de 90 días para la interrupción del embarazo en caso de violación— y divulgar e implementar la NOM-046. También se acordó crear un programa estatal de ILE.
Hasta la fecha, el Congreso de Veracruz se ha negado a la despenalización del aborto, por lo que organizaciones como Justicia, Derechos Humanos y Género y el Colectivo Akelarre promovieron el amparo 636/2019 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo desechó por considerar que no existe en la Constitución Política federal ni en los convenios internacionales firmados por México el mandato de legislar un contenido específico.
Cuatro de los cinco integrantes de la Primera Sala votaron en contra del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que planteaba obligar al Congreso estatal a modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal por considerarlos discriminatorios y constitutivos de violencia contra la mujer, además de que transgreden su derecho a la libertad reproductiva.
El asunto fue turnado a una o uno de los ministros que integraron la mayoría, quien deberá realizar un nuevo proyecto para ser discutido. Este tendrá que tomar en cuenta mayores estándares de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque de lo contrario continuarán los casos de maternidad forzada, consideró la integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza.
ILE hasta las semana 12 un derecho pendiente: Equifonía AC
González Saavedra planteó que la iniciativa a la que se le dio entrada el pasado 15 de julio, retoma los planteamientos del grupo de trabajo que se formó a partir de que se promovió la alerta de género por agravio comparado.
“Cumple con lo que está establecido en la alerta de género. Significa un segundo intento por parte de Morena por hacer estas modificaciones”.
La activista aseguró que se está a la expectativa, pues se tiene la percepción de que hay los votos suficientes para adecuar el código.
Afirmó que la reforma sería “constitucional” pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya validó el aborto hasta las 12 semanas, por lo que a pesar del artículo 4to defiende la vida desde la concepción, se podrá adecuar la ley local.
Aracely Saavedra consideró, que una vez que se vote el dictamen, el reto será cómo aterrizar esas reformas al garantizar los servicios de salud para las mujeres para poder hacer la interrupción del embarazo
Las presiones de la iglesia influyen en el Congreso
En cada intento de legalizar el aborto, la Iglesia ha presionado para evitar las adecuaciones a la ley, incluso, en algún momento el Arzobispo Hipólito Reyes Larios aseguró que el gobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy encarcelado en el Reclusorio Norte, le prometió que no pasaría dicha reforma.
En contraparte, se adecuó el artículo 4to de la Constitución Local -en enero del 2016- para defender la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Esa reforma podría usarse como un “blindaje” para limitar la posibilidad de que alguna legislatura pueda adecuar el código pena.
Primer intento de Morena para legalizar el aborto
La legislatura 63 (2013-2016), fue la última en tener mayoría priista. Ellos propusieron una reforma proaborto, sin embargo, no se logró consolidar pues no reunieron la mayoría de los votos. Y fue entonces cuando Javier Duarte presentó la modificación para defender la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural.
En ese entonces, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro -de la fracción de Morena- presentó una iniciativa en el mes de septiembre del 2017, para reforma a los artículos 149, 150 y 154 de ese Código, esta no fue dictaminada.
La 64 Legislatura (2016-2018) que recién había tomado protesta, con mayoría panista, aseguró que no iban a promulgar reforma alguna que atentara contra la vida de los seres humanos.
Sin embargo, el Congreso del estado declaró improcedente dictaminar de manera positiva la iniciativa de reforma, bajo el argumento de que contravenía la Constitución local, y violentaba el proceso legislativo.
Grupos de defensoras de los derechos humanos de las mujeres presentaron un amparo ante la omisión legislativa del Congreso al no atender las recomendaciones de la Conavim.
El cinco de junio del 2018, activistas informaron que el juez Décimo Octavo de Distrito en Veracruz, con sede en Xalapa, otorgó el amparo 1191/2017 a organizaciones de la sociedad civil que reclamaron una omisión de los diputados locales.
Ante el recurso legal, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández afirmó que la Conavim no tenía facultades para ordenar al Congreso realizar alguna reforma.
Incluso, dijo, era inconstitucional cambiar el código penal, cuando el artículo 4to de la Constitución defiende la vida desde el momento de la concepción.
El área jurídica impugnó la resolución mediante recurso de revisión, tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, ante el que después solicitó que fuera la Suprema Corte la que atrajera y resolviera el caso.
AVC/Isabel Ortega
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