Nuestros paisanos que emigran a Estados Unidos no son extranjeros con raíces veracruzanas, son veracruzanos que viven en el extranjero. Entender esta diferencia ayudará a que el gobierno federal –también el de Veracruz- dejen de darles un trato desigual y discriminatorio.

Hasta ahora, el gobierno de Veracruz ha visto a nuestros paisanos migrantes como simples patrocinadores del desarrollo en sus lugares de origen, sin que reciban el trato de veracruzanos de pleno derecho. La figura del diputado migrante es una cuenta pendiente de la Constitución, el Congreso local y los Ayuntamientos.

Hace algunos meses, durante una gira por Veracruz, el Presidente López Obrador dijo que los mexicanos migrantes en Estados Unidos son “héroes anónimos” o “héroes vivientes” que envían cada año 36 mil millones de dólares a sus familiares, lo que coloca a las remesas como la principal fuente de divisas que tiene nuestro país, por encima incluso del petróleo y el turismo.

En el caso de Veracruz, casi el 3 por ciento de las familias reciben dinero de remesas que envían sus familiares que emigraron a Estados Unidos. Nuestro estado se ubica en noveno lugar entre las entidades con la mayor recepción de remesas en el país; en 2020 el monto total fue de mil 614.3 millones de dólares, equivalentes al 10% del Presupuesto del Estado.

Sin embargo, y pese a sostener una buena parte de la economía nacional y del estado, los veracruzanos migrantes no sólo carecen de cualquier programa social, sino que están completamente excluidos de los órganos de gobierno de representación popular, es decir, del Congreso local y los Ayuntamientos.

El gobierno federal de la 4T les ha arrebato prácticamente cualquier derecho como mexicanos, menos la nacionalidad. Más de un millón de veracruzanos migrantes no son beneficiarios de ningún programa social como lo eran antes.

Por ejemplo, canceló los recursos destinados a los programas 3×1 y el Fondo de Atención a Migrantes, con los que se beneficiaba lo mismo a sus comunidades de origen con la ejecución de proyectos de infraestructura como aquéllos que decidía regresar al país para buscar un empleo. Hoy esos programas no reciben un centavo ante la mirada complaciente del gobierno estatal.

En este escenario, para cientos de miles de veracruzanos migrantes y sus familias es de suma importancia que se reconozca en la Constitución local la figura del diputado y el edil migrante, como un criterio demográfico para su integración. Hoy los migrantes veracruzanos, en términos de poder público, no representan absolutamente nada.

El Congreso de Veracruz no tiene a nadie que represente y defienda los derechos de los cientos de miles de migrantes locales; la razón es un criterio absurdo de que al no vivir en el estado, no pueden acreditar la residencia que se exige a quienes aspiren a ser candidatos a un cargo de elección popular. Así que lo mejor que pueden hacer es seguir mandando remesas.

En todo caso, el primer criterio para incorporar esta figura a la Constitución local es que cumplan con dos requisitos fundamentales: que acrediten su origen como veracruzanos y un tiempo mínimo de residencia en otro país. Es decir, deberán contar con residencia en el extranjero, con por lo menos tres años previos a la elección y con domicilio en la circunscripción territorial de que se trate.

Algunas entidades federativas ya contemplan esta figura, tal es el caso de Zacatecas, que ha actuado a la vanguardia, y que, desde 2010, de entre sus diputados de representación proporcional eligen dos con carácter migrante. Igualmente, cuentan con diputados binacionales los estados de Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Durango, y apenas el 6 de junio pasado, la Ciudad de México eligió a su primer diputado migrante, de entre un grupo de capitalinos que residen fuera del territorio mexicano.

En Veracruz estamos en pañales. De hecho, los migrantes veracruzanos ni siquiera tienen derecho al voto en elecciones locales, mucho menos a la posibilidad de ser votados.

Hace un año, la actual presidenta del Congreso, Paola Linares propuso una iniciativa para reconocer el derecho al voto por parte de las y los ciudadanos veracruzanos que residan en el extranjero, cuando el debate a nivel nacional es que los migrantes formen parte del Congreso de la Unión, de los Congresos locales, e incluso de los Ayuntamientos, considerando que muchos viven casi exclusivamente de lo que reciben en remesas.

La actual Legislatura está por concluir el próximo 31 de julio, ya que se instala la Comisión Permanente. Serán los integrantes del próximo Congreso quienes tengan la oportunidad de dejar de lado la hipocresía respecto de los migrantes y darles el reconocimiento que merecen.

Las del estribo…

  1. El pronunciamiento del magistrado Esteban Ramírez a favor de la reducción de salarios en el Poder Judicial no es casual. Su posición representa es un gesto de obediencia absoluta a quien lo puso, y por supuesto, su aspiración a suceder a la actual presidenta, una vez que se retire en el próximo mes de abril.
  2. Si en el ISSSTE no hay ni papel para las recetas, pues ya del abasto de medicinas mejor ni hablamos. En todo caso, los derechohabientes podrán ir a jugar beisbol a cualquiera de los muchos estadios que se han construido o remodelado a capricho presidencial.