Bajo la consigna de que la consulta popular propuesta por el Presidente López Obrador –y modificada sustancialmente por la Suprema Corte de Justicia- no es un acto de resentidos, las huestes lopezobradoristas iniciaron desde la semana pasada la ilegal promoción de un ejercicio democrático que se convirtió en la movilización de los ingenuos.

Y lo es por una sencilla razón: no habrá juicio contra ex presidentes. La consulta no tiene nada que ver con procedimientos ministeriales ni judiciales, porque los procesos de procuración de justicia no se consultan; se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública.

La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en el sentido de que la consulta popular del próximo 1 de agosto no obliga a la Fiscalía General de la República ni al Poder Judicial a actuar contra nadie, por tanto, el gobierno gastará cientos de millones de pesos sólo para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que se aplique la ley, lo que no merece consulta alguna.

Resultado de la consulta, nadie será enjuiciado. El artículo 35 de la Constitución establece que “no podrá ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos” y el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos fundamentales. La ocurrencia presidencial sólo servirá al linchamiento político de personajes cuyos nombres ni siquiera aparecerán en la boleta.

La pregunta que aprobó la Corte dice textualmente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El entusiasmo morenista olvidó pequeños detalles. Las “acciones pertinentes” no implican un juicio; “emprender un proceso de esclarecimiento”, tampoco. Por supuesto, no pueden llevarse a cabo sin “apego al marco constitucional y legal”, el mismo que para iniciar un proceso penal no prevé la realización de ningún tipo de consulta, sino acreditar las conductas delictivas que se imputan.

“Esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados” es una tarea imposible. Cada día se toman cientos de decisiones políticas y todas tienen un impacto en la vida económica y social del país. ¿A cuáles años pasados se refiere? A los últimos treinta –los que el Presidente refiere como el periodo neoliberal-, o a los últimos tres. ¿Quién determina la temporalidad del “esclarecimiento”, y con base en qué se decide que sea un periodo de tiempo y no otro?

Y la cereza en el pastel: las acciones pertinentes y el esclarecimiento de las decisiones políticas recaerán sobre los “actores políticos”. ¿Cuáles? Actores políticos son los ex presidentes, ex jefes de gobierno de la Ciudad de México, ex gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, dirigentes de partidos políticos. ¿Quién decidirá quienes son los actores políticos?

La pregunta es tan osadamente ambigua, que el predecible voto mayoritario a favor del SÍ pondrá en predicamentos, por ejemplo, al propio Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, López-Gatell y a otros personajes de la 4T, responsables del colapso de la Línea 12 del Metro y la muerte de más de 234 mil personas a causa del Covid19.

Sin duda, millones de mexicanos estaremos de acuerdo “en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” a causa del derrumbe de la línea 12 o del criminal manejo de la pandemia. Es un tiro en el pie.

Por ello, la difusión que hacen funcionarios públicos, representantes populares –electos y en funciones-, y los simpatizantes de Morena no sólo es un engaño, también es ilegal.

El mismo artículo 35 constitucional señala que el INE tendrá a su cargo, “exclusivamente”, la difusión de la Consulta popular. En otras palabras, ninguna autoridad federal, local y municipal podrá promover el mecanismo de democracia directa, por lo que el INE debe sancionar a quienes infrinjan este principio y garantizar que se suspenda la difusión de toda propaganda gubernamental.

La mentira y los millones de pesos que se utilizarán para movilizar a sus huestes –algo demencial en medio de la crisis económica del país- no bastarán para llevar a las urnas a 37 millones de personas necesarias para que la consulta sea válida. De eso hablaremos en una próxima entrega.

En efecto, se trata de una consulta de resentidos… e ingenuos.

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