La pandemia originada por el virus Covid-19 ha ocasionado un impacto sin precedentes en todos los aspectos de nuestras vidas, pues además de las repercusiones en materia de salud pública, ha generado una crisis económica y social a nivel global que ha afectado en mayor medida a los sectores más vulnerables.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2020 la pobreza extrema alcanzó en esta región niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente, además de que, los índices de desigualdad y desempleo han ido en aumento.

Aunado a esta situación, la emergencia sanitaria ha impactado negativamente en la administración y procuración de justicia a nivel mundial, es por ello que, con la finalidad de analizar los efectos que ha traído consigo, así como los retos que deben afrontarse, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, emitió el informe titulado “Pandemia de la enfermedad por coronavirus, impacto y retos para una justicia independiente”, el cual vale la pena analizar en este artículo.

Dentro de los temas que han causado mayor preocupación en la comunidad internacional se encuentra la afectación a los derechos humanos de los justiciables, toda vez que, durante los periodos de mayor riesgo, los tribunales se han visto en la necesidad de operar de manera atípica interrumpiendo el desarrollo normal de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, lo cual ha aumentado el riesgo de no contar con una justicia operativa, accesible e independiente.

Es preciso mencionar que, en países como México, Brasil y Finlandia, durante los periodos de cuarentena los tribunales permanecieron abiertos para atender asuntos urgentes, especialmente en materia penal y familiar, considerando que los casos de violencia doméstica, de género y sexual aumentaron a causa del confinamiento.

De acuerdo con el citado informe, las medidas establecidas para mitigar el contagio de Covid-19 ocasionaron que las denuncias por violencia de género aumentaran hasta en un 40% en algunas regiones.

Por cuanto hace a nuestro país, Naciones Unidas afirma que la violencia doméstica incrementó en un 60% y por ende, aumentaron las denuncias formales; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que, durante el año 2020 México registró más de 220 mil denuncias por violencia familiar y de género.

En situaciones como ésta, asegurar el buen funcionamiento de los sistemas judiciales es fundamental para garantizar los derechos humanos no sólo de las mujeres, sino de todas las personas, principalmente de las más vulnerables.

En virtud de ello, el fortalecimiento a los Poderes Judiciales es un reto para todos los países, pues tal como ha quedado plasmado en el informe en comento, las dificultades en el acceso a la justicia se agravaron debido a que la gran mayoría de los sistemas judiciales no se encontraban preparados para afrontar los desafíos de esta crisis sin precedentes.

Dentro de las recomendaciones realizadas por el Relator Especial, Diego García Sayán, se hace énfasis en que, la administración de justicia debe ser considerada como  servicio público esencial por tratarse de un pilar fundamental en la tutela de derechos humanos, en este sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a una justicia pronta, expedita, completa, gratuita y cercana a la gente.

Asimismo, el Relator hace un llamado a los Estados para que pongan en marcha programas que prioricen la atención a las situaciones delictivas que han aumentado durante esta etapa, poniendo especial énfasis en la violencia de género y en la violencia doméstica.

Esta crisis sanitaria, económica y social nos está dejando innumerables lecciones, mismas que deben transformarse en acciones concretas orientadas a atender los problemas estructurales que se han agudizado con esta pandemia que aún no termina y de la cual debemos seguir cuidándonos para poder superar todas sus adversidades.