Coatzacoalcos, Ver. Posesionarios legales de un predio ubicado en el municipio de Texistepec, a un costado de la autopista Minatitlán-Acayucan, a la altura del kilómetro 18, denunciaron haber sido despojados de sus tierras luego de que un particular las vendiera en septiembre de este año al gobierno federal para asentar uno de los 10 polos de bienestar incluidos en el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Fue en el mes de mayo cuando la institución pública “Corredor Interoceánico” giró un oficio signado por la licenciada Irma Ruth Lara Gallegos, en donde se notificó la compra-venta de más de 500 hectáreas incluidas 140 hectáreas de las que son posesionarios poco más de 30 familias quienes desde hace 35 años las habitan desarrollando en ellas una vida campesina.

En el oficio se les otorgaba un plazo de 30 días para el desalojo del predio que fue vendido al gobierno por el ciudadano Ricardo Cano Tueba, sin embargo, fue hasta el ocho de julio que las familias fueron desalojadas con lujo de violencia por elementos de la Fuerza Civil, Marina y Guardia Nacional.

“A partir de ese día elementos de las Fuerzas Armadas han estado rodando cerca del predio que tenemos en posesión, así como elementos civiles armados dentro de los predios”, denunció Ramón García Sánchez, representante legal de las familias afectadas.

El pasado 2 de julio los afectados acudieron a Palacio Nacional, para sostener un encuentro con la licenciada Lara Gallego y un grupo de asesores legales, exponiendo la sentencia de jurisdicción voluntaria emitida por un juez de Acayucan, que acredita a las familias como posesionarios de las tierras en mención.

Además de ello denunciaron la anulación del reconocimiento de la propiedad otorgada en 2012 a las familias, asentando ante el registro de la propiedad en 2020 las escrituras que posee el particular.

Al tiempo que denunciaron al ciudadano Cano Trueba junto al alcalde de Texistepec de actos violentos cometidos en perjuicio de las familias durante las últimas tres décadas.

En la reunión se acordó que el Corredor Interoceánico realizaría trabajos técnicos para determinar la ubicación del predio en los intereses de la institución pública, sin embargo, fueron desalojados destruyendo y quemando sus viviendas.

Ante ello se pronunciaron en contra afirmando que buscaran mediante la figura del amparo defender sus tierras además de proceder legalmente ante la violación a sus derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas.

Cabe hacer mención que los posesionarios cuentan con el respaldo de poco más de 200 organizaciones civiles nacionales e internacionales.

AVC/Maythe Morales

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