Este domingo se realizó una marcha que partió de Amatlán de Los Reyes hasta la catedral de Córdoba organizada por familiares, amigos y vecinos de Jonathan Herrera y Eduardo Jiménez, dos adolescentes de 13 y 15 años de edad, respectivamente, que fueron asesinados en la congregación Guadalupe La Patrona el pasado 2 de julio en un supuesto fuego cruzado entre elementos de la Fuerza Civil y sicarios, versión oficial que los pobladores han desmentido, asegurando que en realidad se trató de una vil “ejecución”.
En las fotografías que circularon en las redes sociales se observa el cadáver del adolescente mayor vestido sólo con short color rojo, en chanclas y con un balazo en el costado derecho de su espalda desnuda; mientras que el menor, de pantaloncillo corto y playera amarilla, yace bocarriba, descalzo, con su par de tenis viejos a un lado, y un charco de sangre que parece escurrir de la cabeza.
En una carta pública dirigida al gobernador Cuitláhuac García, a la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero; al titular de la SSP del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, y al presidente municipal de Amatlán de Los Reyes, Eduardo Rojas Camacho, habitantes de la congregación Guadalupe La Patrona de ese municipio del centro de la entidad denunciaron que “el 2 de julio, aproximadamente a las 14:00 horas, elementos de la Fuerza Civil de Veracruz, dependientes de la Secretaría de Seguridad, allanaron un domicilio particular en el centro de nuestra comunidad, disparando, rompiendo puertas y candados, resultando en la muerte de estos dos adolescentes en el interior de la vivienda”.
“Posteriormente, algunos medios difundieron que las muertes habían sido resultado de un enfrentamiento y persecución entre un grupo delictivo y la Fuerza Civil. La comunidad de Guadalupe La Patrona nos manifestamos en contra de esta información, ya que varios testigos afirman que no hubo tal persecución ni enfrentamiento con ningún grupo delictivo”, afirmaron en dicho documento difundido el sábado antepasado.
En su misiva, afirmaron también que las autoridades negaron a familiares el reconocimiento de los cuerpos de los dos estudiantes de secundaria acribillados.
La primera versión, la cual niegan rotundamente los vecinos, fue que los elementos policiacos iniciaron una persecución con pistoleros en la carretera estatal Amatlán-Cuichapa, frente al parque de la comunidad.
¿Quién le miente al gobernador? ¿Y por qué el mandatario veracruzano se deja “embarcar” así, cuando podría disponer de otros canales de información más confiable y fidedigna?
Porque además no es la primera vez que lo sorprenden de esta manera, provocando inclusive que él, a su vez, proporcione información inexacta al presidente Andrés Manuel López Obrador, como sucedió a finales de agosto de 2019 con el caso de la masacre del bar “Caballo Blanco”, de Coatzacoalcos, en la que el gobernador y el Ejecutivo federal inculparon a la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Jorge Winckler, de haber liberado meses antes al presunto autor del ataque, Ricardo “N”, (a) “La Loca”, versión que el abogado yunista desmintió públicamente al demostrar que dicho delincuente jamás fue puesto a disposición de la FGE sino de la Fiscalía General de la República.
Como se recordará, Winckler dijo que al gobernador Cuitláhuac García le pasaron información errónea sobre la detención del presunto autor del multihomicidio de 32 personas, pues aclaró que la Fiscalía estatal no fue la que lo había liberado.
Entrevistado por la periodista Azucena Uresti, de Milenio Televisión, el fiscal de Veracruz declaró que “la gente que trabaja” con García Jiménez no le dio la información correcta sobre la detención de “La Loca”, ya que nunca fue presentado ante la Fiscalía General del Estado.
El fiscal yunista también refirió que esa mañana del 28 de agosto de 2019 había escuchado al presidente López Obrador en su conferencia de prensa de Palacio Nacional referirse a este caso, señalando que “no le informaron bien (sobre la detención de ‘La Loca’), y él sabrá quién se lo dijo (los datos erróneos)”, comentó.